La construcción de paz y la consolidación de la democracia, requieren de entornos seguros y de una estado de Derecho que garantice sus derechos a las personas; entre éstos, el derecho a ser reparadas en caso de graves violaciones a sus derechos humanos. Platicamos con Martha Yuriria Rodríguez, comisionada ejecutiva de atención a víctimas, sobre el quehacer de la CEAV, la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sobre el proyecto de vida y sobre su experiencia en acompañamiento a víctimas.
Martha Yuriria Rodríguez Estrada es la comisionada ejecutiva de atención a víctimas. Es licenciada en Derecho y en Administración Pública y Fianzas. Ha trabajado en el área de violencia de género y derechos humanos de Católicas por el Derecho a Decidir; en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; y en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene una labor social de suma importancia. Bajo su mandato, ¿cuáles son las acciones y los programas que se han instaurado para la debida implementación del modelo de atención a víctimas a nivel federal? y ¿cómo se distingue la labor que han realizado otras personas que han ocupado su mismo cargo?
Martha Yuriria Rodríguez – Las acciones que se tienen que realizar para atender a las víctimas siempre se han pensado con base en un marco global y no como una función del Derecho porque éste atiende a la generalidad de las personas, pero las víctimas tienen peculiaridades totalmente diferentes.
Siempre partimos de que nadie está preparado para ser víctima y la vida de quien lo ha sido cambia totalmente, pues durante el proceso las víctimas van perdiendo redes de apoyo. La sociedad, las familias, los amigos se alejan de ellas. ¿Qué sucede? Buscan la forma de lograr la justicia con sus propios medios.
Hay que reconocer que existe una reforma constitucional en materia de derechos humanos, la Ley General de Víctimas, así como sentencias internacionales en contra del Estado mexicano. Pero la realidad —y ese es un gran error—es que se ha generado la idea de que existe un solo modelo de intervención para acompañar a las víctimas y este modelo de intervención está enfocado totalmente desde el aspecto jurídico, desde el aspecto de la justicia. Todo está centrado y todo está posicionado en el seno de un sistema que está lleno de pruebas, de investigaciones, de procesos de carácter burocrático, ya sea desde la administración o de la procuración de justicia. En realidad las víctimas no conocen esos procesos porque nadie está preparado para ser víctima. Entonces y sólo entonces tenemos que explicarles estos procesos y ahora las víctimas tienen que aprender derecho, porque ahora también deben aprender otro tipo de circunstancias porque los modelos de intervención están pensados con base en la lógica de que una víctima tiene que ir a declarar, tiene que ir a presentar una denuncia, debe presentarse ante un juez.
Por eso hay víctimas que ya no quieren seguir con el sistema de justicia en el que están inmersas, ya no van a exigir justicia porque están cansadas o porque el tiempo que le dedican está frustrando su proyecto de vida. Es muy importante que reflexionemos para que los modelos de intervención sean más individualizados y tenemos que apelar a la sociedad para que sea más solidaria como parte del modelo.
Históricamente, a nivel nacional hemos pensado en la reparación del daño solamente como un aspecto de carácter económico.
La diferencia de mi trabajo respecto del que han realizado otras personas que han estado aquí, es que yo soy una abogada que ha estado desde el principio de su carrera acompañando a las personas que han sido víctimas. Desde el inicio de mi carrera he acompañando a víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos a las que además la sociedad revictimizaba.
Hay que entender que las víctimas son personas y que las víctimas un día van a estar enojadas, otro día van a estar tristes, otro día van a estar muy alegres y nuestro trabajo es acompañarlas durante ese proceso y partir de la idea de que nosotros somos una red de apoyo para ellas y, algunas veces, su única red de apoyo. Debemos acompañar a las víctimas no sólo por acatar la ley, sino porque es un mandato constitucional.
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¿Cree que es correcta la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral? Si bien se trata de un órgano descentralizado y, en consecuencia, tiene un patrimonio propio, interesa saber cómo afectó su desaparición el funcionamiento de la CEAV. ¿Cómo funciona ahora? ¿Es suficiente para la protección de los derechos de las víctimas?
Martha Yuriria Rodríguez – Primero hay que partir de la premisa de que todas las instancias administrativas, toda la administración pública federal, están regidas por el principio de la transparencia. Generamos actos administrativos que deben estar fundados y motivados y que deben ser totalmente regularizables y transparentes para la sociedad y para el gobierno. Lamentablemente —hay documentos que lo demuestran— el fideicomiso carecía de esta transparencia.
