La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 con la finalidad de proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Entre las actividades vulnerables que por su naturaleza son sujetas de operar con recursos de procedencia ilícita para “lavarlos” y reincorporarlos a la economía están la distribución y comercialización de todo tipo de vehículos; juegos con apuestas, concursos y sorteos; las operaciones con activos digitales; las tarjetas de crédito o de servicios; los préstamos o créditos; la comercialización de joyas, metales y piedras preciosas, relojes y obras de arte; los servicios de construcción, desarrollo y comercialización de bienes inmuebles, y los derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles, por mencionar algunas.
Asimismo, contadores públicos y abogados, entre otros profesionales que por sus actividades pueden realizar operaciones catalogadas como vulnerables, tienen la obligación de presentar avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que lleven a cabo sus clientes o usuarios por un monto superior al establecido por la ley, o por razón de la actividad en sí misma.
Estas obligaciones responden al cumplimiento de los estándares regulatorios definidos a nivel internacional para prevenir el lavado de dinero, fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo creado en 1989 por iniciativa del Grupo de los Siete.
Si bien la regulación del GAFI es rígida y compleja, en general México ha tenido evaluaciones positivas de su marco legal. No obstante, cabría hacer la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el resultado en materia de prevención e identificación de actividades con recursos de procedencia ilícita a casi una década de la publicación de la ley en la materia?
La respuesta podemos encontrarla en las conclusiones del informe “Regulación excesiva en el sistema financiero mexicano”, publicado en octubre del año pasado por la Fundación de Estudios Financieros, A.C.: 1) hay pocos casos de acciones penales y de condenas en esta materia; 2) en México se ha evitado adoptar como primera opción la aplicación de la ley o soluciones operativas; 3) cuando hay un problema casi siempre se culpa a la falta de regulación; 4) esto no sucede solamente en el sector financiero sino, en general, en todos los sectores; 5) tener cada vez mayor regulación de prevención de lavado de dinero como un mecanismo para mitigar la falta de eficacia en la aplicación de la ley es muy oneroso para el país, y 6) para monitorear y dar seguimiento a este tipo de actividades se requiere mejorar la capacidad de operación de las instituciones y migrar de procesos manuales y sistemas tradicionales al uso de herramientas de inteligencia artificial, así como invertir en el rediseño de los sistemas de almacenamiento de información para tener bases de datos integradas que permitan el uso de herramienta modernas.
El reto que implica el avance en la implementación de tecnología es mayúsculo, pero sin duda beneficiará a numerosos sectores —especialmente a emprendedores y pequeñas y medianas empresas— que contribuyen al desarrollo económico del país y que hoy en día dedican una parte importante de sus recursos humanos al cumplimiento —en no pocas ocasiones casi imposible— de obligaciones que, como señala el informe referido, pocas veces se traducen en acciones penales y condenas.
Se trata de un tema sobre el que vale la pena seguir discutiendo —y las páginas de abogacía están abiertas a los especialistas en la materia— a la luz de la experiencia que se ha adquirido en casi 10 años desde la publicación de la Ley Antilavado, considerando, entre otros aspectos, evitar una sobrerregulación que asfixie a los actores involucrados, propiciar una regulación diferenciada, invertir en sistemas de almacenamiento de información, homologar criterios e impulsar la coordinación de las distintas autoridades, medidas que sin duda contribuirán al desarrollo económico de nuestro país.