En el contexto de la celebración del Día Internacional de la Democracia, de las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador al Poder Judicial Federal y los organismos constitucionales autónomos, y la experiencia vivida en las urnas el 2 de junio, platicamos con Lorenzo Córdova Vianello sobre la necesidad de proteger esta forma de gobierno a la que nos ha costado transitar en las últimas décadas.
El pasado 2 de junio tuvieron lugar los comicios más grandes en la historia del México independiente, a las que se postularon más de 20,000 puestos de elección popular, y en las cuales la violencia política, la intolerancia social y la falta de propuestas de políticas públicas fueron el ajonjolí. ¿Cómo vislumbra el resultado?
Lorenzo Córdova – Tuvimos una elección que, desde el punto de vista organizativo, logístico, fue llevada a buen puerto; es decir, una vez más, la legendaria capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se había venido poniendo a prueba y desarrollando en los últimos procesos electorales, operó adecuadamente. Desde esta perspectiva, lo que tenemos es una voluntad ciudadana expresada en las urnas, bien contada y que tuvo condiciones de libertad para ser expresada. Sin embargo, también pienso que las elecciones del 2 de junio rompieron una secuencia que había venido construyéndose trabajosamente para generar condiciones de competencia; es decir, fueron elecciones auténticas en muchos sentidos, pero que adolecieron de esa cancha pareja —como se llamó en su momento— que caracterizó a los procesos anteriores; en efecto, lo que tuvimos fue una inédita e indebida intromisión del Ejecutivo federal transgrediendo las prohibiciones constitucionales y un uso intensivo de los programas sociales con fines políticos que claramente desdibujaron la equidad en la contienda. Hubo muchas irregularidades que se permitieron con la condescendencia de las autoridades electorales; por ejemplo, el inicio anticipado de las precampañas que no debió haber ocurrido, tanto por parte de la candidata del oficialismo como por parte de la principal candidata de la oposición. Sin embargo, no pienso que esto se trate de elementos definitorios de los resultados electorales. La gente votó y hay que encontrar las razones del sentido del voto en otro lado, no necesariamente en esto.
Sin embargo, sí es una pena porque la construcción de elecciones íntegras, no solamente bien realizadas desde el punto de vista organizativo y técnico, sino también en la que se garantizan condiciones mínimas de equidad en la contienda, se desdibujó; es decir, esto último ya no ocurrió y es algo muy preocupante, pues nunca habíamos tenido una intromisión como la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en un proceso electoral. Había habido violaciones constitucionales cometidas tanto por Felipe Calderón Hinojosa como por Enrique Peña Nieto, pero en un par de ocasiones cada uno de ellos. El INE emitió más de 50 medidas cautelares en contra de las mañaneras del presidente que claramente habían infringido la prohibición de pronunciarse a favor o en contra de cualquier candidatura o de cualquier partido político.
El Tribunal Electoral, en el proyecto de dictamen de la elección presidencial, consideró, con razón, que los resultados electorales no están determinados por esa intromisión, pero consideró también que esa intervención no fue ni sistemática ni reiterada, porque solamente ocurrió en 10 por ciento de las mañaneras del último año y medio. Esto me parece una expresión de otro fenómeno que lamentablemente caracterizó a este proceso electoral, que es la condescendencia de las autoridades electorales que, en muchos casos cambiando criterios que ya habían sido establecidos y que estaban firmes en procesos electorales previos, permitieron una serie de violaciones a las normas o modificaron sanciones a las violaciones cometidas, abriendo la puerta a un escenario de impunidad hacia el futuro. Que el Tribunal Electoral diga que el presidente de la República violó 30 veces en 30 sentencias la Constitución, de acuerdo; pero que diga que las sentencias del Tribunal Electoral para el presidente tienen un efecto declarativo o que construya la idea de que no fueron violaciones sistemáticas ni reiteradas cuando todo el mundo vio lo que pasó, es una intervención indebida del presidente de la República, con la gran paradoja de que quien pidió que se constitucionalizaran estas prohibiciones fue precisamente López Obrador después de la elección de 2006, como líder opositor. Debe quedar el registro de estas elecciones, en las que, si bien la ciudadanía mexicana tuvo la posibilidad de expresarse con libertad en las urnas, claramente implican un retroceso: se trata de las elecciones más inequitativas de los últimos 20 años.
¿Cuál es su perspectiva sobre la actual administración a cargo de Guadalupe Taddei Zavala?
