El World Law Congress, que desde 1965 organiza de forma bienal la World Jurist Association, tiene como objetivo promover el Estado de derecho como garante de la libertad y el desarrollo de las naciones. La edición XXVII de este evento, que reunió a más de 3,000 juristas de todo el orbe, se llevó a cabo a comienzos de diciembre del año pasado en Barranquilla, Colombia. Presentamos a continuación la síntesis de lo más relevante que sucedió allí.
Participaron jefes de Estado, presidentes de tribunales, jueces, académicos, notarios, abogados, estudiantes de derecho y juristas, quienes debatieron asuntos relacionados con el mundo del derecho.
El congreso dio voz a las víctimas de crímenes contra la dignidad, la vida y la libertad que muchas veces se desconocen en el ámbito internacional.
El rey Felipe VI de España entregó el World Peace & Liberty Award, que la World Jurist Association confirió en esta edición a la sociedad y a la democracia de Colombia —primera vez que se otorga a un país— por su defensa, fortalecimiento y promoción del Estado de derecho. En nombre de los colombianos, el reconocimiento fue recibido por el presidente Iván Duque.
El rey Felipe VI de España afirmó que “no hay libertad sin leyes, y sin leyes no hay democracia». A su vez, Iván Duque dijo que “los sistemas democráticos son imperfectos, pero tienen una gran ventaja: son protectores y garantes de la libertad individual”.
El World Justice Project fue honrado con la medalla de honor por el desarrollo del Rule of Law Index, galardón que recibió su directora ejecutiva, Elizabeth Andersen.
Durante el acto de clausura se conformó la Declaración de Barranquilla, documento que constituye un llamado al respeto por la democracia y una alerta contra el populismo y las dictaduras.
La declaratoria destaca la urgencia de renovar el compromiso con la Constitución, la democracia y el Estado de derecho en todos los países, así como la inseparable relación entre éstos, que representa la forma más segura de limitar el poder en beneficio de la ciudadanía.
Los colegios que integran el Consejo de la Abogacía Mexicana (INCAM, ANADE y BMA) adoptaron la Declaración de Barranquilla sobre el Estado Constitucional Democrático de Derecho como garante de las libertades ciudadanas.
