Platicamos con Luis Enrique Pereda sobre el constitucionalismo en México a la luz de las múltiples reformas constitucionales que se han hecho desde la Cuarta Transformación. ¿Qué hacer para fortalecerlo?
¿Cómo concibes el panorama de la justicia en México a la luz de las múltiples reformas que hubo en 2024?
Luis E. Pereda – Complicado, en el sentido de que desde hace muchos años la justicia cotidiana, que me parece es la más importante para la gente en su vida ordinaria (a quien no le pagaron un cheque, a quien le golpearon el auto, a quien le generaron lesiones, a quien no le pagan la renta), está en manos de los tribunales locales, en cuyo seno hay una gran variedad de problemas: hay estados donde los jueces se enorgullecen de seguir la línea del gobernador o la gobernadora; hay otros donde el crimen organizado es un peligro constante y absoluto para esos jueces, y hay otros donde no hay presupuesto suficiente ni para pagar hojas de papel.
Con este mosaico tan variopinto la justicia para las personas es muy complicada y si a esto le sumas el tema de la reforma al Poder Judicial, que se parece mucho a un borrón y cuenta nueva, donde no sólo cambias los procesos sino a los operadores, se viene algo inédito. Ni siquiera los creadores de la reforma tienen mucha idea de algunos procesos. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral afirmó que para los procesos de elección de jueces contaba con un presupuesto mayor a los 13,000 millones de pesos, pero después se reunió con el coordinador de un grupo parlamentario y dijo que reconsideraría esa cantidad. Lo inédito y lo desconocido son dos palabras presentísimas en esta reforma del Poder Judicial, aunado al hecho de que no han terminado de echar raíces las reformas penal y laboral y de que no madura la oralidad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El panorama de la justicia en México es complicado y creo que el resultado de esa circunstancia va a ser que en unas materias en unos estados las cosas van a funcionar de manera muy diferente. La gente va a tener que aprender a sobrevivir con eso, con los consiguientes costos sociales, económicos y de justicia.
¿Cuál es el papel de la ciudadanía ante este panorama?
Luis E. Pereda – Desde hace muchos años hace falta una participación más activa de ciudadanía. Es verdad que la ciudadanía ha estado presente en momentos muy complicados de la historia de México. Dos ejemplos son los terremotos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, cuando indudablemente la presencia de la ciudadanía fue fundamental. Pero eso ha sucedido en momentos esporádicos, no es un continuum. La mayoría de las personas a las que uno les pregunta si participan en política hasta se sienten ofendidas, porque suponen que les preguntaste si pertenecen un partido político, aunque ése no haya sido el sentido de la cuestión, sino el de que si participan en lo que le es común a todos: la polis, la civitas. Las personas no saben quién es su concejal, su alcalde, su presidente municipal, su regidor, su síndico, su diputado federal, su diputado local, etcétera.
Yo no percibo que haya una preocupación por construir ciudadanía. Los partidos de oposición, que tendrían que ser los primeros en hacerlo, han fallado de manera contundente. Las organizaciones no gubernamentales hacen lo suyo, y hay muy buenas organizaciones de ese tipo que hacen su lucha, pero ésta es modesta, pues es muy difícil convencer a la gente de que se sume a sus esfuerzos. Insisto, estoy hablando de política en un contexto holístico, no en un contexto electoral, o exclusivamente electoral.
Claro, no se vale sólo señalar con el índice flamígero a las personas y decirles que no están cumpliendo con su papel de ciudadanía, porque se entiende: en muchas ciudades, sobrevivir es un mérito. Hay que preguntarle a alguien de Culiacán si participa o no en una asociación de mejora de los derechos culturales; lo más seguro es que responderá que más bien está intentando que no le toque una bala perdida a él o a su familia.
No sobran razones para explicar por qué las personas no participan de la ciudadanía, aunque en algunos momentos de la historia haya claros ejemplos de que esa ciudadanía surge espontáneamente. Me parece que no ha habido instituciones que tomen esa flama y la conserven y la hagan crecer y la expandan. Hay una frase, muy simple, pero que ayuda a explicar esto: “Tenemos el gobierno que tenemos porque somos como somos”.
Como profesor de derecho constitucional, ¿cuál crees que es el futuro de la Constitución de nuestro país?
Luis E. Pereda – Está canijo cambiar la Constitución cada viernes por la tarde. Esta administración tiene casi dos meses y no ha habido una quincena en que no haya una reforma constitucional. Y no una pequeña.
