En este texto, Emilio Vargas Chávez se acerca al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, del Instituto Nacional de Desarrollo Social, para destacar la importancia de la coordinación entre el Estado y la sociedad civil en el combate a la violencia de género.
No es una novedad para nadie que actualmente México está atravesando por uno de los periodos más complicados en cuanto al fenómeno de la violencia que sufren las mujeres por razones de género, siendo este un problema que, aunque reconocido por el Estado, ha sido minimizado y su atención presenta deficiencias y carece de resultados palpables.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1 que tomó como base la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que se especializa en conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres de diversos tipos, aplicada entre octubre de 2020 y octubre de 2021, los datos resultantes señalan que a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 por ciento han experimentado al menos un incidente de violencia en alguna de sus vertientes, esto es —como señala la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención De Belem Do Para—, cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Estos datos son alarmantes y aunque no constituyen nada novedoso sí son el reflejo de la escasa efectividad de las acciones gubernamentales, de las políticas públicas y de las leyes creadas para prevenir, erradicar y castigar la violencia contra las mujeres.
A nivel internacional y nacional existen esfuerzos normativos de gran relevancia que, preocupados por la violencia contra las mujeres, por constituir una ofensa a la dignidad humana, y aceptando que existe una realidad social y cultural generalizada de desigualdad entre hombres y mujeres, han reconocido jurídicamente que la violencia es un factor que impide el libre ejercicio de los derechos de las mujeres y, por lo tanto, hacen el reconocimiento expreso de los derechos de éstas y establecen las obligaciones de los Estados de garantizar el goce, el ejercicio y la protección de los derechos de las mujeres.
La atención en esta materia representa retos importantes, toda vez que es difícil cuestionar y modificar los códigos culturales y las conductas asociados al género, ya que pueden estar arraigados como parte de la identidad de la población. No obstante lo anterior, justo por esta razón la intervención del Estado se considera necesaria y prioritaria y amerita una política integral (holística) de carácter transversal (gender mainstreaming)2 con acciones y políticas públicas concretas que contribuyan a la atención del problema y tengan un enfoque encaminado al pleno desarrollo de los derechos de las mujeres.
En este sentido, como parte de un enfoque de derechos en las políticas públicas y en las estrategias de desarrollo se han implementado distintos programas que forman parte de esta política pública transversal para la atención del problema de la violencia contra las mujeres. En particular, nos referimos al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social, por ser un ejemplo de trabajo coordinado entre la sociedad civil y el Estado.
Este programa inició su operación en 2020 y su objetivo fundamental es brindar protección y atención integral y especializada —mediante el apoyo a refugios especializados y a centros externos de atención— a mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos y sus hijas.
Al efecto, quienes han asumido un papel fundamental en las acciones para solucionar uno de los aspectos en la violencia de género —esto es, la atención de las víctimas de este fenómeno— son las organizaciones de la sociedad civil que, mediante la creación de refugios, buscan dar una atención integral para que las mujeres que sufren violencia de género tengan un lugar donde resguardase, ellas y sus hijos, brindándoles, además, no sólo seguridad física sino también psicológica.
Sin embargo, su participación en la creación de refugios y centros de atención, aunque valiosa, presenta varios problemas fácticos para su mantenimiento y su operación, por lo cual se requiere una intervención por parte del Estado para contribuir y apoyar a los refugios que tienen este fin.
Cabe mencionar que este programa se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en lo referente al apartado de Política y Gobierno, así como al Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, en lo concerniente al objetivo 5 que busca contribuir a una cultura para la paz con el propósito de incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios.
El problema público en el que se busca incidir con este programa es la carencia de protección y atención especializada para las mujeres que viven en situaciones de violencia, con sus hijas y sus hijos, y que requieren un lugar seguro para salvaguardar su vida.
De acuerdo con los datos de la asociación civil Imind Strategic Consulting, encargada de la evaluación como instancia evaluadora (IE) del programa en 2021, cuya coordinación estuvo a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, ese programa abarca actualmente 72 refugios que se encuentran distribuidos por todo el territorio nacional.3
Los refugios especializados y los centros de Atención surgieron como una iniciativa de la sociedad civil y del movimiento feminista en su búsqueda de colocar en la agenda pública el problema de la violencia de género como un fenómeno que impedía el libre ejercicio y el desarrollo efectivo de los derechos de las mujeres. Este compromiso en México fue positivizado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que, como parte de los compromisos del Estado, se encuentra el objetivo sw favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios.
En este sentido, los refugios de la sociedad civil pueden solicitar su inclusión en este programa mediante el Sistema Informático de Refugios, acreditando su existencia, sus necesidades y su demanda de apoyo.
Ahora bien, de acuerdo con las conclusiones de la ie de este programa, si bien se apega a fines reconocidos no sólo a nivel nacional sino también internacional, esta política pública presenta algunas debilidades y amenazas.
Uno de sus principales problemas es que los refugios beneficiarios de este programa no continúan con el trabajo especializado que se requiere las 24 horas. Esto es indispensable tomando en cuenta que puede estar en riesgo la vida o la integridad física de las personas que se presentan a solicitar ayuda a estos refugios.
Otro problema que identificó el IE y que puede generar la desaparición de estos refugios es que no hay referente nacional de información sobre ellos, por lo que esta política pública es poco conocida, lo cual tiene como consecuencia la falta de presupuesto, así como la dificultad para que las víctimas de violencia puedan identificar de forma rápida y sencilla esos refugios.
Pese a esas debilidades, los refugios representan un factor positivo en la atención de un problema que es parte de la agenda pública y que por lo tanto requiere ser atendido mediante la participación de la sociedad civil con el apoyo del Estado.
La participación conjunta entre el sector público y el sector privado en un esquema de nueva gobernanza con perspectiva de derechos humanos es completamente necesario para hacer frente a los grandes retos que representa el tema de la violencia de género. Y aunque los programas pueden tener ciertas deficiencias, lo relevante es que de manera conjunta se vaya trabajando en la solución del problema.
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Notas:- Véase https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/#General. Consultado el 5 de mayo de 2023.[↩]
- Martha Lamas (s. f.), “El enfoque de género en las políticas públicas”, mimeo, México.[↩]
- Instituto Nacional de Desarrollo Social e Imind Strategic Consulting (2022), “Informe final. Evaluación en materia de diseño del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos”, pp. 1-63.[↩]
