La justicia ambiental en México y Latinoamérica es sinónimo de luchas y resistencias entre grupos con diferente grado de poder que buscan y defienden intereses con herramientas legales, educativas o comunitarias. Estas luchas ambientales son por los espacios como medios para la reproducción de la vida diaria y el bienestar. En este contexto, el juicio de amparo es una herramienta clave para la protección de esos bienes y de los derechos ambientales. Este ensayo realiza un análisis crítico del caso de amparo 144/2021, relacionado con la construcción de un puente elevado en Durango, para ilustrar cómo se aplican los principios de precaución, pronatura y acceso a la justicia ambiental en una zona urbana.
Contexto del caso
Principios de precaución y pronatura en el caso
El principio de precaución es una herramienta fundamental en la gestión ambiental que permite tomar medidas preventivas frente a riesgos de daño ambiental, grave o irreversible, incluso en ausencia de certeza científica absoluta. Este principio se aplica de manera especial en situaciones donde el potencial daño podría ser significativo, y las consecuencias, irreversibles. En el contexto del caso en cuestión los quejosos sostuvieron que la tala de árboles y la construcción del puente proyectado podrían provocar un daño significativo al medio ambiente, comprometiendo los servicios ambientales que proporciona el parque lineal.
Los servicios ambientales del parque lineal son esenciales por su valor ecológico intrínseco, por los beneficios que aportan a la comunidad local, como la regulación del clima, la mejora de la calidad del aire y el agua, así como la provisión de espacios para la recreación y el esparcimiento. La tala de árboles en este parque podría reducir significativamente estos beneficios, alterando el equilibrio ecológico y afectando la calidad de vida de los habitantes cercanos. La Organización Mundial de la Salud (2020) ha señalado que la pérdida de espacios verdes urbanos puede tener consecuencias negativas tanto para el medio ambiente como para la salud pública, aumentando los niveles de estrés y reduciendo las oportunidades para realizar actividades físicas.
El principio pronatura pone énfasis en la prioridad de conservar el entorno natural frente a otros intereses. Este principio reconoce el valor intrínseco de la naturaleza y la necesidad de protegerla para las generaciones presentes y futuras. En el caso del parque lineal, los quejosos argumentaron que la construcción del puente tendría un impacto negativo significativo, pues destruiría parte de un espacio verde esencial para la comunidad. Este parque es un refugio de biodiversidad y un medio comunitario vital para la cohesión social y el bienestar general.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subrayó la importancia del principio pronatura en su deliberación, destacando que las decisiones que puedan afectar el medio ambiente deben tomar en cuenta la prioridad de proteger y conservar los recursos naturales. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017), cualquier conflicto de intereses en el uso de recursos naturales debe resolverse favoreciendo la protección del medio ambiente, considerando que la degradación ambiental afecta directamente el ejercicio de varios derechos humanos, incluyendo el derecho a un ambiente sano.
La aplicación de estos principios en la toma de decisiones ambientales no sólo es una cuestión de derecho, sino también de ética. La conservación del medio ambiente es esencial para asegurar la sostenibilidad y la calidad de vida de las futuras generaciones. En este sentido, la SCJN estableció que ante la falta de certeza científica absoluta sobre el impacto de la construcción del puente era prudente aplicar el principio de precaución para evitar un daño potencialmente irreversible al parque lineal. Esta decisión subraya la obligación de las autoridades de actuar con responsabilidad y cautela en la gestión de los recursos naturales, priorizando siempre la protección del entorno natural frente a intereses económicos o de desarrollo.
Acceso a la justicia ambiental
El acceso a la justicia ambiental es un pilar fundamental para la protección efectiva del medio ambiente. En México, este derecho está garantizado por la Constitución mexicana y por la Ley de Amparo, las cuales aseguran el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y establecen mecanismos legales para su protección. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2021) reconoce explícitamente este derecho, permitiendo a los ciudadanos demandar acciones legales contra actividades que dañen el medio ambiente.