Trataré de avizorar el futuro de los derechos constitucionales. En este país hay 33 constituciones —32 locales y una general—. Que en un texto constitucional se establezca como requisito sacar 8 de promedio en la licenciatura para ser juez federal, me parece ridículo. En una Constitución no tendría que establecerse el promedio de la licenciatura, sino los principios que deberían atender las leyes secundarias para que tengamos a los mejores jueces. Pero a nuestra Constitución, en una especie de oxímoron, por un lado se le mete un montón de normas que bien podrían ser secundarias, con el argumento de que si están en la Constitución, valen más; pero, por otro lado, no se cumple. El artículo 4 de la Carta Magna es un buen ejemplo. Yo siempre les pido a mis alumnos que leamos este artículo misceláneo, comenzando con el primer renglón de cada párrafo: agua, cultura, deporte, vivienda…
El futuro de la Constitución y del constitucionalismo tiene que ser fortalecido, pese a los esfuerzos consistentes de los últimos gobiernos por debilitar su espítitu. Se debilita su espíritu al fragmentarlo, al desvirtuarlo, al incluirle contradicciones. Hay que proteger a la Constitución no como un asunto de heroicidad, pues no somos superhéroes constitucionales; hay que protegerla por egoísmo, porque ahí están contenidas las garantías a nuestros derechos humanos. Esa es una buena razón para proteger a la Constitución y, en consecuencia, al constitucionalismo.
¿El Poder Judicial es un poder democrático? ¿Crees que nuestros poderes judiciales (federal y locales) están a la altura de las necesidades democráticas del país?
Luis E. Pereda – Esa es una gran pregunta; empezaré por la segunda. Yo te diría que no todos, no todo el tiempo. Déjame poner un ejemplo: hay decisiones recientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no están a la altura de las necesidades democráticas del país. Hay algunos proyectos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se han alcanzado por la falta de votos, debido una visión demasiado rígida o demasiado formalista del derecho, cuando en realidad lo que tendría que haber existido, en mi opinión, es una visión constitucionalista del derecho.
Hay que reconocer, como siempre en este país, que donde se juegan la vida y sacan la casta los jueces es en el ámbito local. Si un juez estatal emite una sentencia que no le gusta al titular Ejecutivo de cierta entidad federativa, pues es muy fácilmente detectable quién es, dónde vive, a qué escuela asisten sus hijos… Y aún así a veces esos jueces se la juegan, y eso me parece muy loable, pero otras veces son actos que rayan en el heroísmo; no obstante, no se puede construir un Estado o la justicia o las garantías constitucionales o la gobernabilidad a base de actos de heroicidad. Sí ha habido grandes decisiones, como el caso Radilla, la despenalización de la marihuana, o en materia de salud reproductiva y de derechos reproductivos de la mujer…
Sobre la cuestión de si nuestro Poder Judicial es democrático, déjame contestarte con una pregunta: depende de qué entendamos por democracia. Si se trata de una visión minimalista o de una visión como la que propone nuestra Constitución en su artículo tercero, que afirma que es un modo de vivir —no sólo una forma de gobierno— basado en el constante mejoramiento cultural y social de la gente, hay que reconocer que la naturaleza de los poderes judiciales es contramayoritaria. A mí me encanta poner como ejemplo una famosa sentencia de la corte estadounidense: Brown vs. Board of Education. Durante décadas, la comunidad estadounidense se rigió por la doctrina de iguales pero separados: básicamente, las personas blancas y las afroamericanas eran iguales jurídicamente, pero cada quien ocupaba su lado del espacio: en el estadio, en el camión, en las escuelas. La Corte Suprema de Warren determinó que eso no podía seguir así, porque de perpetuarse ese estado de cosas el resultado sería terrible para las siguientes generaciones de afroamericanos. Esa fue una decisión contramayoritaria, pues la mayoría del statu quo, del establishment, quería seguir rigiéndose por la referida doctrina de separación. En general, las cortes son contramayoritarias, pues tienen que tomar decisiones que no les gustan a la mayoría, pero que aun así deben tomar, como en el caso de la protección de los derechos humanos.
En ese sentido, creo que nuestro Poder Judicial sí ha sido democrático. Ahora, si lo que se privilegia es una lectura errónea de la democracia y se pretende hacer creer que sólo existe democracia cuando hay mayoría de votos o elección popular, yo creo que ahí sí se está equivocado. Puede haber muchas organizaciones extraordinariamente democráticas que toman sus decisiones con los principios de la democracia, como la deliberación y la transparencia, que no se basan en el voto popular o que no dependen de una mayoría. Ahí la respuesta a la pregunta de si nuestro Poder Judicial es democrático depende, reitero, de qué se entiende por democracia: si se tiene una visión parecida a la que la Constitución establece o propone en su artículo 3, te diría que sí, que en términos generales nuestros poderes judiciales suelen tener un talante democrático, aunque no sean electos por voto popular.
¿Qué te parecen las propuestas que apuestan por que la ciudadanía participe en la interpretación de la Constitución, como la del constitucionalismo popular?
