Luis Ramón Estrada Sagarnaga nos sitúa en la problemática que enfrenta actualmente el Poder Judicial de la Federación, invitándonos a reflexionar acerca de la importancia que tiene su independencia en el marco de un Estado constitucional de derecho.
En las últimas semanas se ha vivido una gran tensión entre los distintos poderes de la Unión, esto después de que se aprobara la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF). La iniciativa pretende que sólo subsistan aquellos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que se extingan aquellos que se hayan construido y desarrollado fuera del manto de esa ley, pues se denuncia que no son administrados con transparencia y que sólo los que se encuentran en la cúpula del PJF disfrutan de ellos.
Los 13 fideicomisos podemos dividirlos de la siguiente forma: seis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco del Consejo de la Judicatura Federal y los dos restantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Fue tanto el enojo y la inconformidad de los trabajadores del PJF que paralizaron totalmente el sistema de justicia, pues, contrariamente a lo que señala el presidente de la República, esta modificación no sólo afectará a los que forman parte de la SCJN, sino a los más de 55,000 trabajadores del PJF, ya que algunos de estos fideicomisos constituyen derechos adquiridos de los trabajadores: pensión, vivienda, retiro y cobertura de salud.
Las acciones que se han llevado a cabo representan un fuerte golpe a la autonomía y a la división de poderes por parte del Poder Legislativo, así como una persecución en contra de la independencia del PJF. Esta problemática nos obliga a preguntar: ¿cuál medio de control constitucional es el más idóneo para combatir esta situación?
Respecto del amparo, para que proceda se debe contar con un interés jurídico o legítimo, pero ¿quiénes son las personas que sufren una afectación directa o cualificada derivada de la extinción de los fideicomisos? Es incorrecto pensar que existe una afectación uniforme de todos los trabajadores del PJF, pues los fideicomisos no tienen un mismo destino. Se debe tener claro por lo menos quién es víctima de esa afectación y a qué tipo de fideicomiso se hace referencia. El efecto del amparo no será general, lo que nos lleva afirmar que no se protegerá a todos los trabajadores del PJF.
El medio de control constitucional que podría tener más sentido en este caso es la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, hay algunos obstáculos, como los órganos legitimados para promover ese instrumento, ya que el PJF depende de alguno de ellos para que lo lleve a cabo. Incluso, existen personas que defienden que al extinguirse los fideicomisos en los artículos transitorios del decreto (donde su naturaleza jurídica es aplicarse una sola vez), no se trata de una norma general. Algo que es totalmente debatible.
Por otra parte, es claro que esta reforma evidencia un problema con la división de poderes, debido a la intromisión del Poder Legislativo en las tareas del PJF, lo que nos conduce a pensar en la controversia constitucional como medio de control. No obstante, el artículo 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitada quiénes están legitimados para promover ese instrumento y en este supuesto no encuadra el conflicto de marras.
La reforma constituye una clara violación a los principios constitucionales de pesos y contrapesos. El camino para defenderos no será fácil. Considero que los medios de control constitucional revisados en este artículo no deberían descartarse por completo, pues si bien tienen sus puntos débiles, mediante una buena argumentación todos son accionables.
