La garantía del derecho a la memoria no es tarea sencilla. En contextos de graves violaciones a derechos humanos, el acceso a los archivos y a fuentes de información implica múltiples retos y riesgos. Laura Sánchez Ley nos platica su experiencia desde «Archivero», donde ha logrado desclasificar importantes documentos que la llevaron a encontrar, entre otras muchas cosas, el avión utilizado durante los vuelos de la muerte durante la Guerra Sucia.
¿Qué te motivó a fundar el proyecto Archivero y cómo surgió la idea de desclasificar documentos públicos en México?
Laura Sánchez Ley – Yo soy periodista. Empecé haciendo periodismo en la nota diaria y reporteando. Entendí desde muy joven que, con las víctimas sobre todo, en nuestro país todo el tiempo se construían verdades históricas. Encontré publicaciones con versiones contrarias a lo que las familias me contaban. Mi primer acercamiento fue con el caso de Luis Donaldo Colosio. Siendo originaria de Tijuana, muy joven inicié mi trabajo en la sección policiaca del periódico y me encontré con la familia de Mario Aburto y con su historia. Pese a que pensábamos que todo estaba contado sobre ese caso, conocí, a través del testimonio de las mujeres, muchos hechos que no se contaron en la versión del asesinato de Luis Donaldo Colosio que no eran teorías conspirativas sino en sucesos probados.
Por ejemplo, ellas tenían evidencia —documentación pública—, descubierta en Estados Unidos, que reconocía que, desde la niña de cinco años hasta la madre de Mario Aburto, habían sido abusadas sexualmente en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Cuando indagué más, encontré expedientes de juicios de asilo político, en los que se contaba una historia totalmente distinta que nunca apareció en los medios de comunicación.
Cuando una se va adetrando en el mundo del periodismo, se da cuenta de que la verdad en este país siempre está en obra negra. Mientras buscaba, descubrí que existía una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través de la cual podía solicitar expedientes judiciales y ministeriales y reportes policiacos que podrían permitirme llenar los huecos de la historia de nuestro país. Eso me pareció muy bonito y relevante, pues nunca se ha contado todo en México, donde se construyen verdades históricas todos los días. El objetivo del proyecto fue tratar de contar eso a la gente e ir llenando los espacios de información vacíos. Algo súper relevante es que en México todos los días pasa una tragedia más grande que las anteriores; por eso pienso que tenemos que recuperar la memoria histórica, contarle a la gente, apoyados en las redes sociales, para que deje de creer en teorías conspirativas.
¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en el proceso de solicitar y acceder a información gubernamental en México?
Laura Sánchez Ley – Los mayores retos con los que nos topamos los ciudadanos radican en que, pese a que existe una ley en la materia de acceso a la información pública, recordemos que también existen muchos candados en esa ley. Por ejemplo, se establece que si la solicitud de acceso se trata sobre investigaciones en curso, no se puede dar, y que si afecta la seguridad nacional, tampoco, aunque se trate de expedientes que se pagaron con el dinero de nuestros impuestos y sobre los cuales las autoridades debieron haber rendido informes una vez que se cerraban. Descubrimos que este tipo de casos marcaron la vida política de nuestro país: masacres, violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que combaten el Estado y las Fuerzas Armadas desde 1960. También nos topamos con que muchas investigaciones no estaban cerradas, que intencionalmente las dejaban abiertas para no tener que rendir cuentas a los ciudadanos. Por ejemplo, encontramos asuntos sobre la guerra sucia y el asesinato de Lucio Cabañas y de otros líderes históricos. El hecho de que las investigaciones siguieran abiertas después de tantísimas décadas nos impedía saber cómo habían actuado las autoridades en esos casos, cómo llevaron a cabo sus investigaciones y, sobre todo, nos impedía tener pistas que nos condujeran al esclarecimiento histórico de ese tipo de hechos que marcaron la vida política moderna de nuestro país.
