Inclusión, igualdad, tolerancia, y múltiples beneficios a favor de la sustentabilidad pueden ser algunas de las implicaciones que tenga la legalización del cannabis. Diego Saucedo Portillo reflexiona propositivamente al respecto.
En el México actual existe un amplio mercado para el uso del cannabis con fines medicinales y, cabe señalarlo, una economía subrepticia derivada de su utilización con fines recreativos. Si bien es cierto que su consumo continúa siendo ilícito, es igualmente verdadero que nos encontramos lejos de una despenalización y, más aún, de ya no “satanizar” a la planta por sí misma, adicional a los usos y, sobre todo, los empleos y los aprovechamientos que tanto en la industria como en diversas áreas de las finanzas puede dársele.
Aun si se lograra su despenalización, legalización y formalización en el seno de la economía, en un sexenio que, desde ya, será histórico porque tendremos a la primera mujer presidenta en más de 200 años en que ha existido nuestro país, estamos lejos de alcanzar a Holanda (donde debe aclararse que no es plenamente lícito el consumo, la venta y la distribución de la cannabis, sino más bien existe una cultura de tolerancia y concientización) en un tema que fue abordado hace varias décadas en estas latitudes (en la década de 1960, mediante la Dutch Opium Act “Opiumwet”, la cual la consideró como una droga blanda, además de autorizar la posesión de no más de cinco gramos de cannabis o hachís, ni más de cinco plantas en casa, por persona), y que ahora suscita particular interés en múltiples sectores de la población mexicana, donde la ideología política, los valores, las creencias religiosas, así como las metas y la filosofía de vida de las personas definen cómo se percibe la situación y el grado de apoyo o rechazo a esa medida.
En muchas ocasiones sólo es conocido el uso lúdico y la criminalización que se ha hecho de sus consumidores, ignorando que es un producto que posee un gran mercado en diversos sectores productivos del país, así como a nivel internacional.
Estamos hablando de permitir a la población adulta el consumo lúdico de la marihuana mediante su despenalización (figura jurídicamente distinta a la legalización).
En un fallo histórico emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en junio de 2021, se declaró que diversos preceptos normativos de la Ley General de Salud eran inconstitucionales.
Entre los argumentos esgrimidos por los ministros, se señaló que tal regulación violentaba una gran variedad de derechos humanos, como la libertad, la identidad, el libre esparcimiento, así como el libre desarrollo de la personalidad, por señalar los más destacados de la sentencia.
En breves cuentas, el Estado mexicano y sus autoridades, de forma discrecional, denegaban a una persona, de manera continua y excesiva, sea por escollos burocráticos, por desinterés o por prejuicios, que pudiese consumir marihuana lúdicamente, a pesar de que se buscase hacerlo de forma legal y transparente.
En ese sentido, el máximo tribunal concedió al Poder Legislativo (bicameral, Senado y Cámara de Diputados) un plazo, el cual ya fue prorrogado en diversas ocasiones, para que se reformaran las leyes que prohíben el consumo de ese alcaloide, situación que a la fecha de la publicación de este texto no ha ocurrido ni existen iniciativas vigentes en proceso de discusión o en sanción, lo que implica el desacato al fallo de la SCJN e impide importantes avances y progreso tanto social como económico que, de cumplirse, se tornaría en beneficio de una sociedad más plural, libre, consciente, informada y despojada de preconceptos. Cabe señalar que, con pleno respeto a la división de poderes, la Corte emitió lineamientos, y no reglas estrictas, para que tuvieran lugar esas modificaciones.
Desafortunadamente, a pesar de que el partido gobernante tiene el control en ambas cámaras, severas discrepancias con la oposición de centroderecha, así como la búsqueda de un mayor consenso entre las fuerzas políticas, sin obviar la discordancia en los factores que hay que regular —las finalidades, los métodos, las protecciones y las restricciones, así como las cantidades, las sanciones y la eventual creación de un instituto nacional encargado expresamente de estas tareas (cuya denominación ha sido variada en diversas ocasiones, así como sus atribuciones y sus facultades)—, han hecho imposible cumplir con lo ordenado por el máximo tribunal de la nación.
De nueva cuenta, en el articulado de la última iniciativa que se sometió a discusión, las disposiciones normativas contenidas en ella restringían e, incluso, violaban, de nueva cuenta y con mayor intensidad, los derechos humanos antes señalados, incurriendo en la inobservancia y la contravención de los principios fundamentales que rigen a los derechos humanos, así como de diversas obligaciones y compromisos adquiridos por el Estado, en virtud de tratados y acuerdos ratificados por el Senado de la República sobre el tema.
El hecho de que exista voluntad política y de negociación para construir consensos, a favor de los mexicanos, para alcanzar una legislación de vanguardia, progresista y protectora de derechos humanos, en concordancia con el dictado de la SCJN, es de suma relevancia y de gran trascendencia histórica.
Lo anterior no sólo se traducirá en una herramienta para reducir estigmas sociales, unificar sectores poblacionales y eliminar barreras regulatorias, sino que también se verá reflejado en el continuo proceso de pacificación del país, en una importante reducción carcelaria y en un menor índice delictivo, al dejar de considerar a los consumidores habituales (aproximadamente 1.8 millones de personas sólo en México, el equivalente al total poblacional de Latvia) como delincuentes, aunado a la regularización y a la inserción en la economía formal de los dealers mediante la concesión de licencias para producir, transformar, procesar, comercializar y exportar la cannabis, en el que sería el tercer mercado más grande a nivel mundial (seguido de los de Estados Unidos y Canadá) y de los principales en todo el orbe.
Desde un enfoque más amplio, tomando en cuenta que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes e interrelacionados, aunado a que toda persona tiene derecho a un medio ambiente limpio y sustentable, así como a una vida libre de contaminación, volver legal el cultivo, el tratamiento, el procesamiento, la transformación y la comercialización de la cannabis (lista de acciones meramente ilustrativa y no exhaustiva), redundará en una menor tasa de deforestación y tala clandestina, de erosión y transformación de suelos, y de pérdida de especies, tanto de flora como de fauna, pues ya no será necesario ocultar, clandestinamente, dichos sembradíos en selvas y montañas, como es de público conocimiento y como ha acontecido siempre.
Igualmente, permitirá desarrollar técnicas y estrategias de cultivo sustentable, menos contaminantes, y respetuosas del medio ambiente (considerando que, en promedio, una planta de marihuana necesita 23 litros de agua al día, comparados con los 13 litros que requiere una vid para la producción del vino), priorizando el respeto y el desarrollo de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, con miras a alcanzar una justicia intergeneracional, social, cultural y ambiental, además de reivindicar sus derechos, cosmovisiones y formas de vida, junto con el hecho de disminuir flujos migratorios por expulsiones (forzosas) o por necesidad, al igual que pugnar por una reducción de la marginación y la exclusión en las que estas comunidades han sobrevivido a lo largo de la historia.
¡Una de tantas maneras de volver a esa planta legal, más verde y, de paso, seguir haciendo historia para beneficio de las y los mexicanos!