Luis E. Pereda – A mí me parece muy bien que las discusiones jurídicas lleguen a la calle. Pienso que es equivocada la visión de que sólo los abogados puedan opinar acerca de la Constitución y que conceptos como sobrerrepresentación, representación proporcional, circunscripción, servidumbre o fe pública sean exclusivas de las conversaciones de los abogados. Las conversaciones jurídicas tendrían que llegar a todos lados.
A mí me da gusto que, a últimas fechas, cuando uno pasa por una cafetería, se escuchen en las mesas discusiones jurídicas que antes eran de un nicho exclusivo. Con lo que creo que hay que tener cuidado es con caer en el error de que toda interpretación, la haga quien la haga, es una buena interpretación. A los abogados nos enseñan una serie de técnicas de interpretación que requieren —como cualquier técnica— ejercicio, ensayo, error y reforzamiento. Sin embargo, repente hay un montón de personas opinando en la televisión sobre cómo debería leerse la Constitución con base en el sentido común. Ahí sí puede haber un peligro.
Interpretar la Constitución tiene su chiste, pues aunque no es sólo un asunto de sabios, todas las personas pueden participar en ese ejercicio, siempre y cuando tengan cuidado de utilizar las técnicas adecuadas y avisen a la gente qué técnicas están empleando; no es lo mismo una interpretación histórica que una interpretación literal o una interpretación sistemática.
Yo sí pienso que las conversaciones jurídicas deben llegar a todos lados porque son un asunto fundamental en la construcción de ciudadanía. ¿Qué opinión va a tener uno cuando le digan que se eliminará a los diputados plurinominales porque por ellos no se vota? Pero hay que tener cuidado, pues no toda discusión jurídica es una discusión autorizada para realizar interpretaciones sólidas, firmes, con técnica.
¿Cómo fortalecer el constitucionalismo?
Luis E. Pereda – Se me ocurren varias cosas, ninguna suficiente por sí misma. A lo mejor la suma de ellas podría dar resultados. Déjame empezar por la fácil: que la autoridad cumpla con las normas. Hoy en día estoy sorprendido de cómo las autoridades responsables, en el contexto de un amparo, deciden que el juez que emitió una suspensión no es competente y por lo tanto deciden no acatar dicha suspensión. Oiga, pues si usted cree que el juez no es competente, hay un tribunal colegiado en el que puede presentar una queja para denunciar que ese juez está emitiendo una resolución sin fundamento, sin materia, sin competencia. Pero no, ahora la autoridad administrativa señalada como responsable en el juicio de amparo decide que el juez no tiene razón.
Ese efecto multiplicador ya lo estamos viendo en los estados de la República: las autoridades locales deciden cuándo sí y cuándo no. En esta línea, en esta proyección, ¿cuándo cree uno que le va a ganar un juicio al Sistema de Administración Tributaria, por ejemplo?
En este sentido, quizá lo primero será que todas las autoridades de los tres poderes estén convencidas de lo que están haciendo, y lo que están haciendo es jugarse o no la credibilidad de la Constitución. En segundo lugar, hay que dejar de ver a la Constitución como un panfleto donde puede estar cualquier línea de política pública. Con esto no pretendo afirmar que transformemos la Constitución en un libro sagrado intocable. En tercer lugar, hay que distribuir la Constitución, enseñarla y comentarla, porque, en la Ciudad de México, ¿cuántas personas conocen la Constitución local? ¿Alguna universidad imparte la materia de constitucionalismo local o de constitucionalismo subnacional? Se enseña la Constitución como si sólo hubiera una en este país y a mí eso me parece terrible. Discutir su contenido es, pues, lo siguiente.
En pocas palabras, hay que cuidar la Constitución. De nueva cuenta, no como un asunto de heroicidad o de vanidad, sino como un acto de egoísmo, de autopreservación. Ahí están nuestras garantías. Y es una señal de alerta que en realidad las constituciones estatales no tengan mayor influencia en sus respectivas comunidades. Y ese es un gran error, porque muchísimas figuras que hoy en día son comunes nacieron en las constituciones estatales: el juicio de amparo nació en una Constitución estatal, el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres nació en una Constitución estatal, muchas medidas de instituciones de democracia participativa nacieron en las constituciones estatales, y hoy en día están relegadas a ser, en el mejor de los casos, materias optativas en la carrera de derecho.
Dicen que las comunidades son escuelas de democracia. Si no puedes practicar la democracia en tu manzana, en tu comunidad, en tu colegio, en tu fábrica, en tu empresa, pues difícilmente lo vas a poder hacer a nivel macro. Creo que con la Constitución ocurre algo similar: si no aprende uno a conocer su Constitución, a valorarla, a justificarla en la propia comunidad, tampoco podrá hacerlo a nivel macro.