México se ubica en la posición 60 de los 69 países analizados en el Índice Global de Impunidad 2020, instrumento que permite evaluar el grado en que se respetan los derechos humanos. No es novedad: tortura, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, violencia sexual… son las notas habituales. ¿Cómo terminar, de una vez por todas, con las violaciones a los derechos humanos que sufren millones de mexicanos? Julieta Morales Sánchez, académica experta en la materia y ex directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, responde en esta entrevista.
¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué son tan importantes?
Julieta Morales Sánchez – En México tuvimos una larga tradición en torno de las garantías individuales, que era un término legal muy poco accesible a la población. En 2011 se produjo una reforma que modificó el texto de nuestra Constitución —que, por cierto, debería ser conocida y exigida por toda la población— para fortalecer el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en México, que consisten en las prerrogativas que le corresponden a la persona por el solo hecho de ser humano. A partir de que el ser humano nace posee un conjunto de derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar. Por mucho tiempo no se entendió así; se creyó que existían derechos de primera y de segunda; sin embargo, todos los derechos son interdependientes e indivisibles, por lo que la población tiene derecho a una vida digna. Si tuviéramos que traducir los derechos en un concepto, diría: que todas las personas puedan gozar de una vida digna. Lamentablemente tenemos altos niveles de pobreza y exclusión que no lo hacen posible.
¿En México ya tenemos una cultura de los derechos humanos?
Julieta Morales Sánchez – Ha habido un gran empuje de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que han sido pioneras en la construcción de una cultura de respeto, de igualdad, de inclusión, de garantía de los mismos. Pero hay un gran sector de la población que aún no conoce cuáles son sus derechos ni cómo exigirlos.
Por otro lado, tenemos una cultura que sigue siendo discriminadora, excluyente, clasista, lo que tiene como consecuencia una sociedad polarizada, donde no hay oportunidad de dialogar de manera democrática. En consecuencia, se afectan y se violentan los derechos humanos.
¿Cuáles son los “derechos básicos” que todas las personas deberían conocer?
Julieta Morales Sánchez – Todos los derechos son básicos. Sin embargo, hay algunos que se entienden muy claramente: los derechos civiles y políticos. Sabemos que no se debe matar, violentar sexualmente, torturar… Pero hay otros que no entendemos como tales, y que la pandemia por Covid-19 permitió visibilizar: a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo, etcétera. Por ejemplo, creemos que el agua es un servicio público y, por lo tanto, no le damos el lugar que merece; no la catalogamos como un derecho humano.
Apenas en diciembre pasado más de 50 migrantes murieron en Chiapas cuando chocó el camión que los transportaba. Y hay muchas historias más como ésta. ¿Qué está sucediendo en México con el reconocimiento de los derechos a los migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica?
Julieta Morales Sánchez – La situación migratoria siempre ha sido grave, pero se ha agudizado y visibilizado de manera distinta en la última década. En nuestro país están sucediendo cosas ofensivas y aberrantes, debido a la acción, omisión o negligencia de las autoridades. A nivel internacional existe el derecho a emigrar; cualquier persona tiene derecho a salir de su país. Pero no existe un derecho a inmigrar. La solicitud de permisos y requisitos administrativos para el ingreso a los países ha generado toda una situación en torno de la migración irregular o indocumentada —mal llamada “ilegal”; lo correcto sería llamarle migración sin permiso—.
Ahora bien, debemos distinguir dos tipos de migración: por un lado, la que se ocasiona por precariedad económica en los países de origen; por otro, la que se da por causa de persecución política o por razones humanitarias (guerras), que genera figuras como el asilo y el refugio. El tratamiento ha sido diferenciado, pero particularmente hoy enfrentamos el primer tipo de migración al sur de la frontera mexicana —que además es mi tierra—, y en lo personal, como chiapaneca, soy muy sensible al tema. Hoy vemos, a diferencia del pasado, niñas y niños y mujeres —a veces solas, a veces con sus hijos— que se enfrentan no sólo a la corrupción de agentes migratorios o policías municipales, locales y federales, sino también a la delincuencia organizada.
En México despenalizamos la migración indocumentada en 2008 en la Ley General de Población. Sin embargo, seguimos criminalizando de facto a las personas migrantes, discriminándolas, quienes, por supuesto, no tienen posibilidades de sumarse al trabajo formal; por eso encontramos a tantas personas migrantes en las calles pidiendo dinero, en una condición precaria.
¿Qué se debe hacer?
Julieta Morales Sánchez – Hace falta una política estructural, un compromiso de no violencia y congruencia para dar a las personas migrantes indocumentadas lo que exigimos en otros países, particularmente en Estados Unidos de América, para las mexicanas y los mexicanos que se encuentran residiendo allá.
