El 19 de enero de 2023 se reportó la desaparición de María Ángela Olguín, una joven de 19 años de edad que fue vista por última vez en el paradero de la estación del metro Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México. De acuerdo con información aportada por la familia, María Ángela fue raptada afuera de los baños públicos del paradero mientras esperaba a su madre. Tres días después fue localizada en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Días después del suceso, la Fiscalía de la Ciudad de México declaró que la desaparición de María Ángela no había tenido como origen un hecho delictivo, sino que la menor se alejó por su voluntad del lugar en el que estaba con su madre. De acuerdo con la explicación de Ulises Lara, vocero de la fiscalía, María Ángela se alejó del paradero de Indios Verdes y llegó al campamento de un colectivo ubicado en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Ahí, como señalaron en entrevista, le brindaron apoyo pues pensaron que se trataba de una persona perdida luego de que les solicitó ayuda para dormir y una de las integrantes de ese colectivo le dio asilo en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Este caso no es un hecho aislado en nuestro país, ya que en muchas ocasiones se ha visto cómo las fiscalías de diversas entidades federativas violan sistemáticamente diversos derechos humanos con su forma obrar, al revictimizar a las mujeres que han sufrido violencia y al realizar investigaciones poco profesionales y técnicas que derivan en negligencia. Las mujeres que han experimentado un fenómeno delictivo que implica violencia de género, la mayoría de veces enfrentan el fenómeno de la revictimización, el cual se genera por el acto vulnerante, por la violencia institucional, por la estigmatización y por el olvido social.
Lo anterior es grave, pues este fenómeno trae como consecuencia que las autoridades —que tienen la obligación de esclarecer los hechos delictivos y fundar sus investigaciones con la perspectiva de género— violen sistemáticamente los derechos humanos de las víctimas, lo cual tiene su origen en la cultura machista y en un sistema plagado de corrupción e impunidad que propicia que 95 por ciento de los hechos delictivos que se denuncian queden impunes, dejando a las víctimas y a sus familiares en estado de indefensión.