Lorenzo Córdova – El INE ha tenido un problema de gobernabilidad que no es menor; después de un año y medio de la llegada de la nueva presidencia, la gran mayoría de las direcciones ejecutivas y de la secretaría ejecutiva, es decir, de cargos clave para el funcionamiento del ine, no cuentan con titulares designados como lo establecen la Constitución y la ley electoral; es decir, propuestas de la presidencia hechas al Consejo y avaladas con dos terceras partes de los votos de sus integrantes hablan de un problema de gestión interna no menor. Me parece que, más allá de la toma de decisiones, éstas son colegiadas. Este fenómeno generó un fuerte ambiente de división interna. La presidenta Taddei ha negado esta división, pero basta ver, en las votaciones de los asuntos más relevantes, las polémicas públicas que propiciaron la intervención del Tribunal Electoral para decir que hay algo que no está funcionando bien en el INE. Una situación que debería ser absolutamente excepcional, como el nombramiento de alguna encargaduría de despacho para cubrir algunos cargos de relevancia del instituto por un breve periodo, hoy ya se instaló como parte de la normalidad y de la ordinariedad en el funcionamiento del propio ine. Algo que debería ser una excepción es la regla y algo que debería ser temporal pues ha estado ocurriendo desde hace un año y medio.
El INE no tiene secretario ejecutivo. Nunca había ocurrido en la historia de la autoridad electoral en más de 30 años que, durante tanto tiempo, hubiera un encargado de despacho del cargo más importante en términos ejecutivos del ine. Esto evidentemente es producto de la incapacidad de construir consensos, y a eso me refiero cuando hablo de un tema de ingobernabilidad. Tales consensos ni se buscaron, ni se procuraron y, por supuesto, ni se alcanzaron, al grado de que el Tribunal Electoral, de manera incorrecta, legitimó la figura de las encargadurías de despacho, que son algo excepcional a lo que tiene que recurrirse mientras se construyen los consensos necesarios.
Además, creo que eso se tradujo en una serie de divisiones que hablan de una institución electoral que no está sabiendo procesar internamente sus decisiones. Por ejemplo, la salida pública de la consejera presidenta del INE exhortando y pidiendo que las movilizaciones sociales que se conocen como Marea Rosa no utilizaran el color rosa, que es un color del INE —lo que no está establecido en ningún lado y en ninguna norma— y que después de esta desafortunada acción hayan salido tres o cuatro consejeros a decir que esa era la perspectiva de la presidencia y no de la institución: eso termina mostrando la impericia y la incapacidad de construir acuerdos, que es una cuestión fundamental del funcionamiento de un órgano colegiado. Un órgano colegiado es tal precisamente para que las decisiones no sean unilaterales, para que los puntos de vista institucionales no sean puntos de vista unipersonales, sino que sean resultado de una discusión y un procesamiento colegiado. Debería llamar mucho la atención el proceso de lumpenización del Consejo General, en el sentido de que, a pesar de que es una responsabilidad de la presidencia conducir con orden y respeto las sesiones en el Consejo, ha habido un proceso grave de falta de respeto a esa que ha sido la mesa más importante de la transición democrática, donde las discusiones se han dado con una gran intensidad e incluso con tonos encendidos, pero con el respeto que requiere la discusión democrática.
El balance, en términos de la organización del ine, es bueno. Esto no es obra de la presidenta Tadei, evidentemente. El INE sacó bien la elección gracias al trabajo profesional y probado del servicio profesional electoral. El INE cumplió, aunque eso no implica que no haya situaciones preocupantes que todavía siguen siendo parte del proceso electoral. Extraña mucho —y no es un asunto de respeto político— que el Consejo General no haya hecho pronunciamientos públicos respecto de una propuesta basada en falacias y en mentiras de reforma electoral. El Plan C, y eso está avanzando porque ya son asuntos dictaminados en la Cámara de Diputados, plantea la desaparición del INE y la reformulación total del sistema electoral tal como lo conocemos, a partir de una serie de suposiciones falsas, como que el sistema electoral es muy caro, que no garantiza imparcialidad, que el INE y los organismos públicos locales trabajan con sesgo político; se está planteando una reforma que claramente implica una captura del órgano político a partir de la elección popular de los consejeros electorales, y de los magistrados del Tribunal Electoral, y esto no ha merecido en más de un año no se hayan pronunciado (Alguien dice que es por prudencia, pero la verdad me preocupa que esto pueda traducirse no en prudencia, sino en condescendencia con una reforma malintencionada.) Sería importante que si coinciden con la reforma quienes integran el Consejo General del INE lo digan, porque eso afecta intereses y derechos de los trabajadores del propio instituto y ellos son responsables de velar por los derechos y las garantías laborales de dichos trabajadores.