Hace falta entender que la migración indocumentada es un problema de desarrollo humano y no de seguridad.
También hace falta una adecuada coordinación y una cooperación internacional para atender el problema tanto por países expulsores como receptores de la migración. En las naciones de origen migratorio, incluido México, se carece de políticas estructurales que atiendan las causas reales de la migración (pobreza, desempleo, violencia e inseguridad, por ejemplo) por lo que estamos lejos de disminuir los flujos migratorios. Frente a la feminización de la migración, también hay que introducir perspectiva de género en el análisis del fenómeno migratorio y en el diseño de políticas públicas en la materia. Finalmente, no se puede olvidar la relevancia que tienen las remesas para las economías de los países de origen migratorio.
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¿La pobreza impide el goce de los derechos humanos?
Julieta Morales Sánchez – La pobreza se ha definido, desde la década de 1980, como causa y efecto de violaciones a los derechos humanos. Sobre lo primero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de discriminación estructural: si una persona es pobre, probablemente va a ver quebrantada su esfera jurídica y enfrentará abusos de poder, lo que la dejará en la indefensión. Sobre la pobreza como efecto de violaciones a los derechos humanos, pongo un ejemplo: una persona que tiene un hijo desaparecido deja su trabajo, vende su casa para obtener recursos y se lanza en su búsqueda, así que al final se hunde en la pobreza a raíz de una violación a los derechos humanos no investigada, no sancionada y jamás reparada.
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La pandemia por Covid-19 también mostró la relación entre la salud y los derechos humanos. ¿Cuál fue su principal impacto?
Julieta Morales Sánchez – La salud es un derecho humano que ha sido vulnerado de manera trágica durante la pandemia, principalmente para las personas que tienen un estatus económico bajo.
Mucha gente se quedó sin trabajo de manera arbitraria; quienes se encontraban en la economía informal tuvieron que seguir trabajando, con un mayor nivel de exposición; quienes disponían de menores ingresos tuvieron mayores dificultades para pagar medicamentos o tanques de oxígeno… Además, el sistema de salud pública es precario y mostró su debilidad. Las cifras demuestran que hubo más decesos en hospitales públicos que en privados.
También en México tenemos una serie de circunstancias que han incrementado las cifras de mortalidad: obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, que padece una buena parte de la población, sumado a la falta de acceso a una alimentación adecuada, a trabajo digno, al agua y a la educación. En los distintos órdenes de gobierno se cometieron graves errores que nos han costado vidas humanas.
¿Qué opina de la restricción de algunos derechos para proteger la salud pública?
Julieta Morales Sánchez – Debemos entender que se nos vendió un falso dilema: elegir entre seguridad-salud o derechos humanos. La seguridad es un derecho humano. La salud es un derecho humano.
Si viviéramos en Noruega o en Suecia, donde hay acceso generalizado a internet, a computadoras y a un trabajo formal, sin duda un toque de queda podría imponer que la gente no saliera de casa, salvo determinados días. En México tenemos a aproximadamente a 50 por ciento de la población económicamente activa del país en la informalidad; si no sale a trabajar, no come.
Aquí, el estado de excepción está regulado en el artículo 29 constitucional. Y aunque formalmente no se aplicó, haberlo hecho no habría solucionado nada porque enfrentamos problemas estructurales que limitaron nuestra respuesta frente a la pandemia: hace falta planeación, recursos suficientes para salud, no está garantizado el acceso a medicamentos a personas enfermas… Todo esto deja en evidencia las malas decisiones de la política pública, malas decisiones desde los poderes ejecutivos federal y locales.
Julieta Morales Sánchez es profesora titular en la Facultad de Derecho de la UNAM e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. Es autora de Políticas públicas y derechos humanos (Porrúa, 2020), obra en la que evidencia la brecha que existe entre la implementación de lo que prescriben las normas y lo que se vive en la realidad, y ofrece elementos para la construcción de políticas públicas que garanticen los derechos humanos.
¿Se pueden imponer a los países pobres, con recursos limitados, las mismas normas en materia de derechos humanos que a los países ricos?
Julieta Morales Sánchez – Los países en muchas ocasiones diseñan evasivas para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Es necesario tomar una decisión de política pública estructural que destine el máximo de sus recursos disponibles para garantizar los derechos humanos
En cobertura de salud, por mencionar un derecho, las cifras empeoran constantemente. Hay regresividad. No estamos avanzando, no sabemos presupuestar con perspectiva de derechos humanos, pensamos que el presupuesto de derechos humanos es el que se asigna a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡No! El presupuesto para derechos humanos tiene que ser transversal e implica dar aumentos progresivos a educación, salud, vivienda, programas de alimentación, etcétera. Pero cuando se exige, se dice que no hay dinero, aunque en otros rubros hay subejercicios.
