En el marco de un Estado Social de Derecho, donde el Estado está obligado a la realización de acciones positivas para asegurar a las personas el disfrute de sus derechos no sólo políticos y civiles, sino también económicos, sociales y culturales, es fundamental que las acciones de gobierno y las políticas públicas que se emprendan estén orientadas con dos enfoques que deben actuar de forma complementaria: el enfoque económico y la perspectiva de derechos humanos. A partir de esto, Emilio Vargas Chávez analiza el caso del Programa Nacional de Reconstrucción.
En el marco de un Estado Social de Derecho, donde el Estado está obligado a la realización de acciones positivas para asegurar a las personas el disfrute de sus derechos no sólo políticos y civiles, sino también económicos, sociales y culturales, es fundamental que las acciones de gobierno y las políticas públicas que se emprendan estén orientadas con dos enfoques que deben actuar de forma complementaria: el enfoque económico y la perspectiva de derechos humanos.
En este sentido, las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos ponen énfasis en las obligaciones internacionales asumidas por los Estados1 y en la igualdad en el goce de los derechos humanos y la no discriminación.2 Esto implica que en el ciclo de vida de una política pública, cada uno de los procesos que la conforman deben diseñarse e implementarse tomando en cuenta esta perspectiva, pues su principal objetivo es el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas.3
En lo que se refiere al enfoque económico, los tomadores de decisiones deben tener presente que toda política pública pretende analizar la asignación de recursos escasos para atender problemas que se encuentran en la agenda pública. Por lo tanto, la elección que se realice de los recursos y los medios es determinante para lograr de manera eficiente la solución de los problemas públicos planteados, buscando minimizar los costos y maximizar los beneficios; es decir, persiguiendo la racionalidad.4
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Teniendo en cuenta estas nociones me gustaría enfocar estas perspectivas en una política en particular que puede ilustrar, en algunos de sus aspectos, cómo la implementación de ambos enfoques puede ser determinante en los resultados que tiene una política pública.
Con motivo de la falta de atención oportuna de los daños ocasionados por los sismos registrados en México en septiembre de 2017 y en febrero de 2018, en 2019 el gobierno de México decidió atender, mediante una política pública, los daños y las consecuencias sociales y económicas que se identificaron como un problema que afectó a personas y a comunidades impidiendo el retorno a la vida cotidiana a cientos de personas en distintos ámbitos.
Los daños contabilizados por los sismos mencionados, de acuerdo con cifras de febrero de 2018, fueron los siguientes: 186,526 viviendas, 19,198 planteles educativos, 297 unidades de salud y 2,340 bienes culturales.5
El objetivo general del programa que se implementó fue atender a los municipios afectados por los sismos mediante un conjunto de intervenciones para el impulso de proyectos y acciones de reconstrucción de viviendas, infraestructura física educativa, infraestructura del sector salud y bienes culturales.
La intervención del Estado en estas actividades derivó de las obligaciones internacionales y constitucionales que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho de las personas a una vivienda digna, a ocupar una infraestructura educativa segura, a la protección de la salud y al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes culturales.
Como cualquier política pública, en especial las que tienen enfoque de derechos humanos relativos a derechos económicos sociales y culturales, requiere recursos específicos para cumplir sus objetivos. En este sentido, en el ejercicio 2019 este programa contó con un presupuesto de 8,000 millones de pesos, cuyos trabajos fueron coordinados por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, dividiendo las actividades por sectores con diversas instancias responsables del ejercicio de los recursos y con diferentes instancias ejecutoras de los trabajos.6 Sin embargo, en 2020 el presupuesto asignado disminuyó considerablemente a 2,844 millones de pesos; es decir, tuvo un recorte de 62 por ciento.
De acuerdo con la evaluación realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2020, además de distintos hallazgos relacionados con procesos sustantivos como la selección de beneficiarios, la producción de bienes para realizar el programa y la deficiencia en la coordinación interinstitucional, un tema de suma preocupación para los evaluadores fue el significativo recorte del presupuesto en el ejercicio subsecuente al inicio del programa.
Los evaluadores señalaron que el recorte afectaría la planeación, sobre todo en las metas del programa, así como que traería consecuencias en las actividades de supervisión y acompañamiento técnico de las obras realizadas, lo que reduciría la posibilidad de conseguir los resultados esperados, pues generaría riesgos pues no se contaba con mecanismos que garantizaran la calidad de las obras intervenidas.
Al efecto, el órgano evaluador también recomendó opciones de asignación y ejecución de los recursos para que éstos no fueran una limitante para la realización de las acciones de reconstrucción.
En conclusión, no sólo es importante destinar recursos para el logro de una política pública, sino que también es fundamental que se analice el periodo durante el cual se requiere de ésta y los objetivos que se desean lograr, tomando en cuenta que mientras más tiempo pase sin atender a la totalidad de la población identificada como beneficiaria, siempre habrá personas afectadas que no puedan tener el pleno goce y ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, la continuidad presupuestaria y la adecuada proyección económica de la política pública son fundamentales en aquellas políticas que buscan resolver un problema público que afecta derechos económicos sociales y culturales.
Notas:- Daniel Vázquez y Domitille Delaplace, “Políticas públicas con perspectiva de derechos humanos: un campo en construcción”, Sur. Revista Internacional de Derechos Humanos, vol.8, núm.14, 2011, p. 40.[↩]
- Ibidem, p. 45.[↩]
- Idem, 50.[↩]
- Laura Sour, El enfoque económico en el estudio de las políticas públicas, México, CIDE, 2008, pp. 2-3.[↩]
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Evaluación de diseño con trabajo de campo del Programa Nacional de Reconstrucción 2019-2020”, México, 2020, p.25.[↩]
- Idem, p. 19.[↩]