Platicamos con los socios de la firma Sabag, Becker & Gerrit Cohen sobre diversidad de materias que nos ayudan a dimensionar la importancia del sector privado en la construcción del Estado de Derecho, y nos arrojan luz sobre el panorama jurídico sobre diversos tópicos. Melissa Mejía Arias, Ruben Moya Bocanegra, Rodrigo Pastrana Moreno, Lorena Valencia Rosales y Juan Carlos Toribio Santos se suman al diálogo con las sólidas visiones que acá podemos explorar.
¿A qué retos se enfrenta la justicia laboral en México, y qué rutas podrían seguirse para superarlos?
Melissa Mejía Arias – La justicia laboral históricamente ha sido relacionada a las legislaciones y la búsqueda de resolución de controversias con tendencia a la protección de la clase trabajadora, lo cual se ha visto reflejado en las últimas reformas a la ley laboral y las iniciativas que aún están por discutirse, sin embargo, es un reto que el reconocimiento de los derechos laborales y mejores condiciones de trabajo no implique un detrimento económico que ponga en riesgo la existencia de las mini, pequeñas y medianas empresas que son quienes generan más del 60% del empleo formal en nuestro país.
Desafortunadamente ese impacto económico en ocasiones es imputable al tiempo de resolución de controversia de los tribunales tanto en el ámbito local como federal, se requiere fortalecer a los tribunales laborales y dotarlos de personal capaz y suficiente para eficientar los procesos.
¿Cómo ha impactado la tecnología digital al fenómeno delictivo en el sector financiero? ¿Está, la legislación en materia penal, a la altura de las implicaciones que esto conlleva?
Ruben Moya Bocanegra – Si bien nuestros legisladores, tanto federales como locales, han hecho un esfuerzo considerable por crear tipos penales novedosos que permitan al justiciable imponer penas adecuadas, lo cierto es que los delitos informáticos (o delitos cibernéticos), en especial en el sector financiero nos rebasan constantemente.
La Ley Fintech, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito son ordenamientos jurídicos ajenos a los códigos penales que también tipifican los delitos informáticos, especialmente aquellos que competen al sector financiero; algunos ejemplos son:
◦ El copiado o reproducido ilegal de tarjetas de crédito;
◦ La falsificación o alteración de terminales punto de venta;
◦ La manipulación de medios de identificación electrónica;
◦ El acceso ilegal de una persona a al portal electrónico bancario de alguien más;
◦ La destrucción total o parcial de información crediticia electrónica que le impida a la CNBV supervisar y vigilar a un gobernado;
◦ La sustracción o utilización de las claves de acceso al sistema de recepción de órdenes y asignación de operaciones de un intermediario del mercado de valores para ingresar posturas y realizar operaciones, sin el consentimiento del titular.
Sin embargo, en pleno 2025 una cantidad insuperable de delitos informáticos que al no estar tipificados, pudiesen ser un reto grave para un fiscal que pretende judicializar una carpeta de investigación, tales como:
◦ Cryptosmurfing o Criptopitufeo: Dividir grandes cantidades de dinero en efectivo en pequeñas cantidades, hacer muchos depósitos en diversas cuentas bancarias a través de prestanombres; posteriormente, utilizan esas cuentas bancarias para comprar pequeñas cantidades de criptoactivos, para después depositarlos en Wallets Negros, donde es imposible rastrearlos;
◦ Secuestro de datos / criptorescates: Un pirata informático accesa a tu computadora con algún malware, secuestra tu información y, minutos después te solicita una fuerte transferencia de criptoactivos para devolvértela o regresarte el control de las cuentas bancarias;
◦ Financiación de terrorismo: a través de criptomonedas;
◦ Cryptojacking: Un pirata informático consigue en su poder un dispositivo electrónico, sin el consentimiento del propietario, para minar criptomonedas gratuitamente.
◦ Fake Wallets: Delincuentes informáticos se hacen pasar por administradores de una cartera virtual a través de una app falsa, utilizando el logo original, para que entusiastas depositen su dinero anhelando comprar criptoactivos.
Tenemos un largo camino por recorrer, en especial, nuestros legisladores.
Más allá de la cuestión normativa, los retos en materia penal se experimentan a diario en las fiscalías y en el poder judicial. ¿Cuáles son los mayores obstáculos a los que justiciables y abogados se enfrentan en estos espacios?
Rodrigo Pastrana Moreno – Los obstáculos a los que nos enfrentamos justiciables y abogados en el ámbito penal son diversos y complejos.
Algunos de los mayores retos son:
1. Retrasos en los procesos: Los sistemas judiciales a menudo están saturados, lo que provoca demoras significativas en la resolución de casos. Esto puede afectar el derecho a un proceso justo y rápido.
