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Los retos de la correduría pública

Carlos Lauro Romo Vázquez presenta los retos pretéritos, presentes y futuros de la correduría pública mexicana y de sus titulares los corredores públicos habilitados, así como su razón de ser.


En nuestro país, las corredurías públicas, entendidas como oficinas o despachos de servicios profesionales para beneficio del ejercicio del comercio desde el punto de vista legal y de sus protagonistas —los comerciantes, en sus diferentes especies—, tienen toda una historia que ha ido evolucionando a través del tiempo y el espacio.

Conforme a nuestra legislación mercantil, el primer ordenamiento formaba parte del Código de Comercio a través de los artículos 51 al 74, hoy derogados, y como apéndice número 2 del correspondiente reglamento de corredores para la plaza de México.

Destacan dos aspectos de estos ordenamientos: el primero es que para ser corredor público el solicitante debería tener título de licenciado en relaciones comerciales o de licenciado en derecho y presentar examen teórico jurídico mercantil ante el Colegio de Corredores respectivo. En su caso, las habilitaciones para ejercer serían expedidas en el Distrito Federal por la Secretaría de Industria y Comercio, y en los estados, por los gobernadores. Sus facultades estaban consagradas en el artículo 64, y segundo y cuarto del reglamento de corredores para la plaza de México.

La profesión de corredor era viril pues sólo podían ejercerla los varones de 21 años por lo menos. Pasando el tiempo, en la época de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el reto fue propiciar la revitalización de la figura del corredor público para dotar a las nuevas transacciones económicas trilaterales de una federación pública mercantil más expedita y especializada que las que ofrecían los notarios públicos y, de paso, cerrar las puertas a las corredurías extranjeras en México.

En consecuencia, surgió la nueva Ley Federal de Correduría Pública y su correspondiente reglamento, instituyendo la nueva figura de titulares de las corredurías públicas. No obstante, la nueva legislación permitió que los corredores de la legislación derogada pudieran seguir prestando sus servicios o adherirse a la nueva legislación, de manera que hoy existen dos especies de corredores públicos: los emanados de la legislación anterior y los habilitados actualmente por el jefe de Ejecutivo conducto de la hoy Secretaría de Economía.

Al tenor de la nueva Ley Federal de Correduría Pública hoy pueden habilitarse corredores y corredoras públicos para enfrentar los nuevos retos. Por un lado, en materia de valuación de bienes tangibles, también saltaron los intangibles, por lo que en los exámenes de aspirante y definitivo la materia de valuación se ha incrementado y, en consecuencia, se requiere una capacitación valuatoria para el ejercicio de sus funciones. De igual manera, se presenta un nuevo desafío en lo que se refiere a la fe pública mercantil en materia de celebración de asambleas societarias por vía remota.

A continuación, pongo a consideración los nuevos retos en esta materia:

1. Modernizar y fortalecer la correduría pública en México como instrumento para mejorar la competitividad.

2. Incrementar las funciones de los corredores públicos.

3. Apoyar a las empresas unipersonales, así como a las Pymes, para su difusión y su implementación.

4. Garantizar la participación plena del corredor público como fedatario mercantil en actos societarios vinculados con inmuebles.

5. Propiciar la participación de los corredores públicos en la promoción de la inversión extranjera y en la exportación de bienes y servicios a través de sus funciones de mediadores y asesores jurídicos.

6. Apoyar el auge de documentos electrónicos y firma electrónica en la autentificación de documentos mercantiles.

7. Realizar mayor difusión, a nivel nacional e internacional, de la función de arbitraje comercial.

8. Llevar a cabo una mayor promoción de los corredores públicos como habilitadores del Registro Único de Garantías Mobiliarias.

9. Implementar corredurías públicas bilingües.10. Promover la coparticipación de los corredores públicos con el outsourcing y el nearshoring.

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