En la Ciudad de México, el organismo constitucional autónomo encargado de garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, es el Info CDMX. Retos, rutas y contexto plantea Julio César Bonilla, comisionado ciudadano de este organismo, en esta conversación.
Julio César Bonilla Gutiérrez es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX (Info). Es doctor en Derecho por la UNAM, institución educativa donde también imparte clases. Co-coordinó la publicación: «Combate a la corrupción. Una visión desde las juventudes» (Porrúa & InfoCDMX, 2023).
¿Qué impacto puede tener la ciudadanía en la toma de decisiones de un organismo constitucional autónomo?
Julio César Bonilla – El Info CDMX juega un papel determinante en la vida pública de la capital desde hace ya más de 15 años. Se ha desempeñado como una institución estratégica de corte democrático que entre sus funciones tiene la tutela de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de los datos personales. Ambos derechos se han desarrollado constitucional e institucionalmente de diversas maneras. A lo largo de su historia México se ha dado a la tarea de construir instituciones fuertes, sólidas, permanentes y con una variable a nivel internacional que es su autonomía constitucional. En ese sentido, el Info CDMX naturalmente refleja esa autonomía constitucional frente al poder político de la capital. Lo anterior implica colocar en el centro de las acciones a la ciudadanía pues yo tengo la convicción de que el pleno del Info CDMX que es el origen y el destino de nuestras instituciones. El ejercicio de la transparencia es un ejercicio muy vigoroso, vinculado a la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, el acceso a la información pública y la construcción de los buenos gobiernos, pero de manera paralela también tenemos el ejercicio encomendado y la tutela de la protección de los datos personales que particularmente en el siglo XXI reviste una importancia acentuada en función de que los datos personales ya no solamente pueden estar sujetos a una administración del aparato estatal sino de todo el entorno digital, pues son administrados por multinacionales, por grandes empresas transnacionales que en tiempo real utilizan nuestros datos personales y que por eso tienen un acento específico: su tutela y su protección a escala nacional pero también internacional. Entonces tenemos una doble vía de tutela: somos un órgano garante con un doble frente democrático, constitucional, que es el acceso a la información pública y la protección de los datos personales
Me llama mucho la atención lo que nos platicas, sobre todo porque, en efecto, más allá de ser únicamente un órgano garante de estos derechos, es producto y productor de democracia ¿A qué retos se enfrenta en materia de rendición de cuentas en el contexto político de la Ciudad de México?
Julio César Bonilla – Me gusta mucho el concepto del que partes, productor de democracia, porque en realidad lo es. Instituciones como la nuestra que tienen este compromiso y además esta obligación constitucional en relación con la transparencia y la privacidad construyen transparencia, la fortalecen en cuanto a su dinamismo y a su utilidad pública. Yo coincido contigo. Además de ser un productor de democracia también es un motor que tutela los derechos humanos. No podemos escapar a esta discusión en el siglo XXI. La transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la privacidad más allá de instituciones, que lo son, y muy fuertes, también son derechos humanos, y se relacionan con el ejercicio de la rendición de cuentas. Norberto Bobbio, en su obra El futuro de la democracia establece con claridad cuál es la función de la transparencia en la democracia. Sostiene que la transparencia en la democracia constituye el ejercicio del poder público en lo público, todo un ideal de apertura constitucional, de apertura democrática y de apertura institucional de los Estados. La transparencia es un propulsor de la democracia, un motor de la rendición de cuentas y, naturalmente, un habilitador de buenos gobiernos, porque mientras mayor información tenga la ciudadanía sobre el Estado y sus gobiernos tendremos una ciudadanía más vigorosa, más participativa, más crítica y con mayores elementos que le permitirán participar en una democracia de manera permanente y no sólo en los procesos electorales.
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¿Cómo se garantiza la rendición de cuentas?
Julio César Bonilla – Tenemos una ingeniería constitucional que da origen al Sistema Nacional de Transparencia, producto de diversas reformas constitucionales y fortalecido entre 2014 y 2015. Se trata de un sistema nacional que tiene la obligación de coordinar las acciones a nivel nacional en materia de protección, promoción, defensa y garantía los derechos al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. La autoridad garante que encabeza este modelo es el Instituto Nacional de Transparencia, conformado de manera horizontal por todos los órganos constitucionalmente autónomos. Esto significa una apropiación institucional de estos dos derechos y su coordinación a través del Sistema Nacional de Transparencia garantiza a los ciudadanos esos derechos.
Acceso a la información pública, protección de datos personales, transparencia. ¿Cómo se vincula todo esto con el combate a la corrupción?
Julio César Bonilla – Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción son conceptos íntimamente ligados a la democracia, a la política, a la Constitución. En pleno siglo XXI todas las democracias constitucionales tenemos que entenderlos como mecanismos de control constitucional. Se trata de un control democrático, de un diálogo entre las instituciones del Estado mexicano para evitar excesos y abusos. El acceso a la información pública en el siglo que corre, en el momento en el que tú y yo estamos conversando, constituye una reivindicación social de la verdad, del conocimiento y del saber público. En su origen, la información era un asunto de élites; de hecho, así se construyeron los gobiernos desde la denominada Paz de Westfalia, al término de la Guerra de los 30 años en Europa, pues con la construcción de los Estados nacionales las instituciones fueron creadas para proteger la información y no para publicarla. Eso ha costado mucho cambiarlo. El origen de la transparencia es social, cultural y político y su objetivo es la rendición de cuentas y el control de los gobiernos. En la actualidad responde al combate a la corrupción.