Ante el descontento de la oposición, se especuló que hubo fraude electoral en esas elecciones. Sin embargo, hay una gran diferencia entre un fraude electoral y unas inconsistencias abismales. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Lorenzo Córdova – Yo lo dije desde la noche de la jornada electoral, cuando hubo algunos sectores y personajes de la oposición que pretendieron instalar en el discurso público la idea de que se había cometido un fraude. Fraude no hubo. ¿Quieren saber qué es un fraude? Vayamos a ver las elecciones de hace algunas semanas en Venezuela: hay un fraude cuando no se sabe si los votos fueron contados bien porque no hay acta de la constancia de los votos; hay un fraude cuando la autoridad electoral dice que ganó alguna candidatura a un cargo de elección popular sin presentar ningún soporte documental o cuando no hay ninguna evidencia de los votos que se dice que obtuvo un candidato ganador.
Lo que hubo en la elección de 2024 en nuestro país fue una actuación timorata, tibia, condescendiente y obsequiosa de las autoridades electorales frente a las irregularidades que se cometieron. Por ejemplo, hubo hechos que se habían sancionado en el pasado de manera muy severa, porque así lo plantea la ley, como ocurrió con algunos aspirantes a una candidatura en 2021 que violaron las reglas de fiscalización (Salgado Macedonio, Morón y un poco más de 40 aspirantes que hicieron precampaña): no presentaron el informe correspondiente, dijeron que no habían hecho precampaña, el INE descubrió que sí habían hecho actos y gastos de precampaña y se les aplicó la ley, que dice que a quien incurre en esta violación se le cancela el registro, y eso fue lo que en su momento validó el Tribunal Electoral. Ahora, para quienes incurrieron en este ilícito, 30 candidaturas, todas de Morena, se decidió que mejor se les aplicaría una multa y no lo que establece la ley. Estas actividades, como otras muchísimas, constituyeron un abaratamiento de las sanciones por relajar los criterios que habían venido construyéndose en la última década, con una lógica equivocada de condescendencia o para quedar bien con los partidos.
Eso que ocurrió evidentemente provocó e incentivó la impunidad y, consecuentemente, los ilícitos; pero de ahí a decir que hubo un fraude hay un gran trecho. Como lo mencioné, fueron elecciones profundamente inequitativas, pero en las que la voluntad popular se expresó y es la que se dio a conocer con toda precisión y puntualidad, con mecanismos que funcionaron de maravilla: el conteo rápido la noche de la elección, que por primera vez nos dio resultados no sólo de la presidencia sino también, al mismo tiempo, de la eventual integración de las Cámaras del Congreso de la Unión, así como de las nueve gubernaturas en disputa; cifras o rangos de votación que coincidieron perfectamente con lo que arrojó el PREP1 horas después y que coincidió con una gran exactitud con lo que acabaron revelando los cómputos distritales a pocos días de la elección. En México no hubo fraude ni elección de Estado, como ocurrió en Venezuela o en México hace 40 años. Hubo irregularidades cometidas, en primera instancia, por el presidente de la República; hubo condescendencia de las autoridades electorales; hubo abusos de los que todavía estamos viendo hoy con el tema de la sobrerrepresentación por encima de los límites constitucionales que pretende el oficialismo. Todo eso hubo y no hay que menospreciarlo.
¿Quieren saber lo que son las elecciones de Estado? Espérense a ver si pasa el Plan C y se reformula el sistema electoral, donde va a haber un control político de los órganos electorales. El fraude es un término con el que hay que tener mucho cuidado.
¿Es imprescindible lograr un avasallamiento autoritario para gobernar tras haber recibido los frutos de la Revolución francesa en 1798?
Lorenzo Córdova – Hay una vocación declarada del presidente de la República y del actual gobierno de no atender lo que se dice en la Constitución. No lo digo yo, lo dijo el propio presidente: “No me vengan con que la ley es la ley”. Esa es una declaración. De hecho, es decir que la autoridad moral y política del presidente está por encima de cualquier ley, incluida la Constitución. Eso evidencia un modo profundamente autoritario de entender la política y el derecho, que es el que ha caracterizado al actual gobierno. El menosprecio del control de constitucionalidad que ha ejercido un órgano como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está allí precisamente para evitar que los órganos políticos, el gobierno y el Poder Legislativo —políticos por ser electos popularmente—, transgredan los límites que establece la Constitución, sea descalificado como la actuación de grupos conservadores que están en contra de una sedicente transformación, es el mejor ejemplo de que hay un profundo desprecio por la legalidad y por la constitucionalidad.