Además de esas cláusulas y de muchos pretextos por parte del Estado para no permitir el acceso a la información está el tema del dinero. Parecería una broma, pero, habiendo pasado por un proceso en el que le exigimos a las autoridades, a través de la ley, la información de nuestro interés, y les pedimos favores a nuestros amigos abogados para que nos ayudaran a impugnar resoluciones, sobre todo en el tema de las Fuerzas Armadas, en lo relativo la seguridad nacional, admitían que tenían el expediente, pero nos decían que nos costaba un millón de pesos hacer la consulta —eso sin sacar copias—, con el argumento de que habían destinado personal para mostrárnoslo al que le debían pagar. Así de ridículos son los costos. Hay una cláusula de la ley que dice que si tenemos problemas con el dinero, podemos pedir apoyo, pero para eso me pedían estados de cuenta, cartas de mi mamá y de mi abuelita, para comprobar que no tenía acceso a ese millón de pesos para pagar la revisión del expediente; No obstante, la ley también decía que cuando se tratara de casos relevantes en los que se habían cometido violaciones a derechos humanos, los expedientes tendrían que estar publicados en una página de internet, transparentes, de acceso abierto, pero eso es algo que no sucede.
¿Cuál ha sido la diferencia entre la consulta realizada en el Archivo General de la Nación y la hecha en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional?
Laura Sánchez Ley – Aparte del tema de la desclasificación de archivos que no se encuentran disponibles para el público y que se están pudriendo en las cajas de la fiscalía, de los juzgados de distrito, o en cualquier otro lugar, y que ya deberían estar en algún archivo —porque no les gusta ser fiscalizados, ellos no hacen la chamba que nosotros tenemos que hacer—, nos encontramos con que no han sido trasladados.
Hay un segundo tipo de archivos: el que ellos decidieron mandar a lugares como el Archivo General de la Nación (agn) o el Archivo Militar. Es una locura lo que sucede; por ejemplo, en el agn tenemos un poquito más de acceso para consultar expedientes, sobre todo de la Dirección Federal de Seguridad —la que fue la policía de espionaje en México—, cuyos lineamientos y valores de este tipo de policía torturadora que asesinó y torturó siguen súper presentes; sin embargo, ha sido muy difícil su consulta. Ha sido un infierno, sobre todo en el archivo militar. Para empezar, al entrar al Campo Militar 1, la oprimen a una de manera terrible. Recordemos que está comprobado que el campo fue un centro de tortura y de exterminio para muchísimos campesinos y profesores que estaban en contra de las políticas del Estado. Actualmente, a una le quitan su teléfono y sus pertenencias para entrar al archivo, no hay señal ahí adentro, una tiene a los militares sobre la nuca viendo exactamente qué está consultando. Además no tienen un catálogo público. La única manera de acceder a información militar en México es por medio de la desclasificación de archivos, pero siempre se protegen con el argumento de la seguridad nacional.
El reglamento del Archivo Militar es de 1933. Ha habido tantos avances en materia de derechos humanos desde entonces que ese reglamento tendría que modernizarse. Por el contrario, el Archivo General de la Nación es público porque obedece al discurso de la construcción de la historia nacional. Pero esta historia también es historia militar. Con un reglamento tan antiguo, sin apego a los derechos humanos, el Archivo Militar seguirá siendo un archivo cerrado.
Laura Sánchez Ley – El Archivo Militar es muy relevante en este momento porque se creó una comisión, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico por parte de la Secretaría de Gobernación, que supuestamente pretendía esclarecer los crímenes del pasado en México. Lo que sucede con este tipo de documentación pública es que no bastó la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador para abrir el Archivo Militar. Sin embargo, cuando los investigadores realizan trabajo en el Archivo Militar, se topan con lo mismo con que nos topamos los periodistas, pero aun peor. Hubo un robo abierto y descarado de archivos que pudieron haber ayudado a esclarecer miles de desapariciones y miles de muertes que se fraguaron por parte del Estado en nuestro país.
Con todo el trabajo que has hecho a través de Archivero, ¿qué impacto esperas que tenga el acceso a estos documentos?
Laura Sánchez Ley – A través de Archivero, en conjunto con instituciones como el agn, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras dependencias con las que nos hemos unido, estamos afrontando el reto de promover que a las nuevas generaciones les importen los temas del pasado.
Hemos logrado desclasificar archivos de los vuelos de la muerte en México, una práctica gubernamental atroz mediante la cual las Fuerzas Armadas eventualmente lanzaron a las costas de Acapulco a más de mil personas Cuando publicamos esa información fue impresionante la cantidad de comentarios que recibimos a través de las redes sociales de personas que no sabían que eso había ocurrió, pues pensaban que algo parecido sólo había sucedido en Argentina. Después fuimos más lejos: desclasificamos más archivos y encontramos el avión desde el cual fueron lanzadas aquellas personas y encontramos contratos irregulares de donación para que esa aeronave fuera trasladada a la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Yo creo que ese aparato podría ser un monumento de memoria histórica.
