Loretta Ortiz Ahlf, actual consejera de la Judicatura Federal, ha forjado una destacada trayectoria en el servicio público y es una reconocida académica, experta en derecho internacional. En esta entrevista nos comparte sus reflexiones acerca de una diversidad de temas que van desde el reciente —y polémico— amparo promovido por el rector de la Escuela Libre de Derecho contra la reforma judicial hasta el perfil que deben tener los abogados en México, pasando por cuestiones como la paridad de género en el Poder Judicial y el desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Empecemos por un tema polémico relacionado con la reciente reforma judicial. Como egresada y profesora de la Escuela Libre de Derecho, ¿qué opinas del amparo contra la reforma que presentó el rector de la Libre?
La escuela se constituyó con el objeto exclusivo de enseñar las ciencias jurídicas y sus auxiliares y como una institución independiente del poder público y ajena a todo fin político o credo religioso. El rector Ricardo Silva argumenta que tiene poderes para presentar el amparo en nombre de la escuela. Pero se trata exclusivamente de un poder para pleitos y cobranzas, es decir, para actos relacionados con la escuela.
El rector debe ser un ejecutor de las resoluciones que toma la Junta de Profesores, que es el principal órgano que decide el rumbo de la escuela.
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¿No deberían estar comprometidas las escuelas de derecho con la defensa del marco legal, así como con la formación de los estudiantes?
Hay universidades que efectivamente tienen clínicas de derechos humanos o bufetes de litigio estratégico. Pero se debe analizar el objeto social de cada institución. En el caso de la Libre es exclusivamente la enseñanza.
En la Universidad Iberoamericana fui directora del Centro de Asesoría Jurídica de la Casa Meneses, que es una asociación específica de la universidad. Ahí tuve la intención de abrir un centro de mediación y no me lo autorizaron porque esa actividad no está en el objeto social de la asociación. Y no podía acudir al rector para que lo autorizara, porque él no decide por sí solo; hay órganos como el Senado Universitario y la Asamblea General de Asociados.
Entre quienes han apoyado al rector se menciona que a lo largo de su historia la Libre ha dado la pelea judicial en varias ocasiones. ¿Podemos equiparar esas otras ocasiones con ésta?
En 2006 —ironías del destino— interpuse una queja por la violación del derecho al voto en la elección de Felipe Calderón ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cómo lo hice? A título personal, a pesar de que era directora del Departamento de Derecho de la Ibero, consejera de la CNDH y profesora de la Libre. Lo que quiero decir con esto es que una acción de esta naturaleza debe ser presentada a título personal.
Se menciona que la reforma judicial propicia el autoritarismo del presidente de la Corte y de los consejeros de la Judicatura Federal. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Que no hay autoritarismo. Todas las resoluciones se toman dentro del marco legal; de hecho, la reforma fortalece la forma en que estamos trabajando.
Anteriormente, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal hacía la investigación y luego removía a jueces y magistrados contra los que se presentaban las quejas. Pero con la reforma se separan las funciones de la Unidad de Investigación y de la Comisión de Disciplina.
También tenemos comisiones de vigilancia, de carrera judicial… Lo que hacemos es evaluar que los concursos se realicen con estricto apego a la normatividad; tenemos muchísimo cuidado de no llegue a ser juez alguien que no realice el examen correctamente y que no tenga el perfil establecido. Todo esto beneficia al Poder Judicial. Anteriormente, los juzgado estaban llenos de familiares. Ahora ya se combate ese nepotismo.
Y, por si eso no fuera poco, ahora la Escuela Judicial es autónoma y tiene su propia ley; no como antes, cuando se vendían los exámenes.
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A pesar de las reformas, el titular del Ejecutivo se ha ensañado contra el Poder Judicial y ha repetido en múltiples ocasiones que está corrompido y es una mafia…
Estamos construyendo un sistema mucho más transparente, ordenado y legalizado, aunque tengamos algunos casos de corrupción. Pero como ésta no se puede eliminar por completo, para eso existen órganos de control y para eso estamos los consejeros de la Judicatura Federal.