Desaparecido el fideicomiso, lo que hizo el equipo de la CEAV fue generar lineamientos operativos para que los recursos empezarán a entregarse a las víctimas de manera directa.
De todas las instancias en las que desaparecieron los fideicomisos, la CEAV fue de las primeras que re-comenzaron a operar. No perdimos todos los recursos económicos, pero ahora son más observables por las instancias correspondientes, lo cual no está mal porque es un derecho de las víctimas que estos recursos sean altamente transparentes y altamente fiscalizables.
Me parece que más allá de las condiciones bajo las cuales se destinen los recursos, es importante tener claro que son para las víctimas: se generaron por las víctimas y se tienen que ejercer con las víctimas, y rendirles cuentas, para ellas sepan que los recursos que les pertenecen se están ejerciendo de la mejor manera.
¿Qué debemos entender por el concepto proyecto de vida?
Martha Yuriria Rodríguez – La reforma constitucional en materia de derechos humanos y la construcción del sistema de justicia acusatorio no estaban pensando en los derechos de las víctimas. Ha sido muy complicado incorporar los derechos de las víctimas al sistema de justicia acusatorio.
La reparación del daño se ve hasta el final. La verifica un juez de ejecución penal. En sus actos de investigación un ministerio público no toma en consideración la afectación del daño emergente, ni el daño al proyecto de vida; no realiza esas pesquisas. El objetivo del ministerio público simplemente consiste en demostrar la existencia de un delito.
Los derechos de las víctimas se ven como un tema de procedimiento formal: “Diga que ya le leí sus derechos”, “Firme aquí: es una copia del artículo 20, apartado C”, pero no se genera la conceptualización de los derechos que tiene la víctima en el sistema de justicia acusatorio.
Cuando un asesor jurídico litiga debe estar pensando en la reparación del daño así como en la incorporación de otro tipo de acciones para cumplir con las medidas de reparación como la compensación, la rehabilitación, la restitución, la satisfacción y la no repetición; debe gestionar una disculpa pública, sentida y reflexionada de la persona que cometió el delito, no solamente tramitar una compensación monetaria. En la Defensoría Pública Federal eso ya lo estamos logrando.
Históricamente, a nivel nacional hemos pensado en la reparación del daño solamente como un aspecto de carácter económico: ¿cuál es el daño emergente?, ¿cuál es el lucro cesante?, ¿cuál es el daño a la afectación en el proceso de vida? ¿cuáles serán las medidas de rehabilitación? Pero la verdad es que esto nunca se lo hemos explicado a las víctimas. Muchas veces sólo les dan dinero, lo cual obviamente provocan enojo hacia porque en general no hay dinero que alcance para restituir una vida, por ejemplo. Tenemos que partir de esa reflexión: ¿cuáles son las medidas que tenemos que generar como Estado y como sociedad para garantizar una reparación real a las víctimas? Me parece lamentable y poco ético el comportamiento de algunos abogados cuando únicamente enfocan todo en el aspecto económico.
Existe un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que a una comunidad se le pagó una cantidad por concepto de reparación del daño, definida por la propia Corte. Cuando esa comunidad recibió el dinero decidió organizar una fiesta que duró tres días, hasta que se les acabó. A los tres días, además de padecer la resaca de la parranda, los integrantes de dicha comunidad no se sentían reparados porque nunca se les explicó que ese dinero era para fortalecerse como comunidad y para la reconstrucción de su proyecto de vida.
Si no generamos un proyecto de vida, no podremos cambiar como sociedad, ni transitaremos hacia un proceso de construcción de paz y democracia, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es pagar los procesos de reparación a las víctimas, pero no estamos promoviendo un cambio en su proyecto de vida. Me enorgullecen mucho los casos en proceso de reparación del daño en los cuales las víctimas ya se están sintiendo reparadas simplemente al sentirse escuchadas o al saber que se produjo una sentencia a su favor.
Cuando fui titular del Centro de Atención Integral en Yucatán hubo un litigio cuyas protagonistas eran personas con discapacidad visual. Años después, el Poder Judicial, en función de lo que se le solicitó en el proceso de reparación, tradujo al braille la resolución y ese hecho se convirtió en un reconocimiento para la víctima porque nadie le leyó la resolución, sino que lo hizo ella misma.
Tenemos que reflexionar sobre los procesos de reparación del daño tomando como criterio orientador lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos homologándolo a las necesidades de las víctimas, en específico considerando que las víctimas no sólo quieren dinero, aunque el dinero es la vía para lograr el ejercicio del proyecto de vida.