Decir que el pueblo está por encima de lo que dice la Constitución implica simple y sencillamente no entender lo que es un Estado constitucional. El pueblo hizo la Constitución y puso lo que quiso allí. Por eso nadie en nombre del pueblo puede ir en contra de la Constitución, porque ir en contra de ella significa ir en contra de lo que el pueblo plasmó. Invocaste la Revolución francesa: uno de los principios básicos de la Revolución de 1789 fue la soberanía popular, que viene de esa gran construcción que la Revolución francesa exportó al mundo luego de la obra de Jean-Jacques Rousseau. La soberanía popular supone que el pueblo establece las reglas del ejercicio del poder en la Constitución. ¿Qué dice el artículo 40 de nuestra Constitución? Es voluntad del pueblo soberano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Y el resto de la Constitución establece cuáles son las condiciones que el pueblo soberano decidió fijar, cuáles son las facultades y cuáles son las limitaciones al poder. Eso es lo que quiere el pueblo. No lo que algún iluminado que en la noche habló con el pueblo nos viene a decir en la mañana que es la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo se expresa, por supuesto, en las urnas; pero en primera instancia se plasma en la Constitución. Por eso la gran concepción del constitucionalismo moderno es que ninguna mayoría, ni siquiera una mayoría legítima, puede hacer lo que quiera y violar los derechos de los demás, así sean los derechos de una minoría; ése es el arreglo de la democracia constitucional que se ha construido en el mundo moderno y ése es el arreglo que el pueblo mexicano decidió y plasmó en la Constitución.
Dicho lo anterior, yo pienso que todas las democracias constitucionales en el mundo viven un momento muy complejo de regresión autoritaria. Y México no es una excepción. El Plan C no es otra cosa sino la intención de desmantelar el orden constitucional que se construyó para poder salir del régimen autoritario que teníamos y que se plasmó en la Constitución a partir de cuatro grandes ejes para poder establecer un régimen democrático. Lo que se conoce como la transición, es ese periodo que se fue instrumentando gradualmente desde finales de la década de 1970, pero sobre todo que se concretó entre el decenio de 1990 y de ahí para acá, en este brevísimo lapso de apenas poco más 30 años, que es un paréntesis muy breve en nuestra historia de más de 200 años de vida independiente (México ha vivido solamente menos de 30 años en un contexto democrático, si quitamos los destellos de democracia que fueron casos verdaderamente esporádicos a lo largo de nuestra historia constitucional, como los breves meses que sucedieron a la Constitución de 1857, antes de que México se enfrascara en la guerra civil que se conoce como Guerra de Reforma o Guerra de los Tres Años, o los 13 meses de gobierno maderista que terminaron con el golpe de Estado de Victoriano Huerta); es decir, en gran parte de su historia México ha vivido bajo la sombra del autoritarismo. Hasta que, con la transición, logramos abrir este paréntesis democrático, que ojalá no sea un paréntesis que tenga un corchete de cierre pronto… Pero puede ocurrir.
La transición pasó por cuatro ejes estructurales. Primero, un eje de apertura que implicó que el régimen cerrado, vertical, autoritario e impermeable al pluralismo que se construyó durante el siglo XX —lo que se conoce como el presidencialismo mexicano— se abriera a una creciente pluralidad política, germinal en un principio, y que esa pluralidad no solamente pudiera encontrar un cauce institucional para expresarse, sino además reflejo en los órganos de decisión política, concretamente en el Congreso; apertura del sistema de partidos para nuevas alternativas que habían estado excluidas artificialmente hasta entonces, pero también apertura a través de mecanismos como la representación proporcional, que permitió que esa pluralidad política se pudiera expresar allí donde se toman las decisiones colectivas. Segundo, un eje electoral que implicó construir un sistema que permitiera que las elecciones fueran libres y auténticas, como lo establece la Constitución, y que sean éstas en las que el voto popular se exprese autónomamente y se defina quiénes ocuparán los cargos de representación política; eso pasó por construir un sistema electoral que inyectará confianza, credibilidad, pero sobre todo, certeza de que la voluntad ciudadana puede expresarse libremente y va a ser respetada en el sentido en el que fue plasmada en las urnas. Tercero, un eje de división de poderes que implicó convertir al Poder Judicial en un auténtico poder y reivindicar el principio de división de poderes que siempre estuvo allí. México ha tenido división de poderes desde la primera constitución, la de 1824. Todas las constituciones, incluso las conservadoras, establecían ese principio, que es uno de los grandes principios del constitucionalismo moderno y que busca acotar el poder —o, como