Hemos dejado atrás las elecciones intermedias del 6 de junio, cuyo balance —hemos de reconocerlo y aplaudirlo— ha sido favorable. Por un lado, la ciudadanía dio muestras de interés y participación, no sólo por el porcentaje de electores que ejercieron el voto, sino también por el compromiso con el que los funcionarios de casilla garantizaron este ejercicio y por el clima de respeto que prevaleció tanto por parte de los servidores públicos como de la gran mayoría de los actores políticos. Por otra parte, las instituciones garantes de este proceso también ejercieron a cabalidad su responsabilidad, dando muestras de que nuestra aún joven democracia está en camino de consolidarse para alcanzar su plena madurez.
Precisamente las ediciones de mayo y junio de abogacía abrieron sus páginas a algunos personajes centrales de este proceso electoral, titulares de instituciones fundamentales para consolidar la democracia en México. En su oportunidad, José Agustín Ortiz Pinchetti,titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), destacó la voluntad política del Estado mexicano para garantizar las elecciones, así como el trabajo conjunto de la Fiscalía General de la República, de la FEDE y del Instituto Nacional Electoral (INE) para establecer una sinergia defensiva de las elecciones. A su vez, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, afirmó que nuestro sistema electoral es envidiable en un contexto mundial de debilidad institucional, pero debe estar acompañado por una institucionalidad política robusta. Y remató señalando que el órgano democrático por excelencia es el Congreso, por lo que hay que cuidar que, efectivamente, refleje las distintas opiniones que legítimamente existen y se expresan en la sociedad.
Al final del día, los resultados de la jornada electoral, específicamente la integración de la Cámara de Diputados, permiten anticipar que aunque la polarización política no ha desaparecido, se abren inmejorables oportunidades para el diálogo, la negociación y el consenso, para que la clase política esté a la altura de lo que la ciudadanía espera de ella, para que se cumpla el objetivo central de la actividad política: garantizar el bienestar común y el desarrollo de nuestra sociedad.
Quienes tenemos el privilegio de ser padres sabemos que un hijo adolescente atraviesa por momentos de incertidumbre y numerosas vicisitudes antes de dejar la minoría de edad y alcanzar la madurez. De la misma forma, nuestra incipiente democracia enfrenta el reto de fructificar, superar los problemas que la aquejan y consolidarse por encima de los liderazgos personales y de los intereses de los partidos políticos, mediante instituciones sólidas y confiables.
A una de estas instituciones consolidadas —ya no en el plano electoral sino en el de la resolución de controversias administrativas— dedicamos la portada de esta edición: el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que precisamente este mes cumple 50 años de actividades. Su presidente, Jesús Anlén Alemán, nos habla de los programas que ha implementado en el tribunal para dirimir las disputas entre los ciudadanos y el gobierno de la Ciudad de México de forma ágil y transparente, y expone las áreas de oportunidad que aún existen para hacer más eficiente esta labor.
Finalmente, como cada mes, ponemos a disposición de nuestros lectores diversos artículos en los que destacados especialistas reflexionan sobre aspectos de interés para la abogacía y para el público en general: el derecho familiar y su importancia en el contexto de pandemia; la institución de beneficiarios de cuentas bancarias y el conflicto que puede suscitarse cuando dichos beneficiarios son distintos a los establecidos en un testamento; los problemas en materia de derechos humanos que presenta la tecnología de reconocimiento facial, y los retos que enfrenta el sistema de salud mexicano en la era post-Covid, por mencionar sólo algunos.
Confiamos en que estas páginas se conviertan en una referencia valiosa para la reflexión y el debate legal sobre los temas que interesan a la sociedad.