2. Estigmatización y presión social: Los justiciables pueden enfrentar prejuicios, estigmas sociales y presión pública que influyen en la percepción de su caso y en el manejo e intervención por parte de las fiscalias y tribunales, lo que provoca sentencias influenciadas por estos factores, alejandose de la verdadera impartición de justicia.
3. Falta de recursos: Las fiscalías y los tribunales a menudo carecen de recursos suficientes, tanto financieros como humanos, lo que afecta la calidad y rapidez de la investigación y los procesos.
4. Corrupción: En algunos contextos, la corrupción puede influir en los procesos judiciales, generando desconfianza en el sistema y dificultades para obtener justicia. Afortunadamente contamos con mecanismos para mitigar y erradicar dichos actos de corrupción que trastocan el espiritu del sistema. .
5. Desigualdades estructurales: Las desigualdades socioeconómicas, raciales y en nuestra epoca, especialmente de género a menudo se reflejan en el sistema penal, lo que resulta en un trato desigual entre hombres y mujeres.
6. Estigmatización y presión social: Los justiciables pueden enfrentar prejuicios, estigmas social y presión pública que influyen en la percepción de su caso y en el manejo e intervención por parte de las fiscalias y tribunales, lo que provoca sentencias influenciadas por estos factores, alejandose de la verdadera impartición de justicia.
Estos desafíos requieren atención y una serie de cambios estructurales en el sistema de justicia penal para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una justicia efectiva y equitativa.
¿Cuál es el estatus del derecho aeronáutico en México? ¿Cuál es la importancia de la especialización en el sector aeronáutico en el país?
Lorena Valencia Rosales – Definir el estatus del derecho aeronáutico es complejo pues una rama que todo el tiempo está cambiando y siempre es un reto para los países estar a la par de los avances tecnológicos. En México, estamos en medio de muchísimos cambios importantes, por un lado, en 2023 se reformaron la Ley de Aviación y Ley de Aeropuertos, que a su vez provocó la modificación de más de 200 Circulares y Normas Oficiales Mexicanas, además ahora la SEDENA tiene inherencia en nuestra rama.
A la par, hemos tenido auditorías de la FAA (Federal Aviation Administration) que no han sido favorables pues no hemos cumplido con los estándares de seguridad operacional debido al escaso personal aeronáutico y pocas certificaciones. Esto no es la primera vez que pasa en México.
La industria ha manifestado un descontento con la forma en la que se está legislando en la materia, y actualmente se están haciendo muchos esfuerzos entre la iniciativa privada y la iniciativa pública para llegar a acuerdos que beneficien al sector.
Así que, el status del derecho aeronáutico en México difícilmente va a ser estático, son tantas las ramas que tiene y el avance de la tecnología que es un reto constante estar a la par de otros países, y ser un hub regional nos obliga a estar cambiando constantemente.
Respecto a la importancia de la especialización el sector, considero que en los últimos 10 años en México ha habido mucha más difusión de nuestra materia y existen más oportunidades de especializarse, muchas de ellas en línea, sin embargo, la difusión en las universidades es muy poca.
Los abogados que nos dedicamos al derecho aeronáutico, aparte de conocer la legislación internacional y nacional, estamos obligados a conocer cuestiones técnicas para que nuestros clientes tengan una asesoría integral y por ende contribuyan a una buena práctica.
Entonces más que decir que la especialización en la materia es importante o no, diría que es fundamental para quienes estamos en el sector, porque el derecho aeronáutico a su vez tiene muchísimas ramas y conceptos que hay que entender, incluso para algo tan metódico como tramitar un permiso ante la AFAC, por ejemplo para realizar operaciones de deshielo y antihielo es necesario conocer la composición de una aeronave para poder aplicar el líquido correcto con porcentajes de glicol y aditivos para evitar un incidente o accidente.
¿Cómo impactará el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el litigio en esas materias?
Juan Carlos Toribio Santos – Unificar las reglas del juego. Es un de los principales fines del Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares (CNPCF), con su reciente entrada en vigor y aplicación al menos hoy en la Ciudad de México y próximamente en diversas entidades del país, así como en el ámbito federal, esta ley, se posiciona como la tercera más importante de nuestro sistema jurídico después de la Constitución Federal y la Ley de Amparo. No sólo porque establece las nuevas reglas del procedimiento algunos de los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, como la familia y su patrimonio, sino también porque impacta como ley supletoria en diversas legislaciones, sustituyendo al Código Federal de Procedimientos Civiles.
