Laura Sánchez Ley: Archivero para nombrar los hechos

La garantía del derecho a la memoria no es tarea sencilla. En contextos de graves violaciones a derechos humanos, el acceso a los archivos y a fuentes de información implica múltiples retos y riesgos. Laura Sánchez Ley nos platica su experiencia desde «Archivero», donde ha logrado desclasificar importantes documentos que la llevaron a encontrar, entre otras muchas cosas, el avión utilizado durante los vuelos de la muerte durante la Guerra Sucia.

¿Qué te motivó a fundar el proyecto Archivero y cómo surgió la idea de desclasificar documentos públicos en México?

Laura Sánchez Ley – Yo soy periodista. Empecé haciendo periodismo en la nota diaria y reporteando. Entendí desde muy joven que, con las víctimas sobre todo, en nuestro país todo el tiempo se construían verdades históricas. Encontré publicaciones con versiones contrarias a lo que las familias me contaban. Mi primer acercamiento fue con el caso de Luis Donaldo Colosio. Siendo originaria de Tijuana, muy joven inicié mi trabajo en la sección policiaca del periódico y me encontré con la familia de Mario Aburto y con su historia. Pese a que pensábamos que todo estaba contado sobre ese caso, conocí, a través del testimonio de las mujeres, muchos hechos que no se contaron en la versión del asesinato de Luis Donaldo Colosio que no eran teorías conspirativas sino en sucesos probados.

Por ejemplo, ellas tenían evidencia —documentación pública—, descubierta en Estados Unidos, que reconocía que, desde la niña de cinco años hasta la madre de Mario Aburto, habían sido abusadas sexualmente en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Cuando indagué más, encontré expedientes de juicios de asilo político, en los que se contaba una historia totalmente distinta que nunca apareció en los medios de comunicación.

Cuando una se va adetrando en el mundo del periodismo, se da cuenta de que la verdad en este país siempre está en obra negra. Mientras buscaba, descubrí que existía una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través de la cual podía solicitar expedientes judiciales y ministeriales y reportes policiacos que podrían permitirme llenar los huecos de la historia de nuestro país. Eso me pareció muy bonito y relevante, pues nunca se ha contado todo en México, donde se construyen verdades históricas todos los días. El objetivo del proyecto fue tratar de contar eso a la gente e ir llenando los espacios de información vacíos. Algo súper relevante es que en México todos los días pasa una tragedia más grande que las anteriores; por eso pienso que tenemos que recuperar la memoria histórica, contarle a la gente, apoyados en las redes sociales, para que deje de creer en teorías conspirativas.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en el proceso de solicitar y acceder a información gubernamental en México?

Laura Sánchez Ley – Los mayores retos con los que nos topamos los ciudadanos radican en que, pese a que existe una ley en la materia de acceso a la información pública, recordemos que también existen muchos candados en esa ley. Por ejemplo, se establece que si la solicitud de acceso se trata sobre investigaciones en curso, no se puede dar, y que si afecta la seguridad nacional, tampoco, aunque se trate de expedientes que se pagaron con el dinero de nuestros impuestos y sobre los cuales las autoridades debieron haber rendido informes una vez que se cerraban. Descubrimos que este tipo de casos marcaron la vida política de nuestro país: masacres, violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que combaten el Estado y las Fuerzas Armadas desde 1960. También nos topamos con que muchas investigaciones no estaban cerradas, que intencionalmente las dejaban abiertas para no tener que rendir cuentas a los ciudadanos. Por ejemplo, encontramos asuntos sobre la guerra sucia y el asesinato de Lucio Cabañas y de otros líderes históricos. El hecho de que las investigaciones siguieran abiertas después de tantísimas décadas nos impedía saber cómo habían actuado las autoridades en esos casos, cómo llevaron a cabo sus investigaciones y, sobre todo, nos impedía tener pistas que nos condujeran al esclarecimiento histórico de ese tipo de hechos que marcaron la vida política moderna de nuestro país.