Tenemos que pensar en un rediseño de la toma de decisiones en el país y de quiénes están al frente de los cargos. Se debe humanizar la política y humanizar el presupuesto.
Hay quienes dicen que vivimos un hipergantismo o un garantismo extremo. ¿Cuál es su posición al respecto?
Julieta Morales Sánchez – Los derechos humanos son antidemocráticos, pues representan una barrera infranqueable a la regla de las mayorías. Hay cosas que no deben ser sometidas a votación. Los derechos humanos se tienen que reconocer y garantizar piense lo que piense la mayoría. La democracia es el gobierno de las mayorías con pleno respeto a las minorías. Tenemos a muchos grupos que tienen reivindicaciones y necesidades específicas que se deben proteger. Un ejemplo claro es el de las mujeres: somos un grupo en situación de vulnerabilidad, pero no somos un grupo minoritario, pues conformamos más de la mitad de la población de este país y lamentablemente hemos vivido bajo una cultura patriarcal, machista y misógina que impacta en todas las instituciones y en la vida privada de las personas. Incluso el derecho ha sido diseñado con esta perspectiva y ha reproducido roles y estereotipos de género. Hoy enfrentamos altos índices de violencia de género y feminicidios que quedan en la impunidad. Por otro lado, debo decir que el género no sólo discrimina a las mujeres, sino también a los hombres. Justamente lo hemos visto en temas de licencias de paternidad, por ejemplo. Debemos entender que hay muchas formas de ser humanos, muchas formas de ser mujeres u hombres, pero desde que nacemos nos dicen que hay una sola forma de serlo y los roles que debemos desempeñar han sido naturalizados, por lo que la violencia y la discriminación han sido invisibilizadas. Mujeres y hombres somos víctimas de la cultura en que vivimos.
¿Qué iniciativas presentaría en materia de tratados internacionales de derechos humanos?
Julieta Morales Sánchez – México tiene una tradición de firmar todo y no cumplir nada o casi nada. Esto cambió en 2011 con la reforma de derechos humanos —que justamente este año cumplió una década— y los tratados que están dentro del bloque de constitucionalidad o del parámetro de control de regularidad constitucional, como lo denominó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de la reforma, de pronto México dejó de suscribir tratados. Por ejemplo, está pendiente ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Lo mismo sucede con el protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), para darle competencia al Comité DESC de conocer quejas individuales. Me explico: el PIDESC tiene un comité que podría funcionar como un órgano de supervisión frente a casos y quejas individuales de ciudadanos de un país o de personas que se encuentran en el territorio de un Estado y sufren violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales. ¿Te imaginas que 60 millones de personas pudieran presentar quejas ante el comité para decir que violaron sus derechos a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, entre muchos otros? Seguramente México nunca lo va a ratificar por el nivel de pobreza y exclusión que se vive en el país, pero lo ideal es que lo hiciera.
Más que ratificar nuevos tratados, sería suficiente con que las y los servidores públicos conocieran los aproximadamente 200 tratados que hoy México tiene ratificados. El problema es que no los conocen, no los cumplen y no les importa no hacerlo.
¿Qué se debe hacer para que los derechos humanos sean una realidad?
Julieta Morales Sánchez – Tiene que ver con una agenda muy clara, más allá de partidos políticos, que puedan operar y cumplir quienes están en los puestos de toma de decisiones. Hay que entender que quien llega a un puesto ya no llega con el color del partido que lo llevó al poder y debe gobernar para todas y todos.
Actualmente tenemos en el país 25 alertas de violencia de género en 22 entidades federativas. Habría que sentar a las gobernadoras, a los gobernadores y al gobierno federal para revisar perfectamente esta gravísima situación, porque debe haber coordinación federal, municipal y local, y un adecuado diagnóstico, no sesgado por intereses políticos e ideológicos. Saber qué está mal en el país y por qué, para diseñar políticas públicas adecuadas.
También creo que hay un problema gravísimo de acceso a la justicia; muchos casos no llegan a oídos de las autoridades, no llegan al Poder Judicial. Y, por su parte, el Poder Ejecutivo tendría que trabajar mucho en el diseño de políticas públicas adecuadas. A veces los problemas no son de las leyes, sino de falta de aplicación, de toma de decisiones, de ejercicio del presupuesto…
Creo que el primer paso, además de seguir capacitando y sensibilizando, es que los derechos humanos sean tomados en serio por quienes están al frente de las instituciones gubernamentales.