El proceso electoral que estamos viviendo ha puesto en la mesa temas que reclaman urgentemente nuestra atención: el fortalecimiento de los órganos que regulan los procesos electorales, la consolidación de mecanismos de participación ciudadana, el tránsito hacia el voto electrónico, el combate a la corrupción política y el financiamiento ilegal de las campañas, entre otros. Luis Espíndola Morales, magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aborda estas cuestiones para los lectores de abogacía.
¿Qué podemos entender por sistema electoral mexicano?
Es el conjunto de instituciones, actores y sujetos de distintos organismos que intervienen en el fortalecimiento de la democracia. En cuanto instituciones, nos referimos al denominado trípode electoral: INE y organismos públicos electorales. En el ámbito de la justicia penal-electoral, a nivel federal, la responsable es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (antes Fepade), mientras que a nivel local existe una fiscalía electoral que resuelve en el ámbito de su competencia aquellos delitos cometidos en cada estado. Finalmente, existe un órgano que se encarga de la resolución de los conflictos en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, responsable de dar sentencia a nivel federal, mientras que a los que corresponde juzgar en cada entidad es a los tribunales electorales locales. Por otro lado, existen más actores que intervienen en el proceso electoral (partidos políticos, candidatos y ciudadanía en general), los cuales integran el sistema electoral en el que nos encontramos y que, desde luego, forman parte fundamental del dinamismo de la democracia en México.
¿Cuáles son los retos que afronta el sistema electoral mexicano?
Afronta diversos desafíos. Por ejemplo, los relativos a la fiscalización, a la integración de mesas directivas de casilla, al fortalecimiento de los órganos constitucionales autónomos y a sus facultades. Otro reto es el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana: el plebiscito por referéndum, la revocación de mandato, la consulta popular y la consulta ciudadana; otro más es el tránsito a las nuevas tecnologías, por ejemplo, el voto electrónico, ya sea por internet, a través del celular o mediante la urna electrónica; el combate a la corrupción política, particularmente el financiamiento ilegal; la visibilización del procedimiento especial sancionador como mecanismo preventivo y transformador de las malas prácticas en materia electoral, y el fortalecimiento del derecho de participación política de los grupos vulnerables o históricamente excluidos (por ejemplo, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los indígenas, la comunidad LGBT+, los jóvenes y las mujeres). Todos son retos que aún le falta resolver al sistema electoral mexicano; sin embargo, ya estamos trabajando y abonando en su fortalecimiento.
¿Usted apostaría por la automatización en materia electoral?
Desde luego. La automatización en materia electoral es muy importante; pero no es un tránsito automático, sino que tiene que ser un tránsito gradual que permita incluir a las nuevas tecnologías. Actualmente, los organismos públicos de las entidades federativas han puesto en práctica mecanismos como el voto en urna electrónica, el voto por internet y el voto por celulares o tabletas. Estos cambios tienen que ser graduales, de manera que se permita una especie de ensayo/error para ir modificando, ajustando y perfeccionando un nuevo sistema electoral digital.
¿En México existen partidos ilegales?
No existen partidos ilegales de manera predicada. La ilegalidad de un partido político es de resultado, no anticipada. ¿Puede serlo de este modo? Sí. Aunque en México no, porque la ilegalidad de los partidos políticos no existe como ocurre en otras latitudes. Aquí existe la cancelación o la pérdida de registro. La ilegalidad tiene efectos mucho más potentes que la cancelación o la pérdida de registro.
¿Cómo podría un partido político ser ilegal?
Puede ser ilegal cuando intenta constituirse fuera de los estándares democráticos con los que se rige este país, en los que se promueva la exclusión y la discriminación de ciudadanos, se fomente la corrupción o se promueva la vulneración de los derechos fundamentales. Un ejemplo histórico puede ser la creación del partido socialista. Sin embargo, nuestra Constitución y nuestro sistema democrático no permiten la creación de un partido sin que cumpla con ciertas reglas y estándares ya señalados en las distintas leyes.
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¿Unas instituciones democráticas electorales sólidas implican una democracia mejor?
