La reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos representó un parteaguas en nuestro marco jurídico y generó numerosas expectativas relacionadas con la incorporación de los derechos contenidos en los tratados internacionales, así como con la prevención, la investigación y la reparación de las violaciones. ¿Qué ha sucedido en esta materia a una década de esa decisiva reforma?
Nuestra edición de agosto aborda precisamente esta cuestión de primera importancia. Sergio García Ramírez, quien engalana nuestra portada, ha convivido con el drama de las violaciones a los derechos humanos prácticamente a lo largo de toda su trayectoria: como juez del Tribunal para Menores del Estado de México, como director de diversos centros penitenciarios, como procurador de Justicia del Distrito Federal y procurador general de la República, y como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros cargos, además de su destacada vida académica. Y desde esa vasta experiencia afirma de manera contundente: “Más que pensar en reformas constitucionales hay que pensar en la forma de aplicar la Constitución, en la que figuran muchos derechos humanos que no se materializan: constan en la Constitución, pero no en la vida de las personas”. Se trata, pues, de reclamar, exigir y ejercer esos derechos, condición indispensable para que prospere la democracia.
En el mismo sentido se expresa Pascual Alberto Orozco Garibay, constitucionalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho, cuando afirma que, pese al optimismo que despertó la llegada de un nuevo paradigma constitucional y el amplio análisis doctrinal que éste suscitó, los datos duros proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dejan clara la falta de eficacia del contenido normativo de nuestra Carta Magna: millones de mexicanos continúan viviendo en la pobreza extrema y existen numerosas carencias en materia de servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y servicios básicos de vivienda, rezago educativo y seguridad alimentaria.
¿Hacia dónde debemos transitar en busca de una solución a un problema que no termina de resolverse, pese a la tan celebrada reforma constitucional? En su colaboración “Derechos humanos en México: retos y rutas”,Manuel Jorge Carreón Perea (consejero de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México) y Mateo Mansilla-Moya (investigador del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio) nos ofrecen algunas claves: transparencia, participación pública, promoción del discurso de los derechos humanos, educación jurídica para la paz y defensa de los valores democráticos. Y añaden: es momento de dejar atrás una educación para la abogacía que toma como eje el conflicto y las habilidades de argumentación jurídica, para dar paso a una metodología que privilegie el discurso de paz, la protección de los derechos y las libertades de las personas.
En esa misma línea, la obra Mediación, publicada recientemente por Porrúa y reseñada en estas páginas, destaca la necesidad de gestionar los conflictos a través del diálogo, con el afán de que se logren acuerdos que satisfagan las necesidades de los involucrados de una manera justa para ellos.
En síntesis, se trata de una edición que hace suyo el tema de los derechos humanos, no para quedarse en el diagnóstico —pesimista— de nuestra realidad actual, sino para proponer un camino hacia el cual seguir avanzando en esta urgente tarea que a todos nos compete.
