La jueza Juana Fuentes Velázquez ha sido nombrada directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C. (JUFED), desde donde se buscarán entablar diálogos en torno a la reforma al Poder Judicial. Platicamos con ella sobre algunos aspectos relativos al trabajo de jueces y magistrados del Poder Judicial para comunicar y ayudar a dimensionar aspectos importantes sobre su operación.
¿Cuál es la importancia de la carrera judicial?
Juana Fuentes – Hablar de carrera judicial es hablar de la columna vertebral del Poder Judicial porque perfecciona el desempeño de cada uno de los que estamos inmersos en esta labor. Tenemos desde el oficial administrativo o judicial, que forzosamente debe tener una carrera de licenciado en derecho, una expertise en algún área del derecho que va a permitirle el ingreso y de ahí periódicamente debe presentar exámenes, cursar capacitaciones, todo lo cual lo va a llevar a buen puerto, que es acceder a la categoría más alta de la carrera; esto es, la de magistrado de circuito o magistrada de circuito. De ahí que todas las juezas y los jueces, las magistradas y los magistrados que formamos parte del Poder Judicial de la Federación tenemos como base y principio rector la carrera judicial.
Se ha creado una narrativa que poner como personas corruptas a quienes trabajan en el Poder Judicial y le dan la espalda al pueblo.
Juana Fuentes – Efectivamente, se ha generado una narrativa en los diversos foros que ha desprestigiado al Poder Judicial; se dice que quienes trabajamos aquí somos corruptos, que dilatamos la impartición de justicia, que somos una gran familia, que percibimos grandes salarios… Es muy importante llevar esto a un proceso de diálogo, lo que implica una comunicación directa con la sociedad para que conozca lo que hacemos todos los días.
En el Poder Judicial constantemente tenemos evaluaciones para saber si hay algún tema de corrupción que se haya denunciado; contamos con un organismo interno que se encarga de analizar, investigar y, en su caso, sancionar al compañero o a la compañera que haya incurrido en un acto de corrupción. Es muy fácil afirmar que los jueces son corruptos, pero recordemos que en un Estado de derecho la atribución de una conducta de ese tipo tiene que respaldadarse con elementos de prueba.
Yo diría que es importante que se diseñe un sistema integral de mejora en la impartición de justicia, porque, como cualquier institución, el Poder Judicial también evoluciona. Es mucho más responsable pensar en una reforma integral que involucre a todas las áreas del Poder Judicial y saber qué leyes estamos aplicando. La palabra clave hoy es mejorable, pues efectivamente la justicia requiere áreas de oportunidad de mejora.
¿Cuántos jueces y magistrados hay en el país? Datos internacionales revelan que no contamos siquiera con el 10 o el 15% para satisfacer las necesidades de la justicia del país. Finalmente, el judicial es un poder más, que se debe a la sociedad para resolver sus conflictos. Y en ese escenario enfrentamos un reto muy importante: garantizar que el número de juzgadores realmente cubra esas necesidades sociales de impartición de justicia.
¿Las personas juzgadoras son una clase privilegiada?
Juana Fuentes – Mucho se dice de eso. Yo pondría en la mesa algunos cuestionamientos que me permitan dar una respuesta a esa cuestión. Primero, tenemos un presupuesto autorizado para nuestros salarios. Segundo, la Constitución nos prohíbe percibir cualquier otro emolumento por nuestros servicios —aunque impartamos clases, no percibimos los honorarios que pudieran generarse por esa actividad; además, los salarios que percibimos no son exorbitantes—. Además, en estos tiempos es necesario que se incremente el salario mínimo a la luz del aumento del costo de la gasolina y de la canasta básica. Antes de todo, hay que reflexionar acerca de qué cubre el salario.
Se empezó a hablar del asunto cuando el presidente de la República impuso un salario tope y determinó que nadie percibiría más que él. No obstante, según la concepción de la ley reglamentaria, el salario debe cubrir todas las necesidades básicas de una familia. Yo no sé cómo Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palacio Nacional, cubre con su salario todos los servicios de ese lugar: luz, agua, personal, entre otros.