El famoso artículo transitorio de la reforma judicial también te beneficia a ti. Hasta ahora no has hecho ninguna declaración al respecto.
Yo tenía la certeza de que este tema se iba a resolver ante las instancias correspondientes, que iba a llegar a la Corte y se iban a presentar las acciones de inconstitucionalidad. Y decidí ser respetuosa del proceso legislativo. Si se hubiera dado el caso que se declarara constitucional, en ese momento expresaría mi decisión de ocupar mi cargo conforme a los términos constitucionales; ni un día más.
Cerrando el tema de los órganos impartidores de justicia, parece que padecen una contaminación política. Un ejemplo clarísimo es lo que sucedió con la presidencia del Tribunal Electoral. En la opinión pública queda la percepción de que hay un manoseo de los puestos, intereses personales, deseos de reelegirse, beneficios…
Hay órganos cuya función debería ser estrictamente jurídica, pero se mezclan cuestiones políticas. Y esta preocupación que siente el común denominador de las personas también la he sentido yo. El problema se deriva de que los nombramientos se realicen por cuotas de partidos. Debería nombrarse a magistrados, a personas no vinculadas con los partidos políticos.
En el caso concreto del Tribunal Electoral, su autonomía e independencia se pueden garantizar nombrando a personas expertas en el tema electoral. Hay muchos académicos, muy reconocidos, que no están vinculados con un partido político.
Hablando de partidos políticos, has sido muy crítica de lo que llamas el “PRIAN” y precisamente eso te llevó a ser miembro fundador de Morena. ¿Hacia dónde va este partido? Es evidente el “abandono” del presidente y las luchas internas por el control.
Yo dejé el partido cuando fui propuesta para formar parte de la Suprema Corte, pero ciertamente las cosas han cambiado mucho desde el momento en que empezó el movimiento. No estoy involucrada con la vida del partido, pero creo que, como sucede en todos, puede haber fracturas, desencuentros, movimientos… Es algo normal en la vida partidaria. Y a raíz de los resultados de la última elección, Morena tiene que repensar qué sucedió si quiere mantenerse como partido mayoritario.
Los partidos siguen teniendo injerencia en las designaciones a pesar de que en las evaluaciones del nivel de confianza entre la población el Congreso se sitúa muy abajo…
Los derechos no son de los partidos, sino de las personas, y hasta que éstos no sean garantizados de manera efectiva, sin que medien los partidos, estaremos condenados.
Por ejemplo, ¿tú crees que la reforma electoral de Ernesto Zedillo, en 1995, fue por voluntad propia? Por supuesto que no. Se presentaron reclamaciones a la Comisión Interamericana pidiendo el respeto al voto, que estuvieron muy bien soportadas, y la comisión señaló la falta de mecanismos protectores del derecho al voto, independientemente de si se llamaba garantía individual o derecho humano.
Todavía hasta hace poco en el Poder Judicial, cuando impartía algún curso, me decían: “Hay garantías y hay derechos”. No fue sino hasta que se reformó el artículo primero constitucional que se garantizó el derecho humano al voto.
Ahora que mencionas el tema de los derechos humanos, me gustaría preguntarte cómo ves el desempeño de la CNDH? ¿Hemos avanzado, retrocedido o estamos igual?
Se podría hacer más. En mi opinión, es necesario modificar la Constitución para darle otras facultades y para que su marco jurídico funcione correctamente.
¿Para volver vinculantes sus resoluciones?
Pero no sólo es eso. La CNDH no ha funcionado correctamente. Y no me refiero a la actual presidencia, sino a todas las que ha tenido. Porque suele tardar mucho tiempo en emitir una resolución, hasta cuatro o cinco años, cuando los temas son cruciales.
Llama la atención su silencio, no se le oye para nada. Porque la violencia y la violación de los derechos humanos en el país están como nunca antes.
Mientras no concluya este periodo, no podemos hacer una evaluación completa. Solamente quienes están en el seno de la CNDH, los consejeros, pueden analizar integralmente la problemática.
