Durante el mes de septiembre escuchamos y observamos diversas discusiones en torno a la militarización de la Guardia Nacional en México. La opinión generalizada del gremio jurídico se articuló como una negativa contundente, no sólo por lo que tal iniciativa implica en términos convencionales y constitucionales, sino por el impacto que puede tener en materia de seguridad y violaciones a los derechos humanos.
En paralelo con la discusión sobre la Prisión Preventiva Oficiosa, el debate y las discusiones continúan, a tal punto que se nos presenta un panorama político altamente controversial de cara a las próximas elecciones presidenciales. Y no sólo eso, el reciente ciberataque a SEDENA por parte del grupo de hackers «Guacamaya», también ha puesto sobre la mesa una serie de variables que exigen una reflexión seria en torno al significado e impacto que podría tener la militarización del país.
En septiembre, tras haber recuperado algunos matices importantes sobre la cultura punitiva en el país en la voz de Paola Zavala –quien afirma que el castigo y la prisión no han sido soluciones eficientes para enfrentar la crisis de seguridad que enfrenta México–, también nos acercamos con Juan Jesús «Tito» Garza Onofre, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, precisamente para dialogar, entre otros temas de actualidad, acerca de las múltiples implicaciones de la militarización de la Guardia Nacional. Ante la reciente aprobación del Senado para extender la militarización hasta el 2028, decidimos adelantar un fragmento de su entrevista:
«Es preocupante, porque es una de las grandes herencias que el obradorismo va a dejar a futuro más allá del populismo, más allá de la narrativa, más allá del rol que están teniendo los abogados.»