Además de esas cláusulas y de muchos pretextos por parte del Estado para no permitir el acceso a la información está el tema del dinero. Parecería una broma, pero, habiendo pasado por un proceso en el que le exigimos a las autoridades, a través de la ley, la información de nuestro interés, y les pedimos favores a nuestros amigos abogados para que nos ayudaran a impugnar resoluciones, sobre todo en el tema de las Fuerzas Armadas, en lo relativo la seguridad nacional, admitían que tenían el expediente, pero nos decían que nos costaba un millón de pesos hacer la consulta —eso sin sacar copias—, con el argumento de que habían destinado personal para mostrárnoslo al que le debían pagar. Así de ridículos son los costos. Hay una cláusula de la ley que dice que si tenemos problemas con el dinero, podemos pedir apoyo, pero para eso me pedían estados de cuenta, cartas de mi mamá y de mi abuelita, para comprobar que no tenía acceso a ese millón de pesos para pagar la revisión del expediente; No obstante, la ley también decía que cuando se tratara de casos relevantes en los que se habían cometido violaciones a derechos humanos, los expedientes tendrían que estar publicados en una página de internet, transparentes, de acceso abierto, pero eso es algo que no sucede.

¿Cuál ha sido la diferencia entre la consulta realizada en el Archivo General de la Nación y la hecha en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional?

Laura Sánchez Ley – Aparte del tema de la desclasificación de archivos que no se encuentran disponibles para el público y que se están pudriendo en las cajas de la fiscalía, de los juzgados de distrito, o en cualquier otro lugar, y que ya deberían estar en algún archivo —porque no les gusta ser fiscalizados, ellos no hacen la chamba que nosotros tenemos que hacer—, nos encontramos con que no han sido trasladados.

Hay un segundo tipo de archivos: el que ellos decidieron mandar a lugares como el Archivo General de la Nación (agn) o el Archivo Militar. Es una locura lo que sucede; por ejemplo, en el agn tenemos un poquito más de acceso para consultar expedientes, sobre todo de la Dirección Federal de Seguridad —la que fue la policía de espionaje en México—, cuyos lineamientos y valores de este tipo de policía torturadora que asesinó y torturó siguen súper presentes; sin embargo, ha sido muy difícil su consulta. Ha sido un infierno, sobre todo en el archivo militar. Para empezar, al entrar al Campo Militar 1, la oprimen a una de manera terrible. Recordemos que está comprobado que el campo fue un centro de tortura y de exterminio para muchísimos campesinos y profesores que estaban en contra de las políticas del Estado. Actualmente, a una le quitan su teléfono y sus pertenencias para entrar al archivo, no hay señal ahí adentro, una tiene a los militares sobre la nuca viendo exactamente qué está consultando. Además no tienen un catálogo público. La única manera de acceder a información militar en México es por medio de la desclasificación de archivos, pero siempre se protegen con el argumento de la seguridad nacional.

El reglamento del Archivo Militar es de 1933. Ha habido tantos avances en materia de derechos humanos desde entonces que ese reglamento tendría que modernizarse. Por el contrario, el Archivo General de la Nación es público porque obedece al discurso de la construcción de la historia nacional. Pero esta historia también es historia militar. Con un reglamento tan antiguo, sin apego a los derechos humanos, el Archivo Militar seguirá siendo un archivo cerrado.

Laura Sánchez Ley – El Archivo Militar es muy relevante en este momento porque se creó una comisión, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico por parte de la Secretaría de Gobernación, que supuestamente pretendía esclarecer los crímenes del pasado en México. Lo que sucede con este tipo de documentación pública es que no bastó la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador para abrir el Archivo Militar. Sin embargo, cuando los investigadores realizan trabajo en el Archivo Militar, se topan con lo mismo con que nos topamos los periodistas, pero aun peor. Hubo un robo abierto y descarado de archivos que pudieron haber ayudado a esclarecer miles de desapariciones y miles de muertes que se fraguaron por parte del Estado en nuestro país.

Con todo el trabajo que has hecho a través de Archivero, ¿qué impacto esperas que tenga el acceso a estos documentos?

