La reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador fue rechazada en la Cámara de Diputados el pasado mes de abril. Como ya se anticipaba, y como el propio titular del Ejecutivo lo previó, era necesario contar con una alternativa, “un plan B”, ante el eventual rechazo de la modificación constitucional. Ese plan consistió en una serie de cambios a la Ley Minera, concretamente a sus artículos 1, 5 bis, 9 y 10.
El decreto de reforma a ese ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril y establece lo siguiente: a) el litio se declara de utilidad pública, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia; b) la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de este metal quedan exclusivamente a cargo del Estado; c) para la realización de estas actividades se creará un organismo público descentralizado, y d) todas las acciones de dicho organismo deberán ajustarse a la legislación y a los tratados internacionales en materia de protección al medio ambiente y derechos de los pueblos originarios.
Cabría preguntarse, en este escenario, cuál es la trascendencia de esta reforma y por qué el litio se volvió de pronto tan importante.
En su artículo “¿Es el litio el nuevo oro?”, publicado hace más de una década en la destacada revista científica Nature, Jean-Marie Tarascon —reconocido profesor de química del Collège de France— hablaba ya de la importancia de este elemento, conocido desde hace más de dos siglos, por el papel fundamental que puede desempeñar en el almacenamiento de energía, aspecto esencial en el marco de los problemas de contaminación, el calentamiento global y la escasez de combustibles fósiles que vive hoy nuestro mundo. Por mencionar sólo una de sus aplicaciones, las baterías de iones de litio actualmente constituyen el método preferido para desarrollar tecnologías de energía renovable y vehículos eléctricos.
No se puede poner en duda la importancia de emprender una actividad consistente, bien planeada, con perspectiva de futuro, en esta dirección. Más aún cuando “los registros estadísticos de litio en México no reportan ninguna producción” y “en el presente el país no cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación”, como señalaba desde 2018 el reporte “Perfil de mercado del litio”, elaborado por la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía.
No obstante las evidentes ventajas que representará en el mediano y largo plazos para México la exploración, explotación y aprovechamiento de este metal, hay algunas dudas que aún deben despejarse: ¿por qué la política de generación de energías limpias no es consistente en la actual administración y, mientras se aprueba esta reforma a la Ley Minera, se sigue hablando de aumentar la producción de crudo y fortalecer el Sistema Nacional de Refinación? ¿Por qué, a la par que se pone énfasis en el respeto a la legislación y a los tratados en materia de protección al ambiente, los emblemáticos proyectos de infraestructura de este gobierno carecen de los más elementales estudios de impacto ambiental? ¿Por qué, dado el potencial que tiene el aprovechamiento del litio y el beneficio en términos económicos que puede representar para el país, se insiste en que sea sólo una empresa monopólica del Estado la que se encargue de esta actividad (más aún cuando las “empresas productivas del Estado” se distinguen por sus malos resultados)? ¿Por qué, en una palabra, se sigue insistiendo en el discurso que sataniza la inversión privada a pesar de las contundentes evidencias que existen de que la competitividad impulsa el crecimiento económico de un país? Son muchas las preguntas que aún quedan por debatir.
Esta edición de abogacía se suma, pues, al debate, como se advertirá en las diversas colaboraciones que se incluyen en estas páginas. Se trata de una discusión que, más allá de las filias y las fobias ideológicas, es urgente ante la catástrofe ambiental que se avecina.