El Convenio de Escazú, ratificado por México en 2018, refuerza estos mecanismos al promover el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo regional es el primero en América Latina y el Caribe en abordar de manera integral los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia ambiental. El Acuerdo de Escazú (2018) establece obligaciones claras para los Estados parte, garantizando que los ciudadanos puedan acceder a la información ambiental, participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente y recurrir a la justicia para proteger sus derechos ambientales.
En este caso abordado por la SCJN se evaluó si se garantizaba adecuadamente el acceso a la justicia para los ciudadanos afectados por la tala de árboles y la construcción del puente en un parque lineal. La Suprema Corte concluyó que los quejosos demostraron un interés legítimo en el caso, ya que habitan o utilizan el área afectada y se benefician de sus servicios ambientales. Este reconocimiento de la legitimación activa y el interés legítimo es fundamental para fortalecer el acceso a la justicia ambiental en México.
El reconocimiento de la legitimación activa permite que cualquier persona que pueda verse afectada por una acción u omisión que dañe al medio ambiente pueda acudir a los tribunales para buscar protección. En este caso, los quejosos pudieron demostrar el impacto negativo al entorno natural del parque lineal, un espacio verde de gran importancia para la comunidad. La SCJN destacó que la afectación de los servicios ambientales del parque, como la regulación del clima, la mejora de la calidad del aire y el agua, y la provisión de espacios para la recreación, justificaba la intervención judicial para proteger estos intereses legítimos.
Este fallo de la Suprema Corte es un avance en la consolidación del acceso a la justicia ambiental en México y establece un precedente importante para futuros casos. Al reconocer el interés legítimo de los ciudadanos en la protección del medio ambiente, la SCJN refuerza el marco legal que permite a las personas defender sus derechos ambientales y participar activamente en la conservación de los recursos naturales.
El acceso a la justicia ambiental no sólo se trata de la capacidad de acudir a los tribunales, sino también de garantizar que los procedimientos judiciales sean accesibles, equitativos y efectivos. Esto incluye la provisión de asistencia legal a quienes la necesiten, la transparencia en los procesos judiciales y la implementación efectiva de las decisiones judiciales que protejan el medio ambiente.
Impacto de la decisión judicial
La decisión de la Suprema Corte de revocar la resolución inicial y conceder la suspensión definitiva a los quejosos protege el parque lineal y sus servicios ambientales. Esta decisión subraya la importancia de aplicar los principios de precaución y pronatura en la toma de decisiones ambientales y garantiza el acceso a la justicia para los ciudadanos (Inafed, 2021).
El caso sienta un precedente importante para futuros litigios ambientales, pues destaca la relevancia de los principios de precaución y pronatura y el acceso a la justicia. Además, fortalece el marco legal y judicial para la protección del medio ambiente y la gestión sostenible del agua en México (SCJN, 2021).
La reciente decisión de la SCJN de revocar la resolución inicial y conceder la suspensión definitiva a los quejosos marca un hito significativo en la protección del medio ambiente en México. Esta sentencia no sólo protege el parque lineal y sus servicios ambientales, sino también refuerza la aplicación de estos principios en la toma de decisiones ambientales, asegurando además el acceso a la justicia para los ciudadanos.
El parque lineal, un espacio verde esencial en el área urbana, proporciona servicios ambientales indispensables. La regulación del clima local, la mejora de la calidad del aire, la conservación de la biodiversidad y la provisión de espacios recreativos para la comunidad; se suman a la mitigación de los efectos del cambio climático y ayudan a crear un medio ambiente sano vital para la salud y el bienestar de los habitantes.
La decisión de la SCJN destaca la importancia del principio de precaución en las políticas ambientales. Este principio, reconocido internacionalmente, establece que cuando existe la posibilidad de que se produzca un daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para posponer medidas costo-efectivas para prevenir la degradación ambiental. En el contexto de este caso, la Corte reconoció que la destrucción del parque lineal podría tener consecuencias irreversibles.