afirmaban Locke y Montesquieu, los creadores de esta gran técnica moderna de delimitación del poder: que el poder frene al poder, dividir al poder para que el poder se frene a sí mismo—. Esto siempre existió en la Constitución, pero siempre fue papel mojado. ¿Qué pasó durante todo el siglo pasado? Había un Poder Judicial, un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo. Por un lado, la puerta de acceso al Legislativo era un partido, que constituía un mecanismo de control social y político formidable, en cuyos estatutos establecía que su jefe nato era el presidente de la República y que se convertía en el espacio donde se procesaban los grandes consensos, pero, sobre todo, se aterrizaba la voluntad presidencial. A través del partido, el Legislativo se convirtió en una especie de oficialía de partes de la voluntad presidencial; jamás fue un contrapeso del Ejecutivo. Por el contrario, fue un brazo político que instrumentaba la voluntad del Ejecutivo. Por otro lado, el Poder Judicial era un poder controlado políticamente; la Corte no solamente era la cabeza del Poder Judicial porque era la última instancia, la de mayor jerarquía, sino porque, además, era el órgano del gobierno de todo el Poder Judicial: si uno quería ser juez, tenía que ser aprobado por concursos que organizaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controlar a la Corte significaba controlar todo el aparato de justicia que estaba subordinado a ella. Todos los ministros de la Corte se debían a la voluntad presidencial, a quien los proponía para el cargo al Senado, donde, hasta 1988, no hubo oposición. De facto, teníamos una división de poderes inexistente. Para poder romper esa inercia que caracterizó al régimen del presidencialismo mexicano y que hacía de la Suprema Corte y, consecuentemente, del Poder Judicial, salvo rarísimas excepciones, un órgano controlado políticamente por el gobierno, se tuvieron que construir condiciones de independencia real del Poder Judicial, de autonomía frente a los órganos políticos. Esto se hizo gracias a la reforma de 1994, mediante la cual se construyó la Suprema Corte como un órgano de control y de constitucionalidad y se creó el Consejo de la Judicatura como un órgano de gobierno de toda la magistratura que garantizara el acceso por concurso, el acceso meritocrático, la disciplina judicial con garantías para todos los juzgadores. Eso se concretó y se perfeccionó con la reforma en materia de derechos humanos y de amparo de 2011.
El cuarto eje fue la creación de una serie de instituciones técnicas que fungieron como mecanismos de contrapeso y de control del poder adicionales, complementarias a la división de poderes, es decir, órganos constitucionales autónomos. Todos los órganos constitucionales autónomos que surgieron en los últimos 30 años pasaron a ejercer funciones que antes estaban en manos del Ejecutivo. Todos los órganos constitucionales autónomos nacen arrebatándole funciones al gobierno para que sean estas funciones, algunas muy específicas, ejercidas con criterios técnicos y no con criterios políticos, como ocurría.
Estos son los cuatro ejes de la construcción de nuestra transición. Todo esto para decir que el Plan C busca dinamitar justo estos cuatro ejes: eliminar la representación proporcional en el Senado y en la Cámara de Diputados y a las senadurías de primera minoría; dinamitar el sistema electoral que tenemos y sustituirlo por un nuevo órgano electoral completamente centralizado en el que sus titulares serán elegidos popularmente —la mejor manera de politizar un órgano es que sus titulares sean elegidos—; dinamitar el Poder Judicial y, de nuevo, elegir a todos los jueces, magistrados y ministros, a todos los juzgadores a nivel federal y local, para que sean electos popularmente; finalmente, quieren desaparecer los órganos autónomos, cuyas funciones regresarían al Ejecutivo.
En síntesis, el Plan C es un perverso plan de regresión autoritaria como no lo habíamos visto nunca antes en la historia. Porque, por cierto, nunca habíamos sido un régimen democrático y por lo tanto no había para dónde dar marcha atrás. ¿Estamos ante un riesgo de regresión autoritaria? Sí.
¿Qué es más importante: salvar la democracia o la república?
Lorenzo Córdova – En la acepción constitucional, yo no entiendo la república sino como una república democrática. La república no existe, la república es una de las posibles formas de Estado que históricamente nace en contraposición a las monarquías. ¿Qué eres, monarquía o república? Ése, por ejemplo, es el primer gran dilema constitucional que tuvieron que enfrentar los italianos después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del fascismo, cuando estaban restableciendo su orden constitucional. Ése es el origen del concepto. La república hoy es una cosa mucho más amplia y no solamente la contraposición de la monarquía. Hay repúblicas democráticas… Puede haber repúblicas autoritarias. República o democracia es un falso dilema.
