Desde una perspectiva crítica, Alan García Huitrón se plantea importantes cuestionamientos en torno a la Estrategia Nacional de Seguridad.
Como se sabe, la cuestión de la (in)seguridad ciudadana sigue estando entre los pendientes más importantes del gobierno mexicano, convertida hoy en complejos nudos criminales con ejercicios más o menos sistemáticos de diferentes tipos de violencia y delitos de alto impacto en varias regiones de nuestro país; un asunto, sin duda, de gran relevancia desde el cual se ponen en entredicho las bases y el decurso de cualquier comunidad sociopolítica, sus normas, sus instituciones y su gobernabilidad democrática.
Si bien con el cambio de régimen político en 2018, que supuso la puesta en marcha de un nuevo proyecto de nación, se esperaba un cambio estructural en los pilares de la estrategia nacional de seguridad, hasta el día de hoy la realidad ha demostrado —salvo algunos avances en la materia— la persistencia y, en algunos casos, el agravamiento de esas violencias criminales.
Consciente de la problemática y de la necesidad de contar con una política de Estado en su contra, el 8 octubre de 2024 —a una semana de haber tomado posesión— el gobierno de la presidenta constitucional Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) encabezada por Omar García Harfuch presentó la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual se basa en cuatro ejes (atención a las causas estructurales, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación y coordinación en el gabinete de seguridad), tres objetivos (disminuir homicidios dolosos y delitos de alto impacto, neutralizar a los generadores de violencia y a las redes criminales y fortalecer la capacidad de prevención y proximidad social de las policías locales y mejorar el diálogo con sectores de la sociedad), así como varias líneas de acción y aspectos a considerar (consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia; crear la Academia Nacional de Seguridad; instaurar un nuevo sistema de evaluación de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios; implementar un nuevo modelo de atención integrar a los delitos de alto impacto; generar diagnósticos regionales del fenómeno de la violencia; ejecutar programas de prevención focalizada e inteligente; desplegar las unidades especiales de inteligencia, investigación, judicialización y detención estratégica en municipios prioritarios, entre otras).
¿Qué esperar de esta nueva estrategia? ¿Habrá, en efecto, un cambio de horizonte hacia esos procesos de pacificación tan anhelados o, por el contrario, el país seguirá sumiéndose más en esta crisis de inseguridad y violencias? A continuación se apuntan cinco críticas principales a la estrategia presentada, que bien podrían enriquecer las acciones a realizar en el corto y mediano plazos:
1 La estrategia anunciada únicamente partió de la tasa de homicidios dolosos por entidad federativa, pero desconoce:
• Uno, el gran problema de subregistros que actualmente tiene este delito.
• Dos, que existen otros indicadores igual de importantes como la percepción de inseguridad, otros delitos (extorsión, secuestro, corrupción, feminicidio, robo de vehículos con violencia), entre otros, que podrían enriquecer este punto.
• Tres, que la ausencia de una cantidad media o alta de homicidios dolosos no implica necesariamente la ausencia de una gobernanza criminal, históricamente existente —cabe decir— en varios de nuestros estados.
De esta manera, la estrategia no comienza con un diagnóstico que tome en cuenta, más que un indicador, un índice de violencias compuesto por diversas prácticas más acorde con las complejas realidades criminales que se viven en México.
2. El título “Estrategia de Seguridad” ignora:
• Uno, que la seguridad no es un valor aislado, sino relacional, que implica cuestionarse: ¿seguridad para quién? y ¿seguridad respecto de qué?
• Dos, que existen, por ende, diversos modelos de seguridad en cuanto al objetivo, el contenido y las dimensiones; así, hay seguridad nacional, seguridad privada, seguridad pública, seguridad interior, seguridad ciudadana y/o seguridad humana.
• Tres. Que el derecho a la seguridad a secas y sin adjetivos, históricamente ha terminado por generar estrategias de exclusión y políticas tecnocráticas, centralistas y autoritarias-populacheristas con pocos o nulos logros significativos para la pacificación y sí, por el contrario, con múltiples consecuencias negativas para el Estado democrático de derecho y los derechos humanos de las personas de mayor vulnerabilidad.
De esta forma, no se observa ningún anclaje teórico y, por lo tanto, político de la estrategia, convirtiéndola en una mera técnica reactiva, sin visión ni misión.
3. La atención a las causas estructurales por medio de la política social de atención a grupos en situación de vulnerabilidad desatiende:
• Uno, que la política social no puede igualarse a una política de seguridad preventiva.