En esta lógica, ¿cómo se ha insertado el uso de tecnología digital?
Julio César Bonilla –Actualmente, el uso de la tecnología es un factor determinante para potencializar los derechos. No podemos hablar de instituciones que estén al margen de las tecnologías de la información y de la comunicación en el siglo XXI. El Sistema Nacional de Transparencia ha diseñado modelos de control y garantía de los derechos; por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia, una vitrina informática que deposita millones de datos de la administración pública federal y de las administraciones públicas de los estados y los municipios. Hay que destacar que es una obligación de todos los entes públicos visibilizar su información de manera proactiva (no sólo la que se origina de manera reactiva cuando un ciudadano la solicita). Esto es parte del gobierno abierto. Lo anterior le permite a la gente acudir directamente a los portales digitales de las instancias del gobierno, a todo el abanico de sujetos obligados, para saber cómo realiza las acciones que le encomienda la Constitución.
La tecnología se ha convertido en un instrumento que le ha permitido a la gente potencializar el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. Naturalmente, los órganos garantes siguen jugando un papel central en esta materia porque después de 20 años el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales siguen siendo derechos en construcción y en consolidación. La experiencia en la capital del país es muy sólida y enriquecedora: cerramos 2019 con casi 157,800 solicitudes de acceso a la información pública. Este año estamos alcanzando más o menos los mismos niveles de solicitudes.
Del Homo videns al Homo data, ¿qué significan estos conceptos y cómo se produce la transición del uno al otro?
Julio César Bonilla – El Homo videns fue creado históricamente por Giovanni Sartori en un texto maravilloso que colocaba en el centro del debate la función de la televisión en la democracia y sus diversos impactos culturales, sociales, políticos, jurídicos. Definía al Homo videns como un sujeto alineado a los objetivos, las premisas, los valores, los componentes y las conductas transmitidas en la televisión.
Tenía mucha razón Giovanni Sartori cuando afirmaba que la construcción y la reconstrucción ideológica, política, cultural y económica de los pueblos tenía que ver en gran medida con los dictados de la televisión. Y las nuevas generaciones han crecido con más de una pantalla, con una pluralidad de dispositivos que permiten diversificar el conocimiento, el acceso al saber y el acceso al mundo entero, abriendo la mente y la personalidad hacia las redes tecnológicas.
Decidimos que estamos en el entorno de Homo data cuando las grandes redes de comunicación internacional se nutren de nuestros datos personales. Es decir, antes nuestra relación con la televisión era casi unidireccional: recibíamos la información y no había forma de replicar, de dialogar, de criticar. Las redes sociales permiten la creación de contenidos, la diversificación de ideas, el diálogo con el mundo. Pero, a cambio, las grandes empresas le piden a uno, siempre o regularmente, la autorización para la utilización de datos personales, como el reconocimiento facial, la voz, el iris, la huella dactilar. El Homo data es el ser humano cuyo valor central está en su interacción con el mundo digital a través de sus datos.
Por eso se ha dicho que, en pleno siglo XXI, el activo más importante de todo el planeta son los datos, que llegan a alcanzar un valor superior al petróleo cuando se trata de elecciones, por ejemplo.
Gran parte de esto ocurre porque así lo queremos cuando otorgamos nuestro consentimiento, al aceptar términos y condiciones, ¿no? ¿A qué retos se enfrenta el Info CDMX en materia de protección de datos personales cuando son las propias personas las que libremente ceden su información?
Julio César Bonilla – La oportunidad de dialogar con el ciudadano es determinante para que nos permita a nosotros, como institución, que un mayor número de personas conozca sus derechos y los ponga en acción. No basta con que los derechos estén en la norma fundamental o en las leyes reglamentarias, sino que deben ponerse en acción, para ejercerse, para revisarse críticamente y para impulsar las libertades de todos. Mientras mayor conocimiento tengamos de nuestros derechos, vamos a tener mayores controles frente al poder político y frente al poder de las grandes multinacionales. No se trata de que nos convirtamos en ermitaños digitales, pues no podemos vivir al margen del desarrollo tecnológico. Lo que tenemos que hacer es diseñar un modelo de control y autocontrol ciudadano frente al desarrollo de las Big Tech. En la vida analógica, material, uno tiene ciertas previsiones en relación con quién y cómo relacionarse, con entregar determinada información, con generar confianzas, etcétera.
Nosotros invitamos a la gente a que el mismo modelo de control y autocontrol que existe en nuestro mundo analógico lo utilicemos en la red digital. Hoy por hoy existe una política internacional que ha permitido y ha exigido a las empresas facilitar los mecanismos de conocimiento a la gente sobre los avisos de privacidad, que son los elementos determinantes para saber, en el ámbito digital, qué información se va a ceder, qué datos personales se permitirá que sean administrados, sus alcances y las finalidades de su uso.
Los avisos de privacidad contienen los elementos que involucran a las instituciones del Sistema Nacional de Transparencia para la defensa de quien interponga un recurso que garantice la inutilización de los datos personales frente a una empresa o frente al poder político.
Hablamos de los derechos ARCOP: acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de datos personales. Los primeros cuatro son de base constitucional, y el de portabilidad está creando una normativa específica en México para su uso y su disfrute y significa que cada uno de nosotros tenemos el derecho de acceder, rectificar, oponernos y cancelar en cualquier momento los datos personales que estén sujetos a una administración ya sea pública o privada. Decidir qué información quiere uno que la gente conozca sobre sí. Hoy las barreras entre lo público y lo privado se están fragmentando y se están diluyendo. Y somos nosotros quienes lo hemos permitido.