Yo te diría que lo que hay que proteger es lo que trabajosamente hemos tratado de construir y que es alguna obra, por cierto, inacabada, que es una república democrática. Lo que está en juego no es el Estado mexicano, pues ése seguirá existiendo. El punto es qué tipo de Estado queremos: ¿un Estado republicano democrático, o no? La clave está en leer de nuevo el artículo 40 constitucional. No se trata nada más de la voluntad del pueblo mexicano, pues lo que quiere la Constitución política no es nada más constituirnos en una república, es decir, en algo que no es una monarquía, sino que esa república tenga ciertas características (establecidas por el propio texto constitucional): que sea una república representativa y democrática; no basta que alguien obre por nombre y cuenta de la república, un monarca, un iluminado, un dictador, sino que tiene que haber república representativa, y esa representación tiene que ser democrática y además laica y federal. Eso es lo que tenemos que estar construyendo, frente a las intenciones de una centralización del poder político como la que estamos viendo, frente al abuso de los símbolos religiosos que contravienen claramente la noción de una república laica. La invocación de valores religiosos como parte de la ética pública me parece gravísima en términos del carácter laico del Estado.
El dilema está entre qué queremos: una república democrática, representativa, laica y federal, o una república autoritaria. Todos quienes creamos en la democracia constitucional debemos decir no a los intentos de regresión.
¿Sería conveniente retomar el Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos en estos tiempos de incertidumbre e incentivar el interés público? ¿O qué otro tipo de paneles considera que tendrían que realizarse para generar un interés mayor en la defensa de los organismos constitucionales autónomos?
Lorenzo Córdova – Absolutamente. Son muy pertinentes ejercicios como el de esa conjunción, esa especie de confederación de organismos autónomos, tanto federales como locales, que se logró en el pasado. La defensa de los órganos autónomos pasa en primer lugar porque los órganos autónomos concitan a esa defensa y advierten sobre los riesgos de eventuales regresiones. Así que todos los ejercicios de explicación, es decir, de pedagogía sobre los riesgos que se viven, todos los ejercicios que impliquen generación de sinergias y de colaboración entre los distintos órganos autónomos, no solamente tienen que ser bienvenidos sino que deben ser entendidos como necesarios.
No basta con que la defensa de la democracia se dé a través de las instituciones, defendiéndose a sí mismas frente a los intentos de regresión, de desmantelamiento o de captura, sino también a través de una importante movilización social. La única manera de salvar la democracia frente a los intentos de erosión, desmantelamiento y desprestigio que existen en el mundo, es que los ciudadanos —quienes son los autores reales de un sistema democrático— se conviertan en defensores de la misma. John Keane, un politólogo australiano que me gusta citar mucho, autor de Vida y muerte de la democracia (Life and Death of Democracy), reconstruye cómo a lo largo de la historia de la humanidad han nacido y muerto las democracias, desde la Antigüedad clásica, incluso antes de la Grecia clásica. Y la conclusión a la que Keane llegó es que la muerte de una democracia se puede deber, igual que su nacimiento, a múltiples factores: una guerra, una invasión, una revolución, una crisis civil, una crisis económica, entre otros. A pesar de las muchas razones que, en distintos momentos, han llevado a la muerte a una democracia, lo que siempre está presente son dos factores: por un lado, siempre hay quienes atacan a la democracia (quienes la exoneran, la descalifican, actúan para desmantelarla), y son los culpables; por otro lado, están otros, que suelen ser la mayoría, que permiten que los culpables, por distintas razones (por indolencia, indiferencia, menosprecio, miedo), ataquen a la democracia, y son los responsables. La lección que yo planteo a partir de esta referencia a Keane es que la defensa de la democracia no solamente es responsabilidad de los órganos o de las instituciones encargadas de garantizar que las reglas, los principios, los valores y los derechos que sustentan una democracia sean respetados, eficaces, efectivos, sino también de los verdaderos autores de las democracias, que son los ciudadanos.
La democracia no es algo que cae del cielo. Hay muchas maneras por las cuales nace una democracia, pero nunca ha nacido como una concesión graciosa del poder; nunca ha habido un tirano, un dictador, un déspota, un autoritario que le regale la democracia a la ciudadanía. Ni siquiera lo plantea así Maquiavelo, que dice que en la construcción del Estado es indispensable el trabajo de un príncipe que, por las buenas o por las malas, construya el Estado, establezca la supremacía del poder del Estado sobre los demás poderes, subordine a todos los otros poderes que existen en la sociedad a la voluntad soberana del Estado y que después este soberano le enseñe la virtud política a los ciudadanos para dar paso a una república, es decir, a una democracia en la que todos serán como príncipes. Eso está muy bien que lo haya dicho Maquiavelo, eso jamás ha pasado.