Lo que nosotros queremos lograr justamente es eso: nombrar los hechos, que la gente sepa que existieron. Creemos en la no repetición, en la verdad y en la memoria histórica, en que a través de esta apertura y su posicionamiento en redes sociales y en otras plataformas —estamos trabajando en la creación y la elaboración de varios documentales— podemos ofrecer una mirada sobre estos hechos distinta a la del Estado.
Pero no solamente trabajamos en el archivo, sino que a través de su documentación —que se crea en el seno de las dependencias del Estado— hemos localizado a decenas de personas nombradas allí y podemos buscarlas para hablar con ellas y preguntarles qué pasó, cuál es su historia 30 o 40 años después… Creemos que con esto podemos reconstruir los pasajes oscuros que han sido enterrados debajo de féretros con 400 candados.
Hemos logrado algunas cosas: en la sentencia histórica del caso Rosendo Radilla, un compositor que está desaparecido, se ordenó que se reconozca la desaparición de Rosendo Radilla por parte del Estado y que se haga un sitio de memoria histórica. Otra fue encontrar el avión árabe desde donde fueron lanzadas al vacío muchísimas personas en la época de la guerra sucia. En este sentido, creo que estamos llevando nuestro trabajo a otro plano y esperamos que trascienda y que ayude a las autoridades a reconocer que sí se cometieron graves violencias por parte del Estado para que eso ayude al esclarecimiento de los hechos.
Más allá del derecho humano al acceso a la información, ¿qué papel juega el periodismo de investigación en la vida democrática y en el derecho humano a la memoria?
Laura Sánchez Ley – Siempre he dicho que el trabajo del periodismo de investigación tiene todo que ver con una obsesión. Yo creo que soy obsesivo-compulsiva. Me parece súper relevante que a través de las metodologías y las herramientas que hemos aprendido los periodistas de investigación podamos llevar los estudios sobre determinado fenómeno social a otro ámbito, porque, no obstante que es bellísimo el trabajo de historiadores y sociólogos, de repente éstos se conforman con los documentos que están a la mano: los expedientes que reposan en el agn o en el Archivo Histórico, por ejemplo; pero se olvida que los ciudadanos también pueden exigir el acceso a otros documentos que no están disponibles fácilmente. Y yo creo que esa también es parte de la tarea del periodismo de investigación.
Hay grandes periodistas que están construyendo memoria histórica a través del periodismo de investigación, pues han podido ir al fondo de ciertos hechos con las herramientas que hemos aprendido de ustedes, los abogados, como pelearnos, impugnar el derecho a la información a través de la ley. Así hemos logrado ofrecer a historiadores, profesores e investigadores más material desclasificado con base en metodologías que aprendimos realizando reportajes sobre corrupción en México. Así aprendimos a hacer periodismo histórico, fiscalizando a funcionarios públicos, exigiendo documentos y contratos, pues entendimos que también podíamos acceder a investigaciones judiciales que se estaban echando a perder o a documentos que estaban escondidos en las fiscalías.
¿Podrías compartir alguna anécdota memorable sobre algún expediente o documento que haya cambiado tu visión sobre un caso emblemático?
Laura Sánchez Ley – Hemos abordado el tema de las fosas de San Fernando; pero no tengo una historia memorable. En la actualidad, investigo muchísimos casos de narcotráfico y lo memorable que tiene esa circunstancia es que he sido amenazada por el Cártel Sinaloa, pero no abundo en el asunto porque no quiero meterme en líos. Puedo contarla, pero sin revelar el nombre de quien me amenazó, porque está libre.
El trabajo de archivos conlleva un riesgo, porque muchos de esos archivos influyen en lo que sucede en la actualmente, sobre todo en el tema del narcotráfico. Nosotros hemos logrado la apertura de archivos en cortes estadounidenses, pero también hemos logrado acceder a muchísima documentación pública a la que en México no se accede y que cuenta la historia de la delincuencia organizada. Yo he recibido amenazas por parte de algunas organizaciones públicas porque se molestaron cuando exhibí documentación que revelaba cómo actuaban en contubernio con los delincuentes. No les gustó que hubiera exhibido los documentos que se presentaban en los juicios en Estados Unidos, pese a que esa era información pública. De ese modo nos dimos cuenta de que aún hay historias del pasado reciente que tiene un fuerte impacto en el presente. Hay que tener cuidado con el manejo de ese tipo de documentación.
¿En qué instituciones has encontrado mayor resistencia para acceder a la información?