Como experta en derecho internacional y política exterior, ¿qué opinión tienes del momento actual que vive la diplomacia mexicana? Tenemos el caso reciente del cese del agregado cultural de México en España y la polémica sobre quién debía sustituirlo, en la que también se involucró el presidente. ¿No se está rompiendo el esquema de la diplomacia tradicional al ventilarse públicamente estos temas?
Realmente no. Los principios de política exterior están en el artículo 89; se trata de decisiones del gobierno federal y de personal interno de la embajada. Habría una incidencia a nivel internacional si se tratara de un asunto como declarar persona non grata a un presidente extranjero que quisiera intervenir en cuestiones políticas internas o dijera que en nuestro país no hay democracia, como sucedió alguna vez.
¿En este mundo globalizado es válido no pronunciarse por las violaciones a los derechos humanos que suceden en otras latitudes? Por ejemplo, México, que no se pronuncia en el caso de Venezuela.
Hay un principio fundamental para el manejo de las relaciones internacionales: la no intervención en los asuntos internos. No se debe intervenir. Si México se pronunciara en el caso de Venezuela, habría una intervención en sus asuntos internos. Ahora bien, hay organismos internacionales adecuados para tomar acciones y retirar a ciertos países de esos organismos. Pero no se trata de la relación con un sólo Estado, sino de una decisión en foros internacionales, básicamente en las Naciones Unidas, o a nivel regional (la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, etcétera).
Te veo como ejemplo de una abogada exitosa en nuestro país y actualmente muchas mujeres eligen esta carrera. Pero en tu época de estudiante no fue así. ¿Ya dejamos atrás el tema de la paridad o debemos seguir insistiendo en que se asignen cuotas a las mujeres para que accedan a los cargos públicos?
Personalmente no tuve ningún problema en el ejercicio de la profesión; sin embargo, con los años me he dado cuenta de que sí había discriminación y que sí estamos obligadas —las que estamos de este lado de la barrera— a hacer múltiples cosas para ayudar al ejercicio profesional de las mujeres. En la Libre a las mujeres nos mandaban a nuestra casa a cocinar, a tejer… Y había cuotas, pero en sentido contrario: no podía haber ni una mujer más allá del 50 por ciento, aunque fuera más competente que un hombre, porque se decía que los varones iban a ser el sostén de su familia. Pero en realidad hay muchísimas mujeres que son el sostén de la familia. Lo que debe haber es piso parejo.
En el Poder Judicial Federal ya existe un área de derechos humanos y cuestiones de género, concursos paritarios y acciones afirmativas. Pero todavía falta que quienes estamos en puestos de poder nos comprometamos a buscar que lleguen las demás. Muchas piensan que si a ellas les costó trabajo, a las demás también les tiene que costar. Es algo absurdo, pero muchas veces así sucede.
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Para cerrar nuestra entrevista, considerando tu faceta como profesora desde hace 42 años, me gustaría preguntarte: ¿qué tipo de abogados necesita México?
En mi opinión, se necesitan al menos cinco años de preparación para el ejercicio de la profesión. También hay conocimientos mínimos indispensables que se requieren: tratados de derechos humanos, derecho ambiental, derecho constitucional, obligaciones… Igualmente, se requiere una formación teórico-práctica sólida. Desgraciadamente estamos acostumbrados al sistema de conferencia; habría que mezclarlo con los casos. Y me parece necesario estudiar uno o dos semestres en el exterior; eso proporciona una amplitud de miras impresionante.
Finalmente, se debe enseñar ética profesional. Muchos abogados que litigan rebasan los cánones de la ética y justifican sus estrategias para efectos de ganar. Pero el fin no justifica los medios. La ética es fundamental donde se ejerza la profesión, sea en el servicio público, como consultores o como académicos. Se necesitan principios y valores.
Loretta Ortiz Ahlf es egresada de la Escuela Libre de Derecho, con maestría en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana y doctorado en derechos humanos y derecho comunitario europeo por la UNED de España. Se ha desempeñado en dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco de México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como diputada federal. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, y ha sido docente en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Iberoamericana (donde fue directora del Departamento de Derecho), en la Universidad Panamericana y en el Instituto Matías Romero.