La reciente aprobación en la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2022, tras un “debate” en el que fueron rechazadas cerca de dos mil reservas presentadas por los partidos políticos de oposición, ha dejado claro que la prioridad para el gobierno federal seguirán siendo los programas sociales que han apuntalado la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador —como evidencia el incremento de recursos para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar—, así como los proyectos insignia de esta administración, como la refinería de Dos Bocas —a la que se asignaron recursos por 45,000 millones de pesos— y el Tren Maya —que recibirá 62,000 millones de pesos—.
Más allá las particularidades del presupuesto y sus repercusiones en materia económica, resulta de interés para el gremio jurídico la reducción de 8,000 millones de pesos para los órganos autónomos —siendo el Instituto Nacional Electoral el más afectado, con una disminución de casi 5,000 millones de pesos— y el recorte al Consejo de la Judicatura Federal de cerca de 3,000 millones de pesos, con respecto al año anterior.
Como se ha comentado en otras oportunidades en este espacio —citando a nuestro consejero Elisur Arteaga—, los órganos constitucionales autónomos son depositarios de funciones estatales que buscan descentralizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y transparentar la marcha de la administración pública, sin adscribirse a los poderes tradicionales del Estado. Sin embargo, es de sobra conocido que a últimas fechas han sido objeto de injerencia e intentos de captura por parte de diversos actores políticos. Preocupa, en este escenario, el ánimo de venganza que se advierte en el recorte, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral, cuyo titular ha sido objeto de continua denostación, especialmente desde el proceso electoral de junio pasado. Ya en su momento, Lorenzo Córdova señalaba en este espacio: “Somos órganos de control del poder, lo cual siempre genera tensiones y presiones. El problema no es que haya presiones, sino que las autoridades cedan y que la autonomía quede en un mero membrete”. ¿Cuáles serán los efectos que tendrá esta reducción de más de la cuarta parte del presupuesto operativo del instituto? El consejero presidente ya lo ha anticipado: la imposibilidad de seguir ampliando los derechos políticos de la ciudadanía y la puesta en riesgo de ejercicios democráticos como la revocación de mandato.
Por su parte, el recorte al Consejo de la Judicatura Federal, resultado de la continua descalificación a los impartidores de justicia, parece enviar un claro mensaje: la política seguirá prevaleciendo por encima del Estado de derecho; los fallos que suspendan las reformas emanadas del Ejecutivo seguirán cuestionándose de forma implacable y los jueces responsables de emitirlos serán exhibidos públicamente. Asimismo, el equilibrio de poderes que resulta de la labor de los juzgadores continuará en riesgo frente a la arbitrariedad del gobierno federal.
El cierre del año nos presenta, así, el escenario que enfrentaremos las y los abogados en 2022. “Nada puede ni debe estar por encima de las leyes que rigen en una sociedad”, afirmaba Montesquieu. Ése debe ser nuestro objetivo: redoblar esfuerzos por consolidar el Estado de derecho en nuestro país.
