La trágica muerte de 55 migrantes en Chiapas en días pasados, debida a la volcadura del camión en el que viajaban hacinados, conmocionó a la opinión pública y nos hizo voltear la vista, una vez más, al grave problema migratorio que existe en nuestro país. Y no es que se trate de una tragedia aislada; desgraciadamente las noticias de las vejaciones y sufrimientos que padecen los migrantes que ingresan a nuestro territorio —en busca de llegar a Estados Unidos o de establecerse definitivamente en el país— son el pan de cada día. Ya sea por los abusos de las propias autoridades, las extorsiones de quienes los transportan o el riesgo de caer en manos de la delincuencia organizada, este sector vulnerable de la población requiere que busquemos, con urgencia, soluciones para atender este gravísimo problema que cuesta la vida cada año a cientos de seres humanos, entre los que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ya se encuentran también mujeres y niños.
México ha suscrito los más importantes tratados a nivel internacional en materia de protección de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y cuestiones de nacionalidad y apatridia, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial sobre Refugiados, adoptados en 2018. Pese a que “los compromisos asumidos por nuestro país en estos instrumentos internacionales deben regir la política y respuesta de México ante los retos migratorios actuales” —como señala el documento Reforma sobre el sistema de justicia en México, preparado por el Instituto Aspen de México, que se reseña en esta edición—, la realidad es que seguimos criminalizando de facto a las personas migrantes y discriminándolas. Así lo afirma Julieta Morales Sánchez, experta en el tema de los derechos humanos, quien en la entrevista que publica este mes abogacía ofrece también alternativas dignas de considerarse en la solución de este problema:contar con una política estructural y un compromiso de no violencia hacia los migrantes indocumentados; entender el problema de la migración indocumentada como una cuestión de desarrollo humano y no de seguridad; establecer una adecuada coordinación y una cooperación internacional para atender el problema por países tanto expulsores como receptores de la migración; establecer políticas que atiendan las causas reales de la migración (pobreza, desempleo, violencia e inseguridad, por ejemplo), e introducir la perspectiva de género en el análisis del fenómeno migratorio y en el diseño de políticas públicas en la materia. Como ella misma evidencia en su libro Políticas públicas y derechos humanos, existe una brecha abismal entre la implementación de lo que prescriben las normas y lo que se vive en la realidad, y mientras no se comience a trabajar con seriedad en este tema, las quejas por las violaciones a los derechos humanos que padecen los migrantes mexicanos que intentan llegar a Estados Unidos no serán más que un discurso hipócrita de nuestras autoridades.
Esta edición hace suyo, pues, el tema de los derechos humanos, abordado a propósito de la cuestión de los migrantes, pero también desde otros ámbitos en los que la reflexión es igualmente urgente. Con el estilo desenfadado que los caracteriza, “Tito” Garza Onofre y Javier Martín Reyes advierten que el discurso sobre los derechos humanos se ha banalizado y ha abierto la puerta a muchos charlatanes. Esta “moda de los derechohumaneros” termina siendo sólo una carta de buenas intenciones, carente de una teoría de los derechos fundamentales sólida, de una buena teoría de interpretación constitucional. Se privilegia la política sobre el derecho y, erróneamente, se asume que la legitimidad democrática puede ignorar la legitimidad jurídica.
Se trata, en síntesis, de una edición cuyos contenidos no nos pueden hacer permanecer apáticos, especialmente a los profesionales del derecho. Que, como suscribieron los colegios de abogados mexicanos que integran el Consejo General de la Abogacía Mexicana en el marco del World Law Congress de Barranquilla, Colombia, “las distintas profesiones jurídicas custodiemos y reivindiquemos la defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de derecho, articulando este esfuerzo con la sociedad mexicana, comunicando y describiendo de forma clara y accesible la amenaza que supone el deterioro y quebrantamiento de estos principios y valores fundamentales”. Refrendar este compromiso constituye, sin duda, uno de los mejores propósitos con los que podemos comenzar el nuevo año.