El principio pronatura se concentra en priorizar la conservación de la naturaleza en la toma de decisiones. Este enfoque es particularmente relevante en un contexto en que el desarrollo urbano a menudo entra en conflicto con la necesidad de preservar áreas verdes. La decisión de la Suprema Corte refleja un reconocimiento acerca de la importancia de integrar consideraciones ambientales en el proceso de toma de decisiones, garantizando que el desarrollo no se realice a expensas del medio ambiente.
Esta decisión judicial subraya la importancia del acceso a la justicia ambiental para los ciudadanos. El acceso a la justicia es un componente fundamental del derecho a un medio ambiente sano, como lo establece el artículo 4º de la Constitución mexicana. Permite a los individuos y a las comunidades defender sus derechos ambientales y participar activamente en la protección de su entorno. Al conceder la suspensión definitiva, la SCJN ha afirmado el derecho de los ciudadanos a ser escuchados y a obtener protección judicial efectiva contra actos que amenazan su entorno.
El impacto de esta decisión va más allá de la protección del parque lineal específico. Establece un precedente importante para futuros casos ambientales en México, ya que envía un mensaje claro acerca de la disposición de las autoridades judiciales a intervenir para proteger el medio ambiente y que las consideraciones ecológicas deben ser una parte integral de las políticas públicas y el desarrollo urbano.
Seguridad nacional
La seguridad nacional de México está intrínsecamente ligada a la gestión de sus recursos naturales estratégicos; entre ellos, el agua. Los problemas de gestión hídrica pueden desencadenar conflictos sociales, migraciones forzadas y tensiones intercomunitarias o binacionales que pueden desestabilizar la seguridad nacional. La destrucción de espacios verdes urbanos y la falta de planificación sostenible pueden agravar estas tensiones (Acuerdo de Escazú, 2018):
• Conflictos sociales y migraciones. La falta de acceso equitativo al agua puede llevar a conflictos sociales, especialmente en regiones donde el recurso es escaso o es controlado por grupos con poder sobre las decisiones de acceso, distribución y disponibilidad. La construcción de proyectos sin la debida evaluación de impacto ambiental puede agravar estas tensiones al desplazar a comunidades y destruir sus medios de vida (Inafed, 2021).
• Desastres naturales. La tala de árboles y la destrucción de áreas verdes pueden incrementar la vulnerabilidad a desastres naturales, como inundaciones y deslizamientos de tierra que afectan a las comunidades locales y tienen implicaciones para la seguridad nacional en términos de respuesta a emergencias y recuperación (Organización Mundial de la Salud, 2020).
• Impacto en la salud pública. La destrucción de espacios verdes también afecta la calidad del aire y el bienestar de los ciudadanos, lo cual tiene implicaciones para la salud pública y, por ende, para la estabilidad social (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017).
Desarrollo del país
El desarrollo sostenible de México depende en gran medida de una gestión eficaz y equitativa de sus recursos naturales. La integración de principios ambientales en la toma de decisiones es fundamental para asegurar un desarrollo que sea económicamente viable, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible (Acuerdo de Escazú, 2018):
• Desarrollo urbano sostenible. Proteger los espacios verdes en áreas urbanas es fundamental para el desarrollo sostenible. Estos espacios no sólo mejoran la calidad de vida, sino también ayudan a mitigar los efectos del cambio climático (inafed, 2021).
• Economía verde. La conservación de los recursos naturales puede impulsar sectores económicos basados en la sostenibilidad, como el ecoturismo y la agricultura orgánica, contribuyendo al desarrollo económico del país (Organización Mundial de la Salud, 2020).
• Infraestructura resiliente. La planificación de infraestructuras debe considerar los impactos ambientales para ser verdaderamente resiliente y sostenible. Proyectos como el puente elevado en Durango deben evaluarse no sólo por su impacto inmediato sino también por su sostenibilidad a largo plazo (Ley de Amparo, 2021).
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