“El poder es como el agua”, como afirmaba un amigo arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Héctor García Olvera, que enseñaba la clase de Hidráulica. Les decía a sus alumnos que la razón de ser de todo lo que iban a aprender ahí (por qué impermeabilizar, por qué hacer pendientes, por qué canalizar el agua) estaba en la ley fundamental de la hidráulica: el agua es cabrona. Yo empiezo siempre mis clases de derecho constitucional contándoles a mis alumnos que el poder es como el agua; por eso hay que encauzarlo, limitarlo, limitarlo, ponerle diques, reglas, porque de otra manera el poder, como el agua, se desborda, invade todo, permea todo, mina cualquier cosa, se ejerce de manera incontrolada. Por este motivo no ha habido ningún poder que, por voluntad propia, haya transitado hacia una democracia; cuando esto ha ocurrido ha sido porque ha habido presiones, demandas, exigencias, luchas sociales que lo obligan a democratizarse. En general, la historia de las democracias siempre es esa. La democracia es un conjunto de conquistas ciudadanas. La democracia no cae de lo alto, la democracia se conquista desde abajo y por eso mismo la defensa de la democracia también es responsabilidad de quienes son sus autores.
En este sentido, sí son importantes ejercicios como los que en su momento llevó a cabo el Congreso Nacional de Organismo Públicos Autónomos hizo. Cuando la ciudadanía, por las razones que sean, deja que la democracia se agote, ésta no puede salvarse. Así pasó en la Italia del fascismo, así pasó en la Alemania del nazismo, así ha pasado en muchos países que han visto el desmantelamiento democrático y la regresión autoritaria.
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Y vamos de nuevo.
Lorenzo Córdova – Espero que no. Por eso es importante la movilización de la ciudadanía. El derecho a la protesta es algo consustancial de una democracia. Pero lo que es normal es que las protestas se den en contra de ciertas políticas públicas, en contra de algún fenómeno ominoso como la inseguridad o la violencia contra las mujeres. Pero es muy raro ver a la gente saliendo a la calle a defender instituciones como el INE o defender algo tan abstracto y etéreo para muchos como la democracia. Pero eso es algo que ha pasado en México. Ojalá estas expresiones no sean algo que se diluya en un momento de coyuntura, como fue el proceso electoral, y ojalá, ante los intentos de un autoritarismo que no ceja, la ciudadanía siga manifestándose. Es lo que va a salvar a la democracia, junto a muchas otras cosas, pero esto de manera fundamental.
El hartazgo y el hecho de que no pase nada también desanima mucho a la sociedad.
Lorenzo Córdova – No sólo eso. Entre los ciudadanos de las democracias del mundo —y México no es la excepción— aumenta la lógica de que la democracia no les resuelve los problemas, no sirve, no da lo necesario para la supervivencia cotidiana. Por eso deberíamos preocuparnos muchísimo. La democracia no es la solución de los problemas, sino un mecanismo, un procedimiento para que se construyan colectivamente políticas públicas que son las que resuelven los problemas. Y la verdad es que tenemos un problema con el que debemos hacer las cuentas. Los gobiernos democráticamente electos no han sido capaces de resolver los grandes problemas estructurales y, sobre todo, los de justicia social que padece la sociedad mexicana desde hace más de 100 años. La gran promesa incumplida de la Revolución mexicana, que se hizo en nombre de la justicia social, es justamente que no se ha concretado más de un siglo después: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad. Allí están como elementos que en conjunto generan un caldo cultivo en el que proliferan pulsiones autoritarias.
El principal problema lo revelan los estudios de opiniones: cómo está creciendo aceleradamente entre la ciudadanía la percepción de que la democracia no sirve y que más vale tener un gobierno autoritario que resuelva los problemas. Allí está lo que nos reveló el informe del Latinobarómetro en 2023, por ejemplo: México es el país que en los últimos 25 años más rápidamente ha degradado su confianza democrática, de toda América Latina; la cantidad de personas que prefieren un gobierno autoritario o un gobierno militar que resuelvan los problemas aumenta como en ningún otro país de Latinoamérica. También el reciente informe —de febrero de este año— del Pew Research Center, el primero después de la pandemia, que permite contrastar de manera dramática qué ha pasado entre 2017 y 2023: México es un país en el que la respuesta afirmativa a si es preferible tener un gobierno autoritario aumentó de 27% en 2017 a 50% en 2023; es decir, la mitad de la población considera que no existe un Poder Judicial que sirva de contrapeso al Ejecutivo, o un Legislativo que le ponga límites al presidente. El autoritarismo llega al poder por múltiples vías, pero cuando tiene una base social es imparable, y eso es lo que debería preocuparnos.