Laura Sánchez Ley – La mayor resistencia que hemos enfrentado definitivamente ha provenido de las instituciones de impartición de justicia y de las fuerzas armadas. Ésas son las instituciones que más trabas y pretextos interponen para negar la información.
En el caso Colosio, el juez de Almoloya me dio tres horas para consultar 164,000 páginas y 300 videos y me hizo firmar un acta que advertía que si maltrataba sus archivos me iría a la cárcel. Llegamos, encontramos el expediente del caso Colosio pudriéndose. Levanté una bolsita y de ahí cayeron las balas que extrajeron del cuerpo del candidato a la Presidencia, todavía con restos de sangre. ¿Te das cuenta de la falta de cuidado y de preservación de los archivos históricos que se tiene en este tipo de dependencias? Por ese incidente me hicieron firmar un acta por medio de la cual me informan que van a iniciar un proceso judicial en mi contra, no obstante que aquel expediente se estaba pudriendo.
Otro caso en el que me hicieron la vida miserable fue sobre las averiguaciones previas de los accidentes en los que murieron tres secretarios de Gobernación en México durante los gobiernos del Partido Acción Nacional. Cuando me dijeron que ya tenían el expediente que había solicitado, pagué 10,000 pesos para que me dejaran consultarlo; pero un día antes de que acudiera a revisarlo me avisaron que se había perdido. Lo que pasa es que no quieren que conozcamos todas las irregularidades que se cometen en ese tipo de procesos judiciales. La apertura del expediente sirve para darnos cuenta de todas las porquerías que se han cometido durante los procesos de investigación en nuestro país. Impugné. Cuando logré ver el expediente sólo tenía 800 fojas de una investigación que había durado muchísimos años.
Ante la inseguridad que padecen los periodistas en México ¿has dudado en compartir algún expediente o algún caso?
Laura Sánchez Ley – Siempre dudamos. Cada vez que vamos a publicar un expediente, nos cuestionamos si vale la pena hacerlo: no sabemos quién siente que le estamos pisando los talones. Muchas personas, cuyos nombres constan en estos expedientes, de casos que son paradigmáticos en la historia de México —desde asesinatos de políticos hasta masacres cometidas por el Estado–, siguen vivas y ocupan cargos importantes en el gobierno. Entonces, la verdad es que sí da terror dar a conocer información que los involucre. Cada vez que publicamos un expediente, nos reservamos muchos datos que decidimos no publicar por seguridad. En un país en el que no se esclarece nada, muchos de estos personajes que sirvieron en las fiscalías, que formaron parte de la milicia, que estuvieron en puestos clave de las dependencias encargadas de la impartición de justicia, siguen controlando los hilos del poder.
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Al escribir tu libro Aburto. Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo, ¿sufriste alguna represalia?
Laura Sánchez Ley – Durante el transcurso de la investigación sobre el caso Mario Aburto Martínez —que duró casi 10 años—, todo el tiempo recibimos mensajes intimidatorios. Cuando se enteraron de que estábamos desclasificando las fojas correspondientes a ese asunto y tratando de entrevistar a Mario Aburto, nos llegaron muchas advertencias: “Ya párale”, “Ya bájale”, “No le muevas a ese tema”. En realidad no me gusta señalar que sufrí amenazas, porque en los estados hay compañeros que de verdad las sufren todos los días; pero sí recibí advertencias por parte de algunos políticos a quienes no les gustó que lleváramos a cabo este tipo de investigaciones, porque estuvieron involucrados en el caso y procuran mantener intactas sus carreras.
Una cosa que siempre me gusta dejar claro sobre el caso Mario Aburto Martínez es que, más que respaldar teorías conspirativas debemos señalar lo mal que se llevan a cabo las indagaciones y las terribles violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de muchas personas. Y no estoy hablando solamente de Mario Aburto Martínez, sino de otras personas que han sido detenidas y torturadas por gente que sigue detentando responsabilidades públicas; personas a las que les arruinaron la vida y que incluso murieron como consecuencia de las torturas. Eso es lo que nos interesa contar: los daños colaterales de la historia.
En el contexto de la violencia contra el narcotráfico, ¿cómo se ejerce la profesión del periodismo?