¿Las instituciones electorales sólidas influyen en una democracia mejor? Yo creo que sí, siempre y cuando entendamos por instituciones sólidas a aquellas que son producto de la democracia. Lo anterior implica su correspondencia y su identidad no sólo con los valores de la propia democracia, sino la identificación de la sociedad respecto de sus instituciones y la aceptabilidad en un grado superlativo de confianza, lo que conlleva la legitimidad de las instituciones. Consecuentemente, podemos estar hablando de instituciones sólidas.
¿Cómo definiría la democracia?
Desde el punto de vista constitucional, la democracia es una forma de vida, por lo que está en todos nosotros procurar y garantizar los derechos humanos y mantener la garantía de nuestras libertades y de nuestro bienestar. La felicidad está en todas y en todos nosotros, individual y de manera colectiva. La democracia predica las libertades y presupone el ejercicio de la libertad de todas y todos y, en este sentido, tanto instituciones como sociedad están involucradas y compelidas a procurar una mejor calidad para todos. En todos nosotros recae el ideal de democracia. Si nosotros no la protegemos, la democracia no nos va a proteger a nosotros.
En México hay voces que aseveran que la democracia está en riesgo. ¿Es cierto?
No, no creo que la democracia esté en riesgo. Pienso que estamos hablando de una circunstancia en la cual debemos atender los indicadores de la calidad de nuestra democracia.
México cuenta con un diseño institucional que permite garantizar el derecho de todas y todos a la democracia y a las virtudes que ella conlleva.
En su libro Ilegalización de partidos políticos usted habla del “derecho electoral del enemigo”. ¿Qué significa esta idea?
De alguna manera, con base en la teoría de Jakobs en relación con el “derecho penal del enemigo”, me parece que, prima facie, no podríamos hablar de un derecho electoral del enemigo, porque eso implicaría la exclusión total de quienes, haciendo uso de los mecanismos que establece la democracia, buscan un resultado distinto. Sin embargo, hay casos en los cuales se podría reflexionar sobre si pudieran limitarse o restringirse derechos de participación política; por ejemplo, fundamentalismos, corrupción, financiamiento ilícito, inmersión del crimen organizado en las estructuras políticas. Habrá que considerar y analizar si estamos en presencia de mecanismos reactivos de la democracia o si estamos en presencia del establecimiento de un tratamiento que pudiera aproximarnos al derecho electoral del enemigo. En México, como tal, no lo hay.
Considerando la existencia de la violencia política de género en México, a su juicio, ¿es aislada o estructural?
Me parece que en México la violencia política de género es estructural. Históricamente es auspiciada por un esquema de exclusión. Recordemos que la participación de las mujeres en la política es relativamente joven, pues su derecho al voto se inauguró en 1953. Pese a las diferentes reformas de 1990, 2007 y 2014, y dado el fortalecimiento de las cuotas de género que tienden a la paridad, se han presentado actos de violencia en contra de las mujeres por un tema de poder o por la pretensión de quienes quieren conservar un statu quo mal entendido. Por supuesto, lo anterior afecta de forma directa a nuestra democracia.
¿Cómo inciden las redes sociales en los procesos democráticos?
El impacto que tienen las redes es importantísimo, pues puede generar argumentos a favor y argumentos en contra muy negativos. La propia democracia debe proveer los mecanismos, los candados y los medios de control que permitan regularizar estas nuevas tecnologías sin coartar la libertad de expresión. Por ejemplo, tenemos bots y granjas. Lo mínimo que se les pediría a los programadores de las grandes plataformas, como ya sucede en algunos países de Europa, es que detecten, señalen y publiquen cuando se trate de una mención artificial, no realizada por una cuenta original.
¿La participación política se agota en el voto?
No. Se expresa en el voto, pero es más que el voto. Tiene que ver con la posibilidad de expresar ideologías, propuestas, con derechos vinculados a ser electos. La participación política no se agota cada tres años; debe ser permanente, vigilante e incluyente.
¿Algo más que desee agregar?
Sólo me gustaría agregar que no hay que olvidar que el compromiso del fortalecimiento de la democracia es cuestión de todos: instituciones y sociedad. Y deseo agradecer a abogacía® por la gran labor que realiza como medio de información.