Como abogado especializado en litigio civil y familiar, opino que el CNPCF representa una oportunidad de seguir evolucionando en nuestro sistema jurídico, especialmente en la lucha de transición del papel a la oralidad, en donde se pretende que los procesos se vuelvan más efectivos en diversos aspectos, por ejemplo; las notificaciones, tramitación de audiencias, plazos más cortos, sin perder de vista la importancia de que el juez participe activamente en la tramitación del juicio y, de este modo conozca a las partes que intervienen.
Lo hemos visto antes, por ejemplo con nuestros colegas en materia penal. No perdamos de vista que la implementación y transición al CNPCF constituye uno de los principales retos para los tribunales superiores de justicia, poderes judiciales, jueces, litigantes y todos los involucrados, incluidos académicos y estudiantes. Este proceso Implica una preparación que involucra análisis, practica y pasión por una materia tan especializada.
Las reglas finales no están escritas; como sucede con todas las reformas, serán sometidas a criticas, interpretación y a la creación de nuevos criterios que respondan a las necesidades de nuestra sociedad. Este es solo el comienzo, y considero que vale la pena ser pacientes, exigir las herramientas necesarias para la correcta ejecución de los tribunales y, principalmente, aceptar el reto que representa esta transición.
¿Cómo sería la reforma ideal al sistema jurídico mexicano?
Rodrigo Pastrana Moreno – Como tal, no existe una reforma ideal, cada quien puede tener opiniones, pero mas allá de esto, la realidad es que en lugar de realizar reformas drásticas, se puede optar por fortalecer las instituciones ya existentes, dándoles más recursos y capacitaciones para funcionar de manera más efectiva.
En lugar de cambiar todo el sistema, se pueden realizar ajustes y mejoras específicas en áreas que son problemáticas, lo que puede ser más práctico y menos disruptivo. Los cambios radicales a menudo encuentran resistencia y pueden crear inestabilidad. Mejorar y capacitar gradual y sistemáticamente puede resultar en un progreso más sostenible y aceptable.
En resumen, la idea es que, si bien puede haber problemas en el sistema jurídico, estos no siempre requieren reformas estructurales profundas. En muchos casos, una atención dirigida a la capacitación, la optimización de procesos y la educación de la sociedad puede producir resultados positivos y sostenibles.
¿Cuál es el futuro del constitucionalismo en México?
Juan Carlos Toribio Santos – Dada la situación de la captura del Poder Judicial es complicado prever con certeza cuál será el futuro del constitucionalismo en México, la historia será la que lo marque. Sin embargo, pienso que la responsabilidad en mantener un Estado de Derecho que realmente garantice los derechos fundamentales recae hoy sobre todos lo operadores jurídicos, incluidos los nuevos juzgadores, los que permanecen el sistema, los abogados litigantes y las fiscalías.
El reto es grande: uno puede optar por adoptar un rol activo o simplemente salir de la jugada. En este momento, es fundamental tener posturas y convicciones firmes, utilizar las herramientas que el derecho nos proporciona y, de ser necesario, actuar como el muro de contención ante las arbitrariedades.
¿Juegan algún papel las firmas legales en la protección del Estado de Derecho? ¿Cuál?
Lorena Valencia Rosales – Por supuesto, las firmas legales somos quienes tenemos que hacer un estudio legal minucioso de los casos para lograr la protección del Estado de Derecho.
Si bien el Estado de Derecho es considerado una condición política que se refiere al respeto en general a todo un sistema legal, la participación de las firmas legales es básico para hacer valer el mecanismo que garantice la protección del Estado de Derecho por medio de la legalidad e igualdad.
Ante un sistema jurídico que se enfrenta a una profunda transformación, ¿cuál es el rol de los abogados?
Ruben Moya Bocanegra – Desafortunadamente, el detonante de la reforma judicial actual es, cuando menos, tratar de reducir la corrupción. No sucederá.
Con esta reforma, muchos de los impartidores de justicia que serán elegidos en las urnas en 2025 y 2026 deberán favores a sus benefactores y sponsors en campaña; situación que generará inclusive mayores actos de corrupción bajo este nuevo modelo de justicia selectiva.
Sin quererlo, los abogados de este país seremos replegados a convertirnos en meros mensajeros entre el corrupto y el gobernado, pues en muchas ocasiones el terreno de batalla no podrá combatirse con argumentos técnicos, sino con billetazos.
Habrá que encontrar la forma.
Las abogacías fueron constantemente criticadas durante el sexenio anterior. ¿Por qué es importante esta profesión para la comunidad?
Melissa Mejía Arias – Los abogados desempeñamos una labor fundamental procurando la prevención de conflictos; propiciando la resolución extrajudicial de controversias y defendiendo en sede judicial los derechos e intereses de nuestros clientes. En conjunto con los juzgados y tribunales, somos copartícipes en la impartición de justicia y en garantizar una defensa adecuada, componente toral del debido proceso.