¿Y eso no tiene que ver también con la tendencia global? ¿Es el panorama favorable a una corriente populista?
Lorenzo Córdova – Absolutamente. A ver, esto está ocurriendo no solamente en jóvenes democracias insatisfechas como la nuestra, sino también en el corazón de las democracias más viejas y añejas del mundo, y en las más exitosas, como la de Estados Unidos. La regresión autoritaria en Estados Unidos es un fenómeno absolutamente real, y no lo digo yo, lo dijo Trump al pedir el voto de los evangélicos, de los cristianos, para que ya no tengan que volver a salir a votar; ¿qué significa eso? Pedirles que voten por él para que ya no haya necesidad de volver a salir a votar nunca más en sus vidas. Hay gente que está dispuesta a atender el llamado de un orate como éste, como el que hace este llamado, que es un autoritario de quinta. Lo que quiero decir es que esto está pasando en Estados Unidos; pasó en Polonia, en Hungría, en Turquía. Estamos atestiguando el ascenso de partidos ultranacionalistas y contrarios a la lógica de los derechos, sin los cuales no se explica en una democracia el ascenso de expresiones como Vox o como el nuevo frente popular en Francia, Regeneración Nacional, como se llama el nuevo partido de Le Pen. Realmente deberíamos preocuparnos. Claro que hay una tendencia global producto del hartazgo, de la incapacidad de la democracia para generar satisfactores; pero eso no es culpa de la democracia, sino de políticas públicas que han provocado que hoy estemos viviendo el momento de mayor desigualdad en la historia de la humanidad. Nunca antes se había generado tanta riqueza como en la actualidad, y nunca antes había habido tanta desigualdad como la que hoy prevalece. Eso evidentemente tiene sus costos: genera este caldo de cultivo para soluciones autoritarias, presuntamente iluminadas, de personajes que están dispuestos a vender ilusiones contra toda evidencia, terraplanistas.
En materia internacional, la Comisión Europea publicó en octubre de 2022 un draft sobre el proyecto de sistema electoral en el que postula su preocupación ante el posible problema estructural y la eliminación de la representación política ¿Qué nos puede decir sobre este tema? ¿Lo anterior influirá en la concreción de un tratado comercial entre México y la Unión Europea?
Lorenzo Córdova – No solamente hay un draft, sino también incluso la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa. A solicitud del ine, que es un órgano técnico de la propia Comisión, ésta ya emitió no sólo un draft, sino un dictamen técnico en el que se pronuncia en contra de lo que se conocía como Plan A y que ahora forma parte del Plan C; es decir, sobre el intento de reforma constitucional que desaparecía al INE y que planteaba la elección de los consejeros electorales y de los magistrados electorales. En su momento, la Comisión de Venecia dijo que la elección popular de quienes cumplen una función de arbitraje y juzgamiento —o sea, una posición de terceros superpartes que tiene que ser equidistante de las partes en disputa— era contraria a los principios democráticos, del mismo modo que la elección de los jueces es contraria a los principios democráticos.
Hoy estamos en la fase final de ratificación de un tratado de libre comercio con la Unión Europea que está detenido en el Parlamento Europeo en buena medida porque ese tratado comercial, a diferencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, sí tiene una cláusula democrática —porque así lo obliga la normativa europea— por la que la Unión Europea no puede firmar tratados comerciales con países o con regímenes que no cumplen con mínimos estándares democráticos. Esa es una de las razones por las cuales este tratado no se ha terminado de concretar.
Así que sí, y más todavía conociendo lo que se ha hecho con los drafts y con los documentos que hasta ese momento se conocían. Imagínate, con una amenaza real de regresión autoritaria como es el Plan C. Yo sí pienso que puede provocar algún tipo de reacción en la comunidad internacional. Estados Unidos es un país que no tiene ningún empacho en establecer relaciones comerciales y políticas con regímenes autoritarios; las ha tenido y las promovido a lo largo de su historia, pero la cosa es distinta en la relación bilateral con México, donde tiene tres intereses: migración, control de drogas y comercio. Tendremos que ver si eventualmente no les hace levantar la ceja la existencia de un Poder Judicial que no garantice condiciones de independencia para resolver las disputas que puedan producirse entre inversionistas y gobiernos, y políticas públicas. Por lo pronto, con la Unión Europea el estado de cosas de la actual democracia puede acarrear problemas como impedir el avanzando en la ratificación o la concreción de ese tratado.
Notas:- «Es el mecanismo de información que, al término de la jornada electoral, permite consultar, a través de internet, los resultados preliminares —no definitivos— de las elecciones, con base en los datos asentados en las actas de las casillas.»[↩]