Laura Sánchez Ley – A través de Archivero, en conjunto con instituciones como el agn, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras dependencias con las que nos hemos unido, estamos afrontando el reto de promover que a las nuevas generaciones les importen los temas del pasado.

Hemos logrado desclasificar archivos de los vuelos de la muerte en México, una práctica gubernamental atroz mediante la cual las Fuerzas Armadas eventualmente lanzaron a las costas de Acapulco a más de mil personas Cuando publicamos esa información fue impresionante la cantidad de comentarios que recibimos a través de las redes sociales de personas que no sabían que eso había ocurrió, pues pensaban que algo parecido sólo había sucedido en Argentina. Después fuimos más lejos: desclasificamos más archivos y encontramos el avión desde el cual fueron lanzadas aquellas personas y encontramos contratos irregulares de donación para que esa aeronave fuera trasladada a la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Yo creo que ese aparato podría ser un monumento de memoria histórica.

Lo que nosotros queremos lograr justamente es eso: nombrar los hechos, que la gente sepa que existieron. Creemos en la no repetición, en la verdad y en la memoria histórica, en que a través de esta apertura y su posicionamiento en redes sociales y en otras plataformas —estamos trabajando en la creación y la elaboración de varios documentales— podemos ofrecer una mirada sobre estos hechos distinta a la del Estado.

Pero no solamente trabajamos en el archivo, sino que a través de su documentación —que se crea en el seno de las dependencias del Estado— hemos localizado a decenas de personas nombradas allí y podemos buscarlas para hablar con ellas y preguntarles qué pasó, cuál es su historia 30 o 40 años después… Creemos que con esto podemos reconstruir los pasajes oscuros que han sido enterrados debajo de féretros con 400 candados.

Hemos logrado algunas cosas: en la sentencia histórica del caso Rosendo Radilla, un compositor que está desaparecido, se ordenó que se reconozca la desaparición de Rosendo Radilla por parte del Estado y que se haga un sitio de memoria histórica. Otra fue encontrar el avión árabe desde donde fueron lanzadas al vacío muchísimas personas en la época de la guerra sucia. En este sentido, creo que estamos llevando nuestro trabajo a otro plano y esperamos que trascienda y que ayude a las autoridades a reconocer que sí se cometieron graves violencias por parte del Estado para que eso ayude al esclarecimiento de los hechos.

Más allá del derecho humano al acceso a la información, ¿qué papel juega el periodismo de investigación en la vida democrática y en el derecho humano a la memoria?

Laura Sánchez Ley – Siempre he dicho que el trabajo del periodismo de investigación tiene todo que ver con una obsesión. Yo creo que soy obsesivo-compulsiva. Me parece súper relevante que a través de las metodologías y las herramientas que hemos aprendido los periodistas de investigación podamos llevar los estudios sobre determinado fenómeno social a otro ámbito, porque, no obstante que es bellísimo el trabajo de historiadores y sociólogos, de repente éstos se conforman con los documentos que están a la mano: los expedientes que reposan en el agn o en el Archivo Histórico, por ejemplo; pero se olvida que los ciudadanos también pueden exigir el acceso a otros documentos que no están disponibles fácilmente. Y yo creo que esa también es parte de la tarea del periodismo de investigación.

Hay grandes periodistas que están construyendo memoria histórica a través del periodismo de investigación, pues han podido ir al fondo de ciertos hechos con las herramientas que hemos aprendido de ustedes, los abogados, como pelearnos, impugnar el derecho a la información a través de la ley. Así hemos logrado ofrecer a historiadores, profesores e investigadores más material desclasificado con base en metodologías que aprendimos realizando reportajes sobre corrupción en México. Así aprendimos a hacer periodismo histórico, fiscalizando a funcionarios públicos, exigiendo documentos y contratos, pues entendimos que también podíamos acceder a investigaciones judiciales que se estaban echando a perder o a documentos que estaban escondidos en las fiscalías.

¿Podrías compartir alguna anécdota memorable sobre algún expediente o documento que haya cambiado tu visión sobre un caso emblemático?

