El pasado 2 de junio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para el siguiente sexenio, en las cuales los resultados fueron favorables para la candidata morenista Claudia Sheinbaum.
¿Qué implica la victoria de Morena en estos comicios?
Como es sabido, en estos últimos meses ha estado en boga el tema de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se pronunció respecto del tema en la conferencia mañanera posterior a que se dieron a conocer los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares y sostuvo que se seguiría adelante con la reforma, reafirmando su “urgencia”.
Los objetivos de la reforma se abocan a los siguientes aspectos:
1. La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. La elección popular de ministros, magistrados y jueces.
3. La sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos y disciplinarios independientes.
4. La implementación de nuevas reglas procesales.
De una lectura superficial de estas propuestas podemos deducir algunos puntos de incertidumbre; por ejemplo, en el caso del segundo, habría que plantear, en primer término, ¿cómo llega un juez a serlo?
Tras el papel que desempeña un juez en el sistema jurídico mexicano está una preparación basada en el mérito y en sus capacidades. Como cualquier profesión que se encarga de proteger los bienes más importantes de la sociedad, debe basarse en una metodología estricta, con reglas ordenadas, de manera que, incluso, se asemeje a un método científico cuyo objetivo es producir decisiones objetivas. Por eso resulta absurdo concebir la materialización de la propuesta de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, sobre todo debido a que el papel de los juzgadores consiste en tomar una decisión fundada en derecho, así como en principios lógicos y racionales, con el fin de que pueda propiciar una resolución estrictamente objetiva.
Al abordar este punto es indispensable hablar sobre sus límites e identificar las consecuencias de su implementación al margen de los derechos fundamentales, puesto que si nos basamos en una decisión que afecta a un individuo en particular, fundada en la voz de las mayorías, estaríamos incurriendo en lo que Luigi Ferrajoli ha denominado “la crisis de la democracia” y tendríamos un grave problema, porque el juzgador ya no se estaría apegando a principios de derecho y a reglas objetivas sino a la voluntad del votante.
No obstante, el Poder Judicial tiene cierta responsabilidad en la promoción de esta reforma, pues siempre ha prevalecido una gran desinformación acerca de sus funciones. Y una de las principales razones que atraen la atención de las personas es el déficit en la administración de justicia, sobre todo en materia penal, lo cual ha terminado por enardecer a la sociedad. Y si bien éste es un problema real, no se le debe atribuir al Poder Judicial, ya que la persecución de los delitos y las tareas de investigación les corresponden a las fiscalías. Evidentemente éste es un problema sistémico que debe ser abordado con urgencia, pero la reforma al Poder Judicial que sugiere el morenismo no es la solución idónea.
Por último, se debe defender la independencia judicial, la cual es el pilar que sostiene la división de poderes, protege las decisiones de los jueces y hace funcionar nuestro sistema de pesos y contrapesos.
