¿Qué implica vivir en una república? Con una pluma crítica, Luis Pereda nos aproxima a la forma de gobierno mexicano y a lo que deberíamos esperar por parte del ejecutivo.
México es un oxímoron. Lo es cuando tiene un pacto federal que no propicia el federalismo, sino el centralismo. Lo es cuando tiene una comisión de derechos humanos que no protege los derechos humanos, sino una agenda de gobierno. Lo es cuando tiene procesos electorales con campañas anticipadas que según la autoridad no son ni campañas ni anticipadas. Y lo es cuando tiene una república de un solo hombre.
Una república representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos (como la prevista en nuestra Constitución política), está diseñada para que una pluralidad de voces dialogue desde distintas posiciones con el ánimo de construir un acuerdo aceptable para la mayoría, con pleno respeto a los derechos humanos de las minorías. Sin embargo, pareciera que el titular del Ejecutivo federal tiene otros datos.En el México del siglo XXI es exigible que el presidente de la República no calle a todos, sino que los escuche. Las y los mexicanos tenemos el derecho de rechazar una razón de Estado que es sorda ante las voces disconformes y que sólo dialoga con los que no la contradicen, y en eso estriba su sinrazón. Hablar a todo volumen desde el micrófono del poder político para imponer una forma de pensar, y desde ésta señalar quién está aprobado y quién no, es una amenaza a las libertades ciudadanas. Recuérdese que entre más poder tienen las autoridades, menos libertades tienen los ciudadanos.
República no es una etiqueta en un mapa. Es una decisión política fundamental que obliga al titular del Ejecutivo federal a trabajar a favor del interés común, no sólo del de aquellas personas que piensan como él o que por temor a él callan. La ciudadanía en general y la abogacía en particular están obligadas a no aceptar el disfraz de “libertad de expresión” con el que se quiere hacer pasar lo que en realidad son ataques y descalificaciones a organizaciones de la sociedad civil, periodistas, empresarios y a personas que aspiran a contender en un proceso electoral desde coordenadas distintas del espectro político. El jueguito burlón de hacer sin parecer que se pone en práctica cada mañana es, en el mejor de los casos, una muy irresponsable invitación para atacar al débil y así agradar al poderoso.
Vivir en una República también quiere decir que cualquier ciudadano que cumpla con la ley puede aspirar a competir por el cargo de presidente. No hay preselecciones de linaje, cofradía o gremio. No hay puros o impuros. En una República hay ciudadanos que en elecciones libres le pedirán un voto a sus pares. Y para que ese voto cuente se necesita un Instituto Nacional Electoral competente, consciente de que su autonomía, su verdadera autonomía, se evaluará por su comportamiento en la tormenta antes que en la calma. ¿Lo tenemos?
Vivimos bajo una forma de gobierno en la que el conocimiento de los asuntos públicos (la cosa pública) debería ser la regla general. En la que ley dice que el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, pero la realidad sugiere que ese derecho corre peligro sin un órgano constitucional autónomo pleno, encargado de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales. ¿Lo tenemos?
El último presidente militar de este país terminó su mandato el 30 de noviembre de 1946 y desde entonces las fuerzas armadas habían desempeñado un papel más bien discreto y enfocado en tareas específicas, lo cual no impidió enfrentamientos con la sociedad civil que han dejado profundas cicatrices. Esa inercia cambió en 2006 y se ha acentuado de manera inédita en esta administración en la cual las fuerzas armadas han incursionado en un mosaico variopinto que incluye construcción, trenes, puertos, aduanas, aeropuertos, aerolíneas, agencia de viajes y, por supuesto, seguridad. Para que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles y abandonen tareas que les significan ingresos se requiere, entre otras cosas, un Poder Ejecutivo Federal independiente, libre de influencias ilegítimas y sin deudas inconfesables. ¿Lo tenemos?
El sistema de pesos y contrapesos de nuestra República está construido sobre una lógica de división del poder político. Esto quiere decir que el poder que emana del pueblo se divide en tres partes iguales, las cuales se depositan en sendas ramas del Estado mexicano con el propósito de que ninguna de éstas pueda sobreponerse sistemáticamente a los otras dos, logrando de esta forma que, por la disposición misma de las cosas, el poder contenga al poder. La idea detrás de todo esto es que las libertades de los ciudadanos no sucumban a la ambición del poderoso. Por supuesto, esto implica que no haya operadores dedicados a estresar cotidianamente al sistema para buscar las grietas por las cuales se pueda colar y debilitar a los otros dos poderes. En el caso del titular del Ejecutivo federal implica que éste no invite a debilitar a través de ataques al Poder Judicial Federal y no vea al Poder Legislativo Federal como un apéndice cuya razón de ser es decirle que sí a todo. ¿Lo tenemos?
En una república el poder político se otorga temporalmente a las personas servidoras públicas para que sirvan al interés común, no para que se sirvan de él. Entonces, ¿qué hacer cuando uno de esos detentadores del poder político se olvida de trabajar para todos y sólo trabaja para sus intereses? La respuesta: se le señala, se le evalúa y se le contiene. Al poder político se le debe contener y limitar para que los derechos de la ciudadanía florezcan.
¿Hemos olvidado que el presidente de la República debe ser medido con la misma métrica que el resto de las personas servidoras públicas? Ojalá que no sea el caso, porque en ello nos van muchas cosas; entre ellas, el futuro.