Laura Sánchez Ley – Es súper complejo en un país que está controlado por el crimen organizado. Soy de Tijuana, Baja California, pero vivo en la Ciudad de México porque fui desplazada por la violencia de mi estado, por agresiones que sufrí hace muchos años. Para todos los periodistas de este país, por ser uno de los lugares del mundo donde más son asesinados más colegas, es súper complicado ejercer el periodismo y tratar temas relacionados con la seguridad pública y el crimen organizado. Yo creo que es más lo que callamos que lo que publicamos. Con la cantidad de historias de violencias y de tragedias de las que nos enteramos, una tiene que ponderar cuidadosamente lo que publica, sobre todo en los estados donde se desayuna al lado del funcionario o del delincuente al que una denunció. En Tijuana, hace muy poco tiempo asesinaron, en un lapso de tiempo muy corto, a dos grandes colegas en la puerta de su casa, frente a sus familias. De verdad, no es posible ejercer el periodismo con libertad en este país.
¿En qué medida crees que los documentos desclasificados pueden ayudar a resolver casos judiciales abiertos o conflictos de interpretación histórica?
Laura Sánchez Ley – La desclasificación y la apertura de archivos son armas de un gran potencial. Por ejemplo, hace muy poco tiempo, gracias al Centro Pro se abrió por primera vez una averiguación previa en contra de militares de altísimo rango por el tema de la guerra sucia y por los vuelos de la muerte. Desde finales de 1970 no teníamos absolutamente nada de información al respecto. A partir de que alguien encuentra este expediente pudimos conocer por primera vez las declaraciones de pilotos, mecánicos y militares que narran toda la parafernalia de esos vuelos: dónde despegaban, dónde aterrizaban, la altura a la que volaban, cómo tenían que meter los cadáveres de las víctimas con piedras en costales para que no flotaran y que al día siguiente los pescadores los encontraran. Esos testimonios son invaluables porque permiten que se reabran casos, o que se abran casos que nunca fueron abiertos, porque entonces ni siquiera existían los lineamientos para juzgar la desaparición, los crímenes de lesa humanidad, las violencias.
Ahora que tenemos nuevos lineamientos en materia de derechos humanos, es súper relevante la apertura de esos archivos porque nos permitirán llevar algunos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; además facilitarán la reconstrucción de los casos cuyos detalles desconocemos.
Marcela Turati encontró en el archivo del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América una lista con personas que presuntamente fueron arrojadas al mar. Entonces, por primera vez tenemos indicios de esos casos que se están moviendo en la Fiscalía General de la República, gracias a los documentos que se han abierto por el trabajo periodístico o por la labor de las organizaciones de derechos humanos. En este sentido, es importantísimo desclasificar archivos porque por primera vez eso nos permitirá llevar esas historias a las instituciones de justicia.
¿Qué papel deben desempeñar las abogacías a partir de estas investigaciones periodísticas?
Laura Sánchez Ley – Yo creo que las abogacías se tienen que sumar a la exigencia de justicia a través de la ley. Nadie como los abogados la conocen y pueden manejarla a la perfección. Nosotros somos amateurs que hemos aprendido algunos conceptos jurídicos en la práctica. Por eso, una de las mejores estrategias que he seguido desde que me aboqué a la desclasificación de archivos fue acercarme a mis amigos abogados y a abogadas para que me ayudaran, ya que en muchas instituciones públicas me estaban negando el acceso a la información. ¿Cómo impugno? ¿Con base en qué artículo? El artículo 113 señala que la información no puede ser reservada si se cometieron violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. Estas son cosas que nos costó mucho trabajo entender. Cuando ya agotamos todos los recursos ante Transparencia para tener acceso a una información determinada, podemos recurrir al amparo; pero nosotros no sabemos nada amparo. Por eso creo que tenemos que hacer un combo abogados y periodistas, porque juntos podemos entender mejor el pulso de algunas cosas.
¿Qué riesgos corre el periodismo con la propuesta de reforma para desaparecer los organismos constitucionales autónomos, en particular el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y sus equivalentes locales? ¿Y cuáles son algunas propuestas del gremio periodístico para que mejore el acceso a la información?
Laura Sánchez Ley – Los periodistas, sobre todo la gente que trabajamos con archivos desclasificados, todo lo que hemos hecho ha sido a través de la intervención del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues la primera respuesta de una autoridad, sobre todo de los militares y de las fiscalías, cuando se les solicitan ciertos datos, es no. Por lo tanto, la desaparición del INAI será una tragedia, porque sus funciones pasarían a manos de la Secretaría de la Función Pública, por lo cual el Estado sería juez y parte.
Nos dicen que tenemos que confiar en la buena voluntad de las dependencias. Pero yo no creo en ella porque llevo más de 15 años tratando el tema del acceso a la información pública y la respuesta que he obtenido todo el tiempo de esas dependencias, es no. A través de la intervención de los comisionados del IANI y de los abogados de las áreas técnicas del instituto, las dependencias han sido obligadas a entregarnos la información que les pedimos. Creer que el Estado, por buena voluntad, nos va a entregar las grandes averiguaciones previas donde se consignan las violaciones y los nombres de los funcionarios que cometieron esas violaciones, es algo muy ingenuo. Había muchos cambios y muchas mejoras que se podrían haber implementado en el INAI, pero su eliminación no era la vía correcta.
Por otra parte, desde el periodismo, a través de Archivero, me gusta apoyar a la ciudadanía. Yo siempre abro convocatorias públicas para que las personas me hagan llegar sus preguntas a la autoridad, para ayudarlas a redactar una solicitud de información y enseñarles cómo pedirla. Hay que obligar a las autoridades a rendir cuentas. Si uno quiere pedir su expediente médico, puede hacerlo. El periodismo de investigación para fines estrictamente personales es mi pasión.
Una ocasión abrí un taller masivo por Zoom, con 500 personas, a través del Centro de Investigación y Docencia Económicas, para enseñarles cómo defenderse en caso de que una autoridad les haya negado el acceso a la información de su área. Los ciudadanos tenemos que exigir rendición de cuentas. De nada sirve que seamos muy poquitas personas las que estemos denunciado todo el tiempo. A mí me conocen hasta mi redacción; aunque me invente nombres y usuarios, me han contestado por mi nombre: Laura. Saben que soy yo por la redacción, conocen mis trucos, no me puedo esconder de ellos. Por ejemplo, hace poco hubo una polémica sobre la jirafa Benito allá en Chihuahua. La gente estaba muy indignada. Les dije que hiciéramos trascender nuestro enojo en Twitter (ahora X) y abrí una base de datos para que las personas expusieran sus preguntas: sobre el sueldo de la directora del zoológico, sobre su declaración, etcétera. Sí hay que enojarnos, pero también hay que pasar a la acción. Imagínense si nos sumáramos abogados y periodistas que conocemos la ley para apoyar esa acción. Sería una chulada.
Has hablado de la importancia de que la ciudadanía se enoje y reclame y has hablado de tus miedos. ¿Qué papel desempeñan esas emociones en tu labor de investigación?
Laura Sánchez Ley – Todas las historias tienen un impacto en nuestra vida personal. Imagínate leer diez mil hojas en las que están contenidas tantas tragedias. Yo recuerdo un expediente que tuve en mis manos y que ha sido uno de los más dolorosos para mí: el del asesinato de los niños LeBaron. Ahí se narraba con todo lujo de detalles cómo ocurrió ese hecho. Lloré tres días tras leer sus historias. Perdí la sensibilidad después de leer tantas tragedias —eso también les pasa a los abogados—, pero llega un punto en el que una se quiebra y reafirma su deseo de que, lo que ha leído, lo conozca la gente para que se indigne, se enoje y exija. Pero también hay días en los que ya no quiero leer más esos expedientes, porque me dejan exhausta.
Cuando descubrimos el avión árabe de realizaba los vuelos de la muerte, antes de publicar la historia, cuando estaba en aquella aeronave, entendí que nuestro objeto de investigación es la gente y que, aunque son temas del pasado, nos afectan a nosotros, pero también a los demás. Vi el avión, me subí y me mareé, pues estaba en un lugar que no se había abierto por mucho tiempo y donde ahora había niños y estudiantes que ignoraban que aquella había sido un arma de exterminio. Me bajé del avión y le hablé a Alicia de los Ríos, la hija de una persona que pudo haber sido arrojada desde ese avión. Ella conoció el aparato después de haber leído lo que yo escribí sobre el asunto. Ha sido uno de los momentos más emotivos de mi vida me dijo que eso era lo único que le faltaba para cerrar su duelo: ir al avión a despedirse de su mamá.
Entonces me decidí seguir desclasificando archivos y construyendo historias para ayudar un poquito a la gente. No soy una salvadora, evidentemente, pero creo que a través de toda esta tristeza que se padece cuando una realiza este trabajo, puede aportar un granito de arena para ayudar a las personas que siguen buscando a sus familias y para orientar a quienes siguen exigiendo justicia en este país tan violento.
¿Archivero, por sí mismo, es una forma de hacer justicia?
Sí, una justicia emocional. Cuando se revela información nueva, Archivero hace justicia.