¿Podría ahondar un poco sobre el tema?
Martha Yuriria Rodríguez – La Ley General de Víctimas considera que una persona es víctima: 1. Cuando es afectada por uno de los delitos del catálogo de delitos establecidos por el Código Penal Federal, 2. Cuando es afectada por una violación a los derechos humanos reconocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en ese caso se supone que las instancias y las instituciones del Estado son las que cometieron el delito. 3. Cuando un mecanismo internacional de derechos humanos o un órgano jurisdiccional hace el reconocimiento de la calidad de víctima de la persona.
¿Cuáles son los procesos de intervención? Por lo general es el Ministerio Público federal el que, a partir de una instrucción, solicita que acompañemos a las víctimas en términos del artículo 20, apartado C. Ahí comienza nuestra asesoría jurídica federal. A los asesores jurídicos hay que reconocerles su trabajo. A la fecha, la CEAV cuenta aproximadamente con 150 asesores jurídicos cuyo trabajo es excelso. Con ellos comienza el proceso de identificar el problema: el asesor jurídico es quien recanaliza a las víctimas en el seno de la institución de acuerdo con sus necesidades; por ejemplo, si identifica que necesitan un proceso de contención especializada porque están desbordadas en llanto o en ira, gestionan los servicios de atención psicológica.
Por otra parte, cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, por lo general ya poseen ese reconocimiento por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El trabajo de la CEAV parte de la misma lógica, pero no en el seno del sistema de justicia. Muchas veces nuestro trabajo tiene que ver con la comunicación que establecemos con la instancia que cometió las violaciones a los derechos humanos. Ante lo que establece la Ley General del Víctimas, sobre el pago que debe hacer la CEAV a las víctimas en caso de que las instituciones del Estado que cometieron la violación no puedan sufragar la reparación del daño, de 2018 a la fecha tenemos un adeudo de más de 1,000 millones de pesos porque aquellas instituciones no le han pagado a la CEAV. No obstante, ahora hemos cambiado la lógica: la institución que cometió la violación a los derechos humanos debe pagarla e iniciar el proceso de reparación. El CEAV sólo le orienta cómo tienes que iniciar ese proceso y pagar la reparación con sus recursos. El CEAV es simplemente una institución que funge como red de apoyo y como mecanismo de comunicación con las otras instituciones.
Muchas veces, por ejemplo, los centros de atención integral, que son otra parte muy importante de la CEAV, han tenido que ir a negociar con las empresas porque van a despedir a parte de su personal y a disuadirles de que no lo hagan porque vulneran sus derechos y convierten en víctimas a sus empleados.
Hay víctimas que ya no quieren seguir con el sistema de justicia en el que están inmersas, ya no van a exigir justicia porque están cansadas o porque el tiempo que le dedican está frustrando su proyecto de vida.
Martha Yuriria Rodríguez Estrada.
También ha habido casos de personas que van a ser lanzadas de sus casas porque han dejado de pagar sus mensualidades al banco y tiene que ir personal de los centros de atención integral con la institución financiera para evitar un desalojo de esas personas. Nuestra labor es de acompañamiento. Somos una red de apoyo que toma en consideración las necesidades de las víctimas, aunque también reconocemos los derechos de las instituciones cuando actúan en defensa de sus intereses ante personas conflictivas.
¿Qué la ha motivado a dedicarse a esta labor?
Martha Yuriria Rodríguez – Es un proceso que se elige a lo largo de la vida. Hay momentos importantes en mi historia que determinaron el hecho de que esté aquí, con mi vocación de ayudar a las víctimas. Tiene que ver con mi madre, abogada y catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana durante más de 40 años, donde trabajó para un bufete jurídico de carácter social. Ella me inspiró con su labor y me hizo cuestionar muchas cosas, además de que me permitió seguir el acompañamiento que le daba a las personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, tiene que ver con mi abuela, quien decidió alejarse del proceso victimal que vivía y un día agarró a sus siete chamacos y se los alejó del círculo de violencia en el que vivía. Estas circunstancias tuvieron un fuerte impacto en mi vida, la redignificaron, y me permitieron resignificarla y encontrar mi vocación.
Otra cuestión importante en mi vida es el movimiento feminista, motor de una sólida transformación normativa. Hay una serie de mujeres que han estado presentes de manera decisiva a lo largo de mi camino profesional: Karla Michel Salas, Martha Figueroa, Olga Sánchez, Karla Quintana, quienes constantemente motivan mi reflexión profesional sobre diversos temas.