Nosotros no tenemos más ingreso que nuestras percepciones quincenales. Hay algo muy noble que hay que destacar en el tema salarial. Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Genaro Góngora Pimentel propició el incremento de los salarios de todos los integrantes del Poder Judicial para que no tuvieran que desempeñar dos trabajos. Eso nos permitió vivir en los tribunales, pues estamos aquí desde las nueve de la mañana hasta las once o doce de la noche. Por supuesto, esto no lo sabe la sociedad porque su horario laboral generalmente termina a las siete de la noche.
Siendo autocríticos hemos reflexionado acerca de si realmente nuestro salario es exorbitante, como dice nuestros detractores. Y hemos llegado a la conclusión de que no, no obstante que atendemos una gran cantidad de trabajo que materialmente nos impide realizar cualquier otra actividad remunerada (además de que nos lo prohíbe la Constitución).
El tema salarial también reforzó la independencia judicial, porque el que desempeña un cargo en la judicatura no tiene posibilidad de recibir ningún ingreso extra por otro concepto. En este sentido, nuestro salario no es gravoso, desde mi perspectiva, dada la exclusividad, el compromiso y el desempeño de nuestra labor: los salarios deben ser dignos de acuerdo a la labor que se realice. A lo mejor es necesario llevar a cabo un análisis serio acerca de cuál es el contexto salarial, pero, reitero, no me cierro a la posibilidad de analizar cuáles son los contras que la gente ve en este tema.
Sería importante involucrar a los poderes judiciales locales, conocer cuáles son sus percepciones económicas y saber cuál es su nivel de vida. Los salarios bajos propician corrupción, atraso, informalidad y muchos problemas que derivan en la falta de acceso a la justicia. Las personas que trabajamos en el Poder Judicial tenemos tatuado no solamente el honor que implica laborar en esta institución, sino también la convicción de servir aquí en condiciones laborales sui generis en relación con nuestro horario.
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Ustedes no son ni enemigos ni políticos, han dicho. ¿Qué opinan al respecto?
Juana Fuentes – Efectivamente, no somos políticos. Esa es una virtud del Poder Judicial. Cada quien es libre de dedicarse a la actividad que quiera, siempre y cuando sea lícita. El Poder Judicial es totalmente apolítico. No tenemos ninguna persona que labore dentro de la institución cuyo puesto derive del ámbito político; por lo tanto, no hay actores de la política que sean parte del Poder Judicial. Esto es oportuno decirlo porque en ocasiones es muy difícil salir a justificar nuestras decisiones precisamente porque el Poder Judicial no es político.
Una cosa es que quienes trabajamos en el Poder Judicial tengamos una ideología partidista que se manifieste en las urnas, o que profesemos una religión, y otra, muy distinta, es que el Poder Judicial esté politizado.
¿Qué significa para usted la JUFED?
Juana Fuentes – Es un gran reto y un gran honor ser su directora. La JUFED surgió hace poco más de 20 años. Es una organización que involucra a juezas, jueces, magistradas y magistrados. Este desafío es un honor también porque represento a cerca de 1,400 juzgadores en el país. Un gran reto porque en esta institución habían sido presidentes y directores hombres los que tenían la encomienda de darle dirección. La JUFED es una asociación que tiene sus estatutos bien establecidos; incluso cuenta con un comité de decanos de los directores anteriores que se ha convertido precisamente en un órgano ético encargado de sancionar a aquellos que infrinjan los principios no sólo de la JUFED sino de la carrera judicial. Después de 20 años de que los directores habían sido varones, por supuesto es un honor ser la primera mujer que encabeza esta organización tan importante para nosotros.
Los retos son muchos. El primero es dar a conocer a la sociedad que hay un gran número de juzgadoras; para mí ser jueza y ahora directora nacional de la JUFED me compromete a visibilizar que en el Poder Judicial no únicamente hay juzgadores varones, sino también juzgadoras mujeres que somos jefas de familia, que hemos hecho una carrera judicial y que hemos surgido de diversos grupos sociales. Otro gran desafío es hacer que la justicia se sociabilice y que incluso los actores que se encargarán de llevar a cabo la reforma judicial conozcan quiénes somos.
Diálogo y unidad son dos palabras que a mí me han hecho reflexionar y con las que daré sustancia al ejercicio de sociabilización del Poder Judicial en relación con los otros poderes y con la sociedad para influir en la toma de decisiones de lo que nos auguran los siguientes meses en la judicatura.