Los precedentes no son sólo la voz de los tribunales; también reflejan la problemática social actual. Además, permiten conocer los planteamientos sobre la aplicación de las normas que los abogados hacen a lo largo del país. En esta edición presentamos algunos criterios que fueron comentados en el blog semanal “¿Qué dicen hoy los tribunales?” (entregas 10 a 14), elaborado por PDeA Abogados e Inteli-Iuris.
Los registros referidos en este artículo pueden consultarse en el buscador de la Suprema Corte de Justicia, en este enlace.
Derecho fiscal
Cancelación del certificado de sellos digitales, no procede amparo
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en jurisprudencia que el contribuyente no puede promover juicio de amparo en contra del oficio por el que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) deja sin efectos su certificado de sellos digitales. Lo anterior, porque no se afectan derechos sustantivos.
La SCJN consideró que el contribuyente debe seguir el procedimiento determinado por el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación (CFF) para aclarar las posibles irregularidades ante el SAT. Cabe recordar que mientras no se cuente con un certificado de sello digital, el contribuyente no puede expedir comprobantes fiscales (CFDI). Registro: 2022825.
Persecución de delito de defraudación fiscal
Un tribunal colegiado de circuito (TCC) analizó la diferencia entre el plazo que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para presentar querella (preclusión) y el plazo para que el Ministerio Público ejerza la acción penal (prescripción), lo anterior para el supuesto del delito de defraudación fiscal. Resolvió que ambos plazos no corren en paralelo, sino que: a) en primer término, corren los cinco años en que precluye el plazo para que la SHCP presente querella a efecto de que se persiga el delito de defraudación fiscal; b) en el supuesto de que la SHCP presente querella, comenzará a correr el plazo para la prescripción de la acción penal (artículo 100, CFF). Registro: 2022954.
Tratándose de delitos fiscales, la presentación de la querella interrumpe el plazo para que no precluya el derecho de la SHCP, pero no interrumpe el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Registro: 2022953.
Derecho penal
Procedencia del amparo en ejercicio del derecho de petición
¿Qué sucede si una persona presenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y ante la fiscalía de su estado y ninguna de ellas le da trámite a la denuncia? Ante esta inacción el denunciante solicitó información a las fiscalías sobre la denuncia y la carpeta de investigación. Sin respuesta, promovió juicio de amparo señalando que se había violado su derecho de petición protegido por el artículo 8º constitucional. Un TCC sostuvo que sí procede el juicio de amparo, sin que sea necesario que el denunciante tenga que acudir previamente a un medio de defensa ordinario, porque se está planteando una violación directa a la Constitución. Registro: 2022847.
Derecho laboral
Derechos sindicales
Se publicaron 12 jurisprudencias de la segunda sala de la SCJN sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1º de mayo de 2019. Estos criterios surgen de juicios de amparo promovidos por varios sindicatos, en los que se resolvieron los siguientes temas:
- Obligación de las directivas de rendir cuentas del patrimonio del sindicato a los trabajadores. Registros: 2022918 y 2022917.
- Voto directo en la elección de los miembros de la directiva sindical. Registros: 2022916 y 2022915.
- Designación de representantes de los trabajadores ante las juntas de conciliación y arbitraje por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Registro: 2022910.
- Obligación de los sindicatos de prever en sus estatutos los procedimientos de elección de directivas y consulta de contratos colectivos. Registro: 2022907.
- Obligación de revisar contratos colectivos de trabajo ya existentes y ser aprobados por la mayoría de los trabajadores. Registros: 2022879 y 2022878.
- Posibilidad del trabajador de no pagar cuotas sindicales ordinarias. Registro: 2022885.
- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como integrante de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Centro). Registros: 2022883 y 2022882.
- Facultad del Centro de verificar el procedimiento de elección de las directivas sindicales. Registro: 2022881.
Derecho a la salud
SCJN se pronuncia sobre desabasto de medicamentos
La primera sala de la SCJN se pronunció sobre el desabasto de medicamentos para enfermos de VIH en dos juicios de amparo presentados en contra de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la falta de entrega de medicamentos para su tratamiento. Se resolvió que el Estado está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la salud hasta el máximo de los recursos de que disponga. La obligación de cumplir con la sentencia es del hospital del IMSS y de cualquier otra autoridad obligada a realizar acciones. Registro: 2022889.
La SCJN señaló que las autoridades directamente obligadas a garantizar el derecho a la salud deben: a) brindar la asistencia médica y el tratamiento a sus pacientes de forma oportuna, permanente y constante; b) tomar en cuenta el estado de salud del paciente, y c) considerar, en casos como el VIH, que el éxito del tratamiento depende de que las medicinas se tomen ininterrumpidamente. Estos criterios son obligatorios para todas las instituciones del sistema nacional de salud. Registros: 2022890 y 2022888.
Derecho civil
Puede otorgarse la suspensión en embargo de cuentas bancarias
Un TCC en materia civil resolvió un asunto en el que se había ordenado el embargo de una cuenta bancaria por una cantidad determinada; sin embargo, se había asegurado la totalidad del dinero en la cuenta. El titular de la cuenta solicitó que se le permitiera disponer de la cantidad que excedía el embargo ordenado, a través de la suspensión en el juicio de amparo. El TCC resolvió que en este caso sí es posible otorgar la suspensión para que se liberen los recursos que no debían ser asegurados. Registro: 2022893.
Juicio en línea
Firma electrónica: pleno valor probatorio
Un TCC confirmó que la ratificación del desistimiento de la demanda de amparo puede realizarse por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, si el escrito de ratificación es firmado utilizando la firma electrónica del quejoso. La firma electrónica tiene pleno valor probatorio y surte sus efectos como si la ratificación hubiera sido firmada ante la autoridad judicial. Registro: 2022891.
Ausencia de firma electrónica al promover una demanda
El antecedente de estos criterios es la jurisprudencia del pleno de la SCJN de 2019, que resolvió que la falta de firma electrónica en una demanda de amparo promovida en línea no podía subsanarse, por lo que debía ser desechada de plano. Registro: 2019715.
En tesis aislada, un TCC determinó que durante la contingencia sanitaria por Covid-19 se configuran excepciones a esta jurisprudencia. Aun cuando no se haya firmado de manera electrónica, se debe aceptar el escrito de demanda digitalizado que contaba con la firma autógrafa del promovente. Registro: 2022887.
Un TCC sostuvo que la falta de firma electrónica no provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sino que el juez tendría que prevenir al quejoso. Se señala que ante la contingencia los jueces deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos. Registro: 2022886.
Pruebas en el juicio en línea
En tesis aislada, la primera sala de la SCJN sostuvo que las pruebas presentadas en línea no pierden su valor probatorio al digitalizarse, por lo que deben recibir el mismo tratamiento como si se hubieran presentado en su versión física. Las pruebas podrán ser objetadas por las partes y, excepcionalmente, cuando el juzgador dude de la coincidencia del documento digital con el original puede requerir que se presente el documento original. Registro: 2022826.
Derecho administrativo
Conclusión y reapertura de investigaciones en materia de responsabilidades administrativas
En tesis aislada, la segunda sala de la SCJN avaló la constitucionalidad del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, por un lado, establece la posibilidad de archivar y concluir una investigación de faltas administrativas, en caso de no encontrar elementos suficientes para determinar la presunta responsabilidad del servidor público o de un particular, y, por el otro, de reabrir la investigación si surgen nuevos elementos. De acuerdo con la segunda sala, ambos supuestos se complementan y son aplicables, siempre y cuando la facultad para sancionar no haya prescrito. Registro: 2022960.