• Dos, que si bien atender los contextos de desigualdad y marginalidad es clave en una estrategia integral de seguridad, es fundamental no tener una visión lineal, monocausal y macro que lleve a la criminalización y a la victimización de aquellas poblaciones,
Así, confundida con programas sociales, la gran ausente es la prevención de las violencias y la delincuencia, como ha sucedido en otros países que han obtenido resultados positivos en sus estrategias de seguridad ciudadana y humana.
4. La consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo civil-militar, adscrito ahora a la Secretaría de la Defensa Nacional, niega:
• Uno, que tanto el patrullaje militar como el descabezamiento de las organizaciones criminales son acciones contraproducentes que aumentan las violencias.
• Dos, que la Guardia Nacional ha obtenido pocos resultados operativos (cada efectivo de esta corporación registró en el sexenio pasado apenas 0.071 personas detenidas anualmente, lo que contrasta con las 1.6 personas detenidas anualmente por miembros de la Policía Estatal Preventiva) y sí bastantes quejas ante derechos humanos y recomendaciones (si sumamos los años que lleva trabajando la Guardia Nacional, de 2020 a 2022, ha acumulado 1,431 quejas, contra 1,223 del Ejército).
De esta manera, esta estrategia profundiza el modelo neoliberal de la militarización, vulnerando derechos, aumentando la violencia entre las propias organizaciones y la corrupción y comprometiendo aún más las condiciones de gobernabilidad civil.
5. Finalmente, el fortalecimiento de la investigación y la inteligencia a través de la creación de instituciones y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional no toman en cuenta:
• Uno, que con la destrucción del imperfecto pero único modelo de Policía Federal durante 2018-2019, no se cuenta con bases de datos de calidad, confiables, con variables adicionales, desagregadas y homologadas en todo el país.
• Dos, la crisis institucional local de seguridad, donde hay poco personal, salarios inferiores, pocas prestaciones laborales, baja escolaridad, e inexistente o deficiente infraestructura (32 de las secretarías de seguridad estatales tienen menos de la mitad del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, y cuatro de las 32 secretarias concentran 50 por ciento del presupuesto total asignado a nivel nacional, mientras que en corporaciones municipales el aumento de su presupuesto entre 2016 y 2022 sólo fue de 4,000 millones de pesos, al pasar de 77,000 millones a 81,000 millones de pesos).
• Tres, una concepción compleja y crítica de la delincuencia organizada y las deficiencias institucionales que permitiría concebir a ambas como parte de las redes de macrocriminalidad.
De este modo, la estrategia termina por sobrerrecargarse en la inteligencia policial como estrategia reactiva, mediática y reducida ante un problema de dimensiones estructurales, de carácter político, económico y social.
A 100 días del inicio del nuevo gobierno se han difundido supuestos logros de la estrategia en términos de detenciones (más de 7,000 personas), incautaciones de drogas (665,000 kilogramos de droga y 561,000 pastillas de fentanilo) y decomisos de armas (3,000 armas).
En términos de incidencia delictiva, entre septiembre (último mes del gobierno anterior) y noviembre (último mes disponible sobre incidencia delictiva en el Secretariado) hubo una disminución de 4,000 carpetas de investigación, al pasar de 170,000 a 166,000 a nivel nacional. En mismo periodo, las carpetas de 19 delitos bajaron (por ejemplo, homicidio doloso, lesiones, feminicidio, rapto, abuso sexual, hostigamiento sexual, violación, abuso de confianza, despojo, violencia familiar, corrupción de menores, trata de personas, narcomenudeo, amenazas, allanamiento de morada, evasión de presos, falsificación, delitos contra el medio ambiente y delitos electorales) y de 14 delitos subieron (entre ellos, homicidio culposo, aborto, secuestro, tráfico de menores, acoso sexual, incesto, robos, fraude, extorsión, daño a la propiedad, violencia de género, incumplimiento de obligaciones, falsedad y delitos cometidos por servidores públicos). Respecto del homicidio doloso, los datos muestran que 15 estados experimentaron una disminución de sus carpetas (Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Veracruz), 10 un aumento (Campeche, Colima, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas), 10 subieron (Campeche, Colima, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas) y en siete prácticamente se mantuvieron igual (Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Querétaro Y Tlaxcala).
¿Estamos ante una estrategia diferente a la seguida durante los últimos 25 años? ¿Son estos datos difundidos, suficientes y auténticos para dar un voto de confianza a la estrategia? ¿Es suficiente el tiempo de evaluación como para confiar en la funcionalidad de dicho plan? ¿Qué se podrá mejorar y/o modificar? ¿Existirá en este gobierno la apertura para redireccionar sus acciones?
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