Laura Sánchez Ley – Hemos abordado el tema de las fosas de San Fernando; pero no tengo una historia memorable. En la actualidad, investigo muchísimos casos de narcotráfico y lo memorable que tiene esa circunstancia es que he sido amenazada por el Cártel Sinaloa, pero no abundo en el asunto porque no quiero meterme en líos. Puedo contarla, pero sin revelar el nombre de quien me amenazó, porque está libre.

El trabajo de archivos conlleva un riesgo, porque muchos de esos archivos influyen en lo que sucede en la actualmente, sobre todo en el tema del narcotráfico. Nosotros hemos logrado la apertura de archivos en cortes estadounidenses, pero también hemos logrado acceder a muchísima documentación pública a la que en México no se accede y que cuenta la historia de la delincuencia organizada. Yo he recibido amenazas por parte de algunas organizaciones públicas porque se molestaron cuando exhibí documentación que revelaba cómo actuaban en contubernio con los delincuentes. No les gustó que hubiera exhibido los documentos que se presentaban en los juicios en Estados Unidos, pese a que esa era información pública. De ese modo nos dimos cuenta de que aún hay historias del pasado reciente que tiene un fuerte impacto en el presente. Hay que tener cuidado con el manejo de ese tipo de documentación.

¿En qué instituciones has encontrado mayor resistencia para acceder a la información?

Laura Sánchez Ley – La mayor resistencia que hemos enfrentado definitivamente ha provenido de las instituciones de impartición de justicia y de las fuerzas armadas. Ésas son las instituciones que más trabas y pretextos interponen para negar la información.

En el caso Colosio, el juez de Almoloya me dio tres horas para consultar 164,000 páginas y 300 videos y me hizo firmar un acta que advertía que si maltrataba sus archivos me iría a la cárcel. Llegamos, encontramos el expediente del caso Colosio pudriéndose. Levanté una bolsita y de ahí cayeron las balas que extrajeron del cuerpo del candidato a la Presidencia, todavía con restos de sangre. ¿Te das cuenta de la falta de cuidado y de preservación de los archivos históricos que se tiene en este tipo de dependencias? Por ese incidente me hicieron firmar un acta por medio de la cual me informan que van a iniciar un proceso judicial en mi contra, no obstante que aquel expediente se estaba pudriendo.

Otro caso en el que me hicieron la vida miserable fue sobre las averiguaciones previas de los accidentes en los que murieron tres secretarios de Gobernación en México durante los gobiernos del Partido Acción Nacional. Cuando me dijeron que ya tenían el expediente que había solicitado, pagué 10,000 pesos para que me dejaran consultarlo; pero un día antes de que acudiera a revisarlo me avisaron que se había perdido. Lo que pasa es que no quieren que conozcamos todas las irregularidades que se cometen en ese tipo de procesos judiciales. La apertura del expediente sirve para darnos cuenta de todas las porquerías que se han cometido durante los procesos de investigación en nuestro país. Impugné. Cuando logré ver el expediente sólo tenía 800 fojas de una investigación que había durado muchísimos años.

Ante la inseguridad que padecen los periodistas en México ¿has dudado en compartir algún expediente o algún caso?

Laura Sánchez Ley – Siempre dudamos. Cada vez que vamos a publicar un expediente, nos cuestionamos si vale la pena hacerlo: no sabemos quién siente que le estamos pisando los talones. Muchas personas, cuyos nombres constan en estos expedientes, de casos que son paradigmáticos en la historia de México —desde asesinatos de políticos hasta masacres cometidas por el Estado–, siguen vivas y ocupan cargos importantes en el gobierno. Entonces, la verdad es que sí da terror dar a conocer información que los involucre. Cada vez que publicamos un expediente, nos reservamos muchos datos que decidimos no publicar por seguridad. En un país en el que no se esclarece nada, muchos de estos personajes que sirvieron en las fiscalías, que formaron parte de la milicia, que estuvieron en puestos clave de las dependencias encargadas de la impartición de justicia, siguen controlando los